Especial para CLARIDAD

 El alba del 1 de enero de 2023 se vio empañada por el primer feminicidio del año que acababa de comenzar. Que ocurriera en una urbanización de la llamada clase media alta, confirmó que la violencia machista cruza todas las fronteras de raza, religión, ingresos, ideologías políticas, particularidades físicas y condición social, entre otras diferencias.  Este caso y el acontecido en las festividades de Reyes en un barrio de Yabucoa, sumado al aberrante asesinato de una joven puertorriqueña por su pareja en República Dominicana y su divulgación en los medios de comunicación, parecen haber motivado el cambio de  opinión del gobernador para llenar la vacante en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), puesto que quedó vacante hace varios meses, tras la renuncia de la Lcda. Lersy Boria Vizcarrondo.  Poca tristeza causó la salida de Boria y su entrada al Departamento de Estado, tomando en cuenta el pobre liderato y la pésima ejecutoria que demostró durante su incumbencia.

Hace pocos días el Lcdo. Pedro Pierluisi le manifestó a la prensa que no enviaría más nombramientos al Senado hasta tanto dejaran de entorpecer sus designaciones.  Sabido es que no son pocas las ocasiones en que la rama ejecutiva y la legislativa convierten los puestos públicos en balones políticos y en recompensas partidistas, sin recato alguno.  Sin embargo, mirar para el lado y mantener desocupado el puesto de la Procuradora, cuando terminó un año y comenzó el otro de forma tan violenta para las mujeres, sin la intervención del Comité para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), que cesó en sus funciones desde agosto de 2022, no era lo más conveniente desde la perspectiva electorera.  Afortunadamente, la designación de Vilmarie Rivera Sierra durante el receso legislativo, lo cual permite que inicie sus funciones de inmediato mientras se inicia el proceso de consejo y consentimiento del Senado, cumple con los criterios que establece la Ley 20 del 2001, que crea la OPM.

Rivera Sierra es la actual directora del albergue para sobrevivientes de violencia de género, Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, que ofrece servicios en la región central.  También preside la Red de Albergues que agrupa la mayoría de las casas de acogida en Puerto Rico y fue una de las representantes de organizaciones no gubernamentales de mujeres que integraron PARE.  La organización que dirige es parte de la Coordinadora Paz para la Mujer, que es la coalición contra la violencia doméstica y la agresión sexual en nuestro país. Por su experiencia, preparación y trayectoria durante muchos años, cumple con los criterios de ley que recoge el artículo 4 de la legislación, a saber: “capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido en su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las formas de opresión y marginación, por su respeto a la diversidad y que sea consciente de la necesidad de un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género….”

Con posterioridad a que quedara vacante la dirección de la OPM un grupo considerable de Ongs de mujeres cursaron una carta al gobernador en la que, a tenor con el mismo artículo 4 que también dispone que éste podrá consultar a las organizaciones o recibir recomendaciones de éstas sobre el nombramiento de la Procuradora, sugirieron los nombres de la designada y el de la Dra. Ilia Vázquez Gascot para ocupar la vacante.  Ambas reúnen los criterios que establece la legislación.  La Sra. Vilmarie Rivera Sierra tiene que recorrer el espinoso camino de la confirmación en el Senado.  La Lcda. Joan Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad y el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, ya han comenzado la insidia y a dispersar veneno.  No estoy al tanto, ni me interesa saber cuál es la ideología política o la afiliación partidista de la procuradora designada. Sí conozco de su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, lo cual no se limita al tema relacionado con la violencia de género que, por supuesto, es sumamente importante, si no que se extiende a la independencia y desarrollo económico, a la equidad laboral, a que tengan acceso a la salud integral, a la educación, a la justicia.  Ella debe ser evaluada en los méritos y no desde el prejuicio.

Los retos que enfrenta la Procuradora designada son muchos, especialmente porque el propósito de la entidad que tendrá a cargo ha sido desvirtuado durante muchos años por personas sin compromiso con la equidad de género y que buscaban escalar otros peldaños políticos.  Solo basta con recordar, en mala hora, a Wanda Vázquez Garced.  Es necesario que ponga en vigor el rol fiscalizador de la OPM, porque no es su responsabilidad proveer servicios.  No debe tener ataduras políticas con ninguna rama de gobierno, aun cuando la haya nombrado el gobernador y sea confirmada por el Senado. Se requiere que apoye a las organizaciones en sus demandas de más fondos y procesos razonables y menos burocráticos para recibirlos.  Sin mayores dilaciones la Procuradora tiene que visibilizar las múltiples necesidades de las mujeres y promover acciones para atenderlas.  Urge, además, que gestione campañas publicitarias para la prevención del discrimen que, a su vez, fomenta desigualdades y la violencia. Es indispensable que requiera al gobernador que nombre a las siete personas que integran el Consejo Consultivo, de las cuales cinco deben ser mujeres.  Este cuerpo le da orientación a la OPM sobre el trabajo que debe realizar y las políticas públicas para garantizar la equidad de género.  Son muchos los años en que el Consejo ha estado inoperante en perjuicio de la población que debe servir.  De igual forma la Procuradora debe ejercer sus buenos oficios para asegurarse de que la Junta de los Programas de Desvío sea nombrada y cumpla con su deberes ministeriales.

La designada Procuradora tiene los méritos para ser confirmada, pero las organizaciones que la endosaron junto a la Dra. Vázquez Gascot, no le están otorgando un cheque en blanco. Serán su quehacer, la comunicación que mantenga con todas las organizaciones de mujeres y sectores aliados, la transparencia y la rendición de cuentas, los factores que determinen su validación como Procuradora de las Mujeres.  Tengo la esperanza de que así sea.

Especial para CLARIDAD

La clase obrera organizada en Puerto Rico enfrentará importantes retos en este año 2023. Debemos reconocer que el movimiento sindical ha perdido el protagonismo y capacidad de movilización que tuvo en el siglo pasado. No obstante, la clase obrera y el trabajo son factores indispensables en la realización del proceso económico. La explotación del ser humano en su taller humano continúa. El ser humano sigue siendo objeto social y político en nuestra sociedad. De ahí que la organización de los trabajadores en sus talleres de trabajo sea pertinente.  En Puerto Rico se manifiesta en toda su amplitud el neoliberalismo. La colonia, la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, el capital internacional y otros actores condicionan y atacan al sector obrero desde todos los flancos.

En el sector público, el gobierno implantará el anunciado Plan de Clasificación y Retribución el cual será pieza clave para imponer el concepto de “empleador único” donde se trata de establecer funciones, deberes y responsabilidades similares a empleados de agencias de gobierno, corporaciones públicas y municipios. Al puesto se le dará un salario base establecido y aprobado por la Junta de Control Fiscal según el presupuesto ya determinado por la Junta.

Debemos recordar que hasta el 2017 el estado de derecho reconocía diferencias entre los trabajadores de las empresas privadas, las corporaciones públicas, gobierno central y municipios. En el 2017 se aprobaron una serie de “leyes especiales” para enmendar la legislación laboral, el concepto de patrono gubernamental, congelar convenios colectivos en el gobierno y limitar o eliminar beneficios negociados. Todo lo anterior, unido a los precedentes de la ley 7 del 2009 (Luis Fortuño) y la ley 66 del 2014 (García Padilla) crearon las condiciones para ir debilitando aun mas al movimiento sindical tanto en el sector público como en el sector privado.

¿Dónde queda la negociación de salarios y condiciones de trabajo? ¿Qué funciones y pertinencia tendrá el sindicato cuando la Junta determina las condiciones de trabajo, el salario, elimina derechos, beneficios y congela convenios? ¿Qué impacto tiene en el sector privado el hecho de que el patrono más grande en Puerto Rico maneje las condiciones de trabajo fuera del marco constitucional de la negociación colectiva? ¿Qué dice la legislatura y la rama judicial sobre este trastoque del orden constitucional?

Es obvio que el movimiento obrero tiene que rescatar la capacidad de organizar y movilizar a la clase trabajadora en base a los verdaderos factores que le afectan. Para ello el liderato tienen que educarse y profundizar en su capacidad de análisis para proponer acciones correctas y viables. También la clase trabajadora tienen que elevar su nivel de conciencia mediante la formación y experiencias de luchas que obtengan logros. Sin ese fogueo militante y de lucha no hay avances.

Sostengo que el tema de la inflación es un detonante para la lucha. El costo de los alimentos, la gasolina, la energía, los peajes, la renta, entre otros servicios esenciales asfixia a la familia trabajadora. El salario se achica ante la inflación. Así lo reconoce el gobierno cuando se apresta a legislar un alivio contributivo basado en el costo de vida. La realidad es que tal crédito contributivo será insuficiente ya que la razón de la crisis económica es otra.

El salario no da para lo esencial cuando por otro lado hay millones de dólares entrando y saliendo de la economía. Esa explicación de cómo se mueve el dinero a favor del capital, en el contexto colonial, debe ser entendido para poder ver opciones al sistema que nos explota y nos exprime sin darnos cuenta. Incluso, echamos la culpa a los propios trabajadores por los males del sistema capitalista. ¡Que la gente no quiere trabajar, que se van para fuera y allí tienen dos y tres trabajos, que se vive de los cupones, que hay trabajo para el que quiere! El capital y la colonia nos llevan a sentirnos culpables y aceptar las limitaciones como consecuencia de nuestras acciones. ¡Por ello pagamos la deuda, aceptamos la Junta y elegimos políticos corruptos! Así lo entienden muchos pero no es la verdad. ¿Cómo explicamos la realidad de la economía y la política colonial? Ese es el reto.

La aprobación del Plan de ajuste de la deuda de la AEE nos enfrentará a varios asuntos importantes entre ellos la existencia de LUMA, el costo de la factura, el futuro de las pensiones de miles de trabajadores de la AEE, la solidaridad con los trabajadores organizados en la UTIER y otros sindicatos, la privatización de la producción de la energía mediante la venta de las plantas y la creación de sistemas individuales de producción (placas solares, baterías y otros), entre otros. A todos nos impactará la deuda que por treinta años se nos va a imponer junto a las del IVU, la del gobierno central, Carreteras, acueductos y demás impuestos escondidos.

El movimiento sindical tiene que asumir el tema de la unidad con un programa de lucha que de alternativas a los temas anteriores. Todos se derivan de un asunto fundamental, la energía como derecho humano. Sin energía no hay vida. Todos necesitamos de la energía en sus variadas formas. El capital quiere apropiarse de las fuentes de energía, convertirlas en empresas privadas y comercializar el derecho que tenemos a recibir las fuentes de energía.

Este análisis nos llevará a asumir posiciones de cara a las elecciones del 2024. El asunto no es favorecer a uno u otro candidato o partido. El asunto debe ser que el movimiento sindical elabore un programa de reivindicaciones que los políticos lo asuman y lo levanten como parte de su plan de gobierno. El movimiento sindical debe crear ese programa con otros sectores sociales para hacer del mismo uno amplio y común.

El plano internacional, entiéndase la guerra entre potencias capitalistas nos puede afectar radicalmente. Esperemos que no. Mientras en nuestro entorno ocurren agresiones y experiencias políticas que no pueden para desapercibidas.  Logros y avances mediante la elección de gobiernos progresistas en Latinoamérica deben ser apoyados y defendidos. Que cese el bloqueo a Cuba. Defender y solidarizarnos con el pueblo de Haití es urgente.

Aprendamos a practicar la solidaridad, profundizar nuestros análisis, comprender el Caribe y a nuestros hermanos latinoamericanos para poder avanzar juntos. ¡Feliz Año 2023!