Los servicios que dispensa el Departamento de la Familia de Puerto Rico (DFPR) parecen estar en crisis permanentemente. No es permisible que una agencia esencial, que cuenta con un presupuesto consolidado de más de $3 mil millones, y que tiene la obligación de atender a las dos poblaciones de mayor vulnerabilidad en el país- los niños y niñas, y los adultos mayores- carezca de un liderazgo profesional con la preparación, la motivación y la visión que le permita descargar efectivamente su encomienda institucional.
Igualmente impermisible es que, a la altura de la tercera década del siglo 21, y luego de haber obtenido nuestro pueblo logros significativos en sus estándares y calidad de vida familiar y social, haya habido un retroceso tan marcado en años recientes y tengamos en Puerto Rico hoy una cantidad tan grande de menores desprotegidos y un número cada vez mayor de familias que viven bajo los estándares de pobreza, con carencia de programas de prevención y servicios efectivos, y en riesgo de disfuncionalidades de todo tipo.
En el DFPR, la crisis fiscal y de liderazgo que padece todo el gobierno de Puerto Rico crece vertiginosamente hacia el interior de la agencia. Esto, en la misma medida en que se han multiplicado los problemas familiares y sociales durante la última década, y particularmente durante los últimos cinco años, tras la aprobación de la Ley Promesa, la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y los recortes de presupuestos y otras medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF).
El Departamento de la Familia padece el mismo mal que aqueja a otras dependencias neurálgicas del Gobierno de Puerto Rico, como los departamentos de Educación y de Salud. Son estas las dependencias que prestan los servicios esenciales a la mayoría de la población, los cuales se han visto afectados y recortados como resultado de la crisis fiscal y del desbarajuste que el bipartidismo colonial y la corrupción han ocasionado hacia el interior de toda la estructura gubernamental.
El trabajo social, profesional y eficientemente ejecutado es la principal herramienta del DFPR para la efectividad de sus programas de prevención, adaptación y rehabilitación social. Por lo tanto, el núcleo central de su fuerza de trabajo son las y los trabajadores sociales, a distintos niveles de preparación y especialización.
Sin embargo, los principales directivos de la agencia durante los últimos tiempos, aquellos o aquellas que toman las decisiones para implantar las políticas públicas, no provienen de las filas profesionales del trabajo social, lo que ha afectado la perspectiva y acercamientos a la problemática familiar y social que la agencia atiende, y al énfasis y las prioridades en los servicios que presta. Mientras los expertos recomiendan que el DFPR tenga al menos 2,000 plazas activas de trabajadores sociales, el año pasado la agencia contaba con solo 879 de estos profesionales para atender no sólo los casos de los niños y niñas, sino también los de adultos mayores en toda Isla.
Con salarios base que fluctúan entre $1,300 y $1,700 mensuales, y más de 10,000 querellas de maltrato de menores pendientes de investigación, no en balde el DFPR no ha podido llenar las 150 plazas vacantes que hay en la agencia hoy, para alcanzar un total de 1,000 trabajadores sociales, la mitad de los que se necesitan. A la JCF ni a la cúpula de los políticos del patio parece importarle. Tan reciente como en octubre de 2022, el DFPR solicitó a la JCF una asignación de $6 millones para contratar trabajadores sociales. El ente fiscal solo le aprobó $2.5 millones, un poco más de una tercera parte de lo requerido.
Puerto Rico hoy es una sociedad sumida en una crisis económica y social profunda, cuyas consecuencias se sienten principalmente entre los sectores trabajadores y los más vulnerables de la población: niños, niñas y adultos mayores. La crisis de la deuda y la quiebra del Gobierno ha significado un duro golpe a la estructura gubernamental, precarizando aún más los servicios que la población recibe, y abriendo una brecha de desigualdad cada vez mayor en el acceso de los sectores empobrecidos a oportunidades de mejorar su vida.
