CLARIDAD

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Un  departamento  dirigido por personas ajenas a la profesión de trabajo social, problemas sociales agudizados por la complejidad de la sociedad actual, bajos salarios, falta de recursos y la falta de una política pública de bienestar social a largo plazo son las circunstancias que rodean al llamado Departamento de la Familia. A finales de diciembre, la secretaria del DF, Carmen Ana González Magaz,  renunció a su posición y hasta el presente la dirección es ocupada de manera interina por Ciení Rodríguez. Ninguna de las dos es graduada en Trabajo Social (TS).

El presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTS), Larry Emill Alicea Rodríguez, ha señalado que es bien difícil que el DF pueda funcionar con una secretaria o secretario interino debido a que se le impide establecer política pública a largo plazo.  “Parte de los problemas que tiene el DF, precisamente, es eso. Le hace falta unos cambios estructurales que van a ser medidas a largo plazo. Y sin una persona en propiedad, es muy difícil lograrlo porque por lo regular esa  persona a lo que está es a la expectativa de que venga otra persona. Es muy poco lo que se puede lograr de un interinato”.

Alicea Rodríguez subraya que además de una dirección  en propiedad, el  CPTS entiende que tanto el DF y sus divisiones, como la de la Administración de Familias y Niños, deben estar dirigidas por trabajadores sociales, por ser agencias de prestaciones de servicios sociales.  “Es como si el Departamento de Salud estuviese dirigido por un abogado o sociólogo. Se espera que sea un médico, se espera que Justicia sea dirigida por un abogado. Pues se esperaría que el DF, que presta servicios sociales, sea dirigido por uno o una o trabajadora social”.

Recordó que tanto la reciente secretaria como algunos de los nombramientos de la entonces gobernadora Wanda Vázquez, luego de haber destituido  Glorimar Andújar, que tampoco era TS, todos han sido abogados.  “En este país hay una tendencia a pensar que los abogados pueden atender todo y muchos de estos departamentos tienen unas áreas especializadas que requieren una persona especializada para poder hacer el discernimiento del servicio”.

El presidente del CPTS reconoció que los profesionales de TS han ido disminuyendo en los últimos años, producto de la precariedad de las condiciones de trabajo, aparte de que hay un éxodo hacia Estados Unidos  por  las mejores condiciones de trabajo que s les ofrecen. Añadió que “los problemas sociales hoy son más fuertes que hace unas décadas porque la complejidad de la sociedad ha ido evolucionado y cada día los problemas son más complejos, más multidimensionales y se complican con otro tipo de desarrollo económico, la tecnología, aparte de la precariedad económica que vive el país”.

A la pregunta de si consideraba que los protocolos del DF para el manejo de casos están atemperados a los tiempos, dijo que el problema no es tanto los protocolos, sino las condiciones laborales. Describió que los trabajadores sociales tienen protocolos, pero con una sobrecarga de casos, por lo que es difícil cumplir con ellos. Por ejemplo, según el protocolo, una investigación de una querella de maltrato no debe durar más de 72 horas sin ser investigados; pero se sabe  que hay casos desde el 2016 que no se han podido investigar.

Alicea Rodríguez señaló que la raíz del problema, no importa quién esté en el DF, es que las condiciones laborales no se transforman y no hay un mejoramiento en las condiciones salariales. Hizo la aclaración de que salario no es lo mismo que condiciones laborales; el problema es la carga de trabajo del TS,  la falta de personal de apoyo y de facilidades para poder trabajar. Incluso denunció que  hay muchas oficinas del DF que están en condiciones precarias.

Reveló que en un momento dado el DF tenía cerca de 2,000 TS y que ahora no llegan 1,000.  Eso se  complica con la falta  de personal de apoyo que fue despedido con la Ley 7 de Fortuño. Se despidieron choferes,  asistentes de familia, supervisores, especialistas y secretarias,  trabajadores que apoyaban el trabajo de los profesionales y que ahora mismo no existen en el DF.  Toda esa carga ha ido recayendo en los trabajadores sociales, que cada día son menos.

“Ahí tienes un problema: dificultad para trabajar, porque nadie quiere trabajar en esas condiciones, y dificultad para retener”. Describió que un TS puede tener  hasta 40 casos, o 15 casos por turno, para investigar. Se supone que luego que los casos se investigan, y si se fundamenta que hay maltrato, se envían a la oficina  local para el seguimiento. Aquí el TS puede tener de 35 a 40 casos.  Alicea Rodríguez reconoció que quien  investiga un caso lo puede hacer de manera inadecuada porque en un turno no se pueden investigar bien 15 casos. La respuesta a esto es que se pone en riesgo la seguridad de la niñez y la juventud e incluso la del mismo TS, que en muchas ocasiones va solo en su propio vehículo, a ver qué se encuentra, a lugares con problemas de seguridad.

Al presente, el sueldo básico de un TS con bachillerato que investiga es de $1,300. El sueldo  fluctúa entre $1,500 a $1,700, según los años de servicios.

En entrevista por separado, la directora de Monitoreo y Cumplimiento de los Programas de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, Emibell Chong Trinidad, calificó la falta de un profesional del trabajo social en la dirección del DF como un asunto ya casi histórico. Consiste en la práctica de invisibilizar la importancia del TS ante un departamento tan importante.  “Una  persona que su preparación académica es abogada, su pensamiento va ir dirigido a lo punitivo, no necesariamente a la prevención. No tiene la experiencia, bagaje y peritaje para desarrollar un plan estratégico para trabajar con familias”.

Su apreciación es que cuando hay un TS dirigiendo el Departamento, se ven cambios, se ven proyectos nuevos para las familias dirigidos a la prevención, contrario a cuando los profesionales no tienen la preparación académica en Trabajo Social.

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Los recientes casos que han atraído la atención pública, en los que el Departamento de la Familia les ha arrebatado la custodia de menores a sus padres, dejan en  evidencia  un  departamento con  una política pública tergiversada en cuanto a cómo se deben atender casos en los que se sospecha que existe algún tipo de maltrato hacia un menor. A eso se une la falta de recursos y una dirección por personas ajenas a la profesión.

Los casos en cuestión son el de la joven Lisha Ramón Mejías, de Cayey, a la que el DF le removió a su hija de dos años por una alegada orden de protección en su contra, y el de otra pareja de jóvenes, a los que se le removió a su hija de cuatro meses por alegado maltrato. Aun cuando se confirmó por documentos médicos del Hospital Auxilio Mutuo que la menor tiene una condición genética y que no ha habido maltrato, la menor no le ha sido devuelta a sus padres.  Esta fue removida en noviembre y, al momento de este artículo, los padres solo han podido ver a su hija en cuatro ocasiones.

Para la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud (RDNJ), el Departamento de la Familia (DF) no tiene un plan estratégico para la prevención del maltrato y actúa al revés en los casos en que se presume existe un patrón de maltrato contra un o una menor. En entrevista, la trabajadora social, Emibell Chong Trinidad, directora de Monitoreo y Cumplimiento de los programas de la Red,  indicó que desde el 2008 la organización  ha impulsado una transformación del sistema infantil del DF. “Sabemos que la Ley 246, que es la ley de protección del bienestar de menores, establece que a la mínima sospecha cualquier persona, no solo el DF, puede asumir una custodia de emergencia de un menor al sospechar o al presenciar violencia”. Aunque se supone que primero se investigue, se sabe que en la mayoría de los casos, el DF acude al tribunal  por una orden remoción y luego investiga.

“Vemos realmente que el sistema, y lo hemos dicho anteriormente, tiene que accionar no tan solo un salario digno para los TS, sino a un reclutamiento exhaustivo y adiestrar a los que tienen. En muchas ocasiones hemos visto a TS recién graduados, que respetamos, pero que hay que adiestrarlos. Esto no se trata de un objeto, sino de que vamos a remover, retirar a un niño de su entorno familiar, que muchas veces se ha visto que son entornos seguros, y aun así se pide al tribunal la remoción”.

Reclamó que a lo que el DF se debe encaminar es a la prevención, para llegar a tiempo a la vida de las familias y no a ser punitivos. La Red ha tenido conocimiento de estas situaciones a través de su  línea de apoyo familiar y otra de apoyo a jóvenes sin hogar, en las cuales reciben referidos de diferentes organizaciones privadas  sin fines de lucro y de personas que llegan de manera voluntaria buscando ayuda o buscando algún tipo de orientación o asesoría.

La trabajadora social destacó la experiencia que ha tenido la Red con los servicios enfocados en la prevención. “Ahora mismo tenemos el centro alternativo en Juncos, que  brinda servicios paterno filiales con las familias. Ahora mismo, en la comunidad donde estamos, llevamos dos años en los cuales no se ha recibido referidos de parte de la comunidad, cuando anteriormente sí los había”. El centro tiene un equipo interdisciplinario: trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, abogados, clases en las tardes.

“Lo que realmente decimos es que las familias lo que necesitan es apoyo, acompañamiento.  Ahí nosotros apoyamos a las familias con grupos socioeducativos donde se trabaja el manejo de las emociones, la inteligencia emocional. A partir de nuestra experiencia en el servicio directo en cuanto a la prevención, hemos logrado trabajar un ecosistema de servicios integrados de prevención basado en la comunidad”.

Para la directora de monitoreo de los programas de la RDNJ, se está viendo que, con la práctica del DF de recibir el referido y remover al menor para luego investigar, los resultados han sido adversos porque lo que desarrolla son traumas en los menores y en las familias. Comentó que hay cientos de estudios que lo establecen.

La familia primero

Desde antes del 2017, la Red trabaja impulsando que se apruebe el proyecto de la Cámara de Representantes PC 537, para implementar lo que en inglés se conoce como ‘Family First’. “Realmente, nosotros creemos que el primer paso para comenzar a  transformar el sistema y hacer justicia a la niñez y a las familias es la prevención”.

El proyecto se encuentra  detenido en la Cámara por las facciones fundamentalistas, que objetan alusiones a la perspectiva de género. La miembro de la Red dijo saber de esta oposición, pero que no obstante estaban  llegando a acuerdos para que todas las partes se sientan cómodas en aprobar la medida  y que se pueda transformar la ley, que lo que plantea es el respeto a las decisiones a los niños y las niñas, el respeto a la equidad y que se enseñe sobre la equidad. Agregó que esta fue presentada por organizaciones sin fines de lucro y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS).

La medida parte de la práctica comprobada de que el DF, más allá de remover a un menor, no ofrece  ningún tipo de servicios a las familias. Chong Trinidad confirmó que ahora mismo la Red de Albergues, que tiene 74 albergues activos para niños y niñas,  ya está transformando sus servicios a lo que es el ‘Family First’, que es convertirse en centros  terapéuticos para las familias, donde más allá de separar al menor, se le brinda apoyo y acompañamiento a las familias, que es lo que tiene que hacer el DF.

“El DF tiene la responsabilidad de asegurar el diseño y la implementación de esta fase educativa enfocada en la prevención, acompañada de una evaluación de resultados, que es lo que quiere el ‘Family First’. Que más allá de brindar un servicio de remoción, brinde un servicio terapéutico enfocado en trauma. Así  que los profesionales se deben estar capacitando para presentar evidencia basado en trauma, para que  mas allá de dar un servicio se evalué y presente resultados; que se acompañe a la familia. Eso no se está viendo”.

Larry Emill Alicea Rodríguez, presidente del CPTS, confirmó su respaldo al PC 537.  Esta entidad considera que muchos de los casos en que hoy en día hay remociones de menores podrían evitarse con esta nueva ley.

A nombre de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Chong Trinidad hizo hincapié en la necesidad de  desarrollar un plan estratégico diseñado para la prevención, con base en la comunidad. Pero, sobre todo, “que se trabaje desde el amor y la alegría. Cuando se trabaja desde el amor y la alegría no tenemos acciones como las que se están viendo en la prensa”.