CLARIDAD
Los recientes casos que han atraído la atención pública, en los que el Departamento de la Familia les ha arrebatado la custodia de menores a sus padres, dejan en evidencia un departamento con una política pública tergiversada en cuanto a cómo se deben atender casos en los que se sospecha que existe algún tipo de maltrato hacia un menor. A eso se une la falta de recursos y una dirección por personas ajenas a la profesión.
Los casos en cuestión son el de la joven Lisha Ramón Mejías, de Cayey, a la que el DF le removió a su hija de dos años por una alegada orden de protección en su contra, y el de otra pareja de jóvenes, a los que se le removió a su hija de cuatro meses por alegado maltrato. Aun cuando se confirmó por documentos médicos del Hospital Auxilio Mutuo que la menor tiene una condición genética y que no ha habido maltrato, la menor no le ha sido devuelta a sus padres. Esta fue removida en noviembre y, al momento de este artículo, los padres solo han podido ver a su hija en cuatro ocasiones.
Para la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud (RDNJ), el Departamento de la Familia (DF) no tiene un plan estratégico para la prevención del maltrato y actúa al revés en los casos en que se presume existe un patrón de maltrato contra un o una menor. En entrevista, la trabajadora social, Emibell Chong Trinidad, directora de Monitoreo y Cumplimiento de los programas de la Red, indicó que desde el 2008 la organización ha impulsado una transformación del sistema infantil del DF. “Sabemos que la Ley 246, que es la ley de protección del bienestar de menores, establece que a la mínima sospecha cualquier persona, no solo el DF, puede asumir una custodia de emergencia de un menor al sospechar o al presenciar violencia”. Aunque se supone que primero se investigue, se sabe que en la mayoría de los casos, el DF acude al tribunal por una orden remoción y luego investiga.
“Vemos realmente que el sistema, y lo hemos dicho anteriormente, tiene que accionar no tan solo un salario digno para los TS, sino a un reclutamiento exhaustivo y adiestrar a los que tienen. En muchas ocasiones hemos visto a TS recién graduados, que respetamos, pero que hay que adiestrarlos. Esto no se trata de un objeto, sino de que vamos a remover, retirar a un niño de su entorno familiar, que muchas veces se ha visto que son entornos seguros, y aun así se pide al tribunal la remoción”.
Reclamó que a lo que el DF se debe encaminar es a la prevención, para llegar a tiempo a la vida de las familias y no a ser punitivos. La Red ha tenido conocimiento de estas situaciones a través de su línea de apoyo familiar y otra de apoyo a jóvenes sin hogar, en las cuales reciben referidos de diferentes organizaciones privadas sin fines de lucro y de personas que llegan de manera voluntaria buscando ayuda o buscando algún tipo de orientación o asesoría.
La trabajadora social destacó la experiencia que ha tenido la Red con los servicios enfocados en la prevención. “Ahora mismo tenemos el centro alternativo en Juncos, que brinda servicios paterno filiales con las familias. Ahora mismo, en la comunidad donde estamos, llevamos dos años en los cuales no se ha recibido referidos de parte de la comunidad, cuando anteriormente sí los había”. El centro tiene un equipo interdisciplinario: trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, abogados, clases en las tardes.
“Lo que realmente decimos es que las familias lo que necesitan es apoyo, acompañamiento. Ahí nosotros apoyamos a las familias con grupos socioeducativos donde se trabaja el manejo de las emociones, la inteligencia emocional. A partir de nuestra experiencia en el servicio directo en cuanto a la prevención, hemos logrado trabajar un ecosistema de servicios integrados de prevención basado en la comunidad”.
Para la directora de monitoreo de los programas de la RDNJ, se está viendo que, con la práctica del DF de recibir el referido y remover al menor para luego investigar, los resultados han sido adversos porque lo que desarrolla son traumas en los menores y en las familias. Comentó que hay cientos de estudios que lo establecen.
La familia primero
Desde antes del 2017, la Red trabaja impulsando que se apruebe el proyecto de la Cámara de Representantes PC 537, para implementar lo que en inglés se conoce como ‘Family First’. “Realmente, nosotros creemos que el primer paso para comenzar a transformar el sistema y hacer justicia a la niñez y a las familias es la prevención”.
El proyecto se encuentra detenido en la Cámara por las facciones fundamentalistas, que objetan alusiones a la perspectiva de género. La miembro de la Red dijo saber de esta oposición, pero que no obstante estaban llegando a acuerdos para que todas las partes se sientan cómodas en aprobar la medida y que se pueda transformar la ley, que lo que plantea es el respeto a las decisiones a los niños y las niñas, el respeto a la equidad y que se enseñe sobre la equidad. Agregó que esta fue presentada por organizaciones sin fines de lucro y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS).
La medida parte de la práctica comprobada de que el DF, más allá de remover a un menor, no ofrece ningún tipo de servicios a las familias. Chong Trinidad confirmó que ahora mismo la Red de Albergues, que tiene 74 albergues activos para niños y niñas, ya está transformando sus servicios a lo que es el ‘Family First’, que es convertirse en centros terapéuticos para las familias, donde más allá de separar al menor, se le brinda apoyo y acompañamiento a las familias, que es lo que tiene que hacer el DF.
“El DF tiene la responsabilidad de asegurar el diseño y la implementación de esta fase educativa enfocada en la prevención, acompañada de una evaluación de resultados, que es lo que quiere el ‘Family First’. Que más allá de brindar un servicio de remoción, brinde un servicio terapéutico enfocado en trauma. Así que los profesionales se deben estar capacitando para presentar evidencia basado en trauma, para que mas allá de dar un servicio se evalué y presente resultados; que se acompañe a la familia. Eso no se está viendo”.
Larry Emill Alicea Rodríguez, presidente del CPTS, confirmó su respaldo al PC 537. Esta entidad considera que muchos de los casos en que hoy en día hay remociones de menores podrían evitarse con esta nueva ley.
A nombre de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Chong Trinidad hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un plan estratégico diseñado para la prevención, con base en la comunidad. Pero, sobre todo, “que se trabaje desde el amor y la alegría. Cuando se trabaja desde el amor y la alegría no tenemos acciones como las que se están viendo en la prensa”.
