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Puerto Rico da lo que no tiene

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En el año 2025, el Gobierno de Puerto Rico concedió en gastos tributarios la cifra de $30, 927 millones, cerca del 35.3 % del producto nacional bruto (PNB), lo que es una proporción mayor que el promedio a nivel internacional. Los gastos tributarios se refieren a exenciones, deducciones créditos y tasas contributivas preferenciales en el código contributivo. En otras palabras, es dinero que el Estado deja de recaudar.

La organización Espacios Abiertos (EA) en días recientes sometió a la prensa su estudio titulado Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico, basado en el informe Puerto Rico Tax Expenditure Report 2025 (PRTER 2025), preparado por el Departamento de Hacienda (DH).

El director ejecutivo de EA, el economista Daniel Santamaría Ots, expuso en su presentación que llevan más de una década en la conversación de los gastos tributarios que Puerto Rico concede a través de su sistema contributivo. En el 2017, EA planteó que el país necesitaba conocer, divulgar y analizar el costo de esos créditos contributivos.

El análisis del PRTER 2025 realizado por Espacios Abiertos parte de la premisa clara de la transparencia que, aunque es una condición necesaria, no es suficiente. Aun cuando el PRTER es una base de información valiosa, la etapa que sigue es evaluar lo que se recoge. Espacios Abiertos identificó que hay 436 gastos tributarios con un costo estimado de $31, millones.

El director de la organización puntualizó que la pregunta que hay que hacer es “cómo aseguramos que cada uno de esos créditos cumplan con un beneficio y que el costo que asumimos como sociedad es proporcional al servicio que ofrecen”. Eso es lo que aborda ese informe que fue preparado por Wilmarie de Jesús, analista de Política Pública, y Nitza Agosto Betancourt, analista de datos, ambas de de EA, y el analista Bryan Rosa Rodríguez.

De Jesús señaló que esta no es la primera vez que EA presenta un informe sobre los gastos tributarios. Ese dinero que se deja de ingresar al fisco se trabaja fuera del presupuesto, por lo que no se ve como un costo directo. Esto se utiliza como parte de la política pública en la parte presupuestaria como estrategia de desarrollo económico. “Los gastos tributarios no son malos; pero es necesario su evaluación”.

Un aspecto que trajo a la atención es que del PRTER 2025, publicado por el Gobierno de Puerto Rico, se desprende que los gastos tributarios han ido ascendiendo desde el 2017. Ese año los gastos tributarios fueron $22,344 millones y en el 2025 fueron $30, 927 millones. Aun cuando, debido a la presión internacional, muchos países se han visto obligados a apostar por los gastos tributarios como una estrategia de desarrollo económico, el caso de Puerto Rico es muy particular, ya que esos gastos representan cerca del 33.3 % del PNB, lo que es una proporción grande cuando se compara con otros países.

El informe enumera 436 gastos tributarios, pero solo el 79 % de ellos tiene estimación de cuánto cuesta ese gasto tributario; pero no lo evalúa ni dice cuánto es que el Estado deja de devengar por el gasto tributario en particular. Su análisis les ha permitido visibilizar lo que son los gastos tributarios e ir por cada uno de esos gastos para poder comparar a Puerto Rico en función del resto del mundo y dónde se encuentra el PNB. “Lo que se puede observar es que Puerto Rico tiene uno de los sistema tributario más grandes del mundo, sino el más grande”.

El análisis del EA presenta una gráfica de más de 26 países con sus gastos tributarios, en el cual Puerto Rico está a la cabeza. Algunos de estos países son Rusia el primero, seguido de los Países Bajos, Finlandia, Suecia, Reino Unido y, de nuestra región, República Dominicana, México, Perú, Estados Unidos y Brasil.

La analista de Política Pública de EA indicó que en el PRTER 2025 lo primero que hay que reconocer es que, desde el informe del 2017, se han integrado nuevos gastos tributarios. Eso no significa que no existieran antes, sino que no estaban en el informe, como por ejemplo, el crédito por trabajo, pese a que este crédito se da desde el 2009.

Otro aspecto del informe que reconoció es que se incluyen proyecciones a cinco años, hasta el 2030. Los primeros dos informe que publicó el Departamento de Hacienda no incluían esa proyección, la cual se utiliza como una herramienta presupuestaria. No obstante, destacó de Jesús, debido a que el informe fue publicado fuera del periodo de preparación del presupuesto, esto no permite usarlo como herramienta por parte de la Legislatura para tomar decisiones presupuestarias. Puntualizó que ese es uno de los puntos clave que EA quiere enfatizar para que el informe del PRTER trascienda y se utilice como una herramienta presupuestaria.

En ese aspecto, reconoció que el Gobierno hizo un primer ejercicio de evaluación en el 2022, en un informe publicado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) donde evaluó algunos gastos tributarios. Pero el ejercicio se quedó más en uno contable y no social. Puerto Rico no es la única jurisdicción de EE. UU. que tiene gastos tributarios ni el único que los reporta. En esa lista Puerto Rico está a la cabeza de estados como Pennsylvania, New Jersey, Missisipi, Vermont y, en el último renglón, Hawai.

De Jesús, subrayó que al ver la comparativa, ya sea con otros países o estados, la diferencia es que cuando se habla de estimación se está hablando de cuánto cuesta ese gasto, se está hablando de un ejercicio puramente descriptivo de cuánta es la pérdida de recaudación del Estado, pero no necesariamente se presenta el beneficio total que genera ese gasto. Es decir, el beneficio total que genera ese gasto tributario es lo que lo justifica en relación con el costo que tiene o lo que está generando para el país. Eso hay que analizarlo tomando en consideración diferentes aspectos sociales y económicos del desarrollo para el país.

Efectividad, eficiencia y equidad

De Jesús reclamó que EA se movió a mirar cuál es la metodología utilizada a nivel mundial por organismos internacionales, cómo miden los gastos tributarios. Algo que tienen en común es que la metodología mide cuál es la efectividad, la eficiencia y la equidad de los gastos tributarios. Para ello hay que preguntarse cuáles o cuál es el costo fiscal real de ese beneficio, si está generando la política pública para el que fue creado, si el mecanismo es más eficiente que una alternativa de un gasto directo. Señaló que entiende que incluir el análisis de los gastos tributarios en el proceso del presupuesto permite ver estos aspectos y quién se beneficia.

Del examen que hizo EA del Puerto Rico Tax Expenditure 2025, para ver si los gastos tributarios cumplen con su propósito, los tres seleccionados fueron por la magnitud del gasto que representan, el 74.4 % de todos los gastos tributarios reportados en Puerto Rico actualmente.

Aquí los gastos, según descritos por EA:

El primero, el TEB Ley 214 TEB 214 – Ley 135 de 1997, Ley de Incentivos Fiscales de 1998, Ley 73 de 2008, Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico y Ley 60 de 2019, subtítulo B, capítulo 6. Este gasto tributario agrupa los beneficios contributivos otorgados bajo los principales regímenes de incentivos industriales (Ley 135 de 1997, Ley 7 de 2008 y Ley 60 de 2019), incluyendo tasas preferenciales sobre ingresos y otras exenciones aplicables a empresas con decreto. El PRTER le atribuye un costo de $14,681 en 2025 y un costo proyectado para 2030 de $16,066 millones. Una de las cosas interesantes, advierte EA, es que la proyección para el 2030 ya asciende a $416.066 millones, un crédito que va en aumento.

El segundo gasto es el TEB 7. Corresponde a una exención amplia de ciertos ingresos individuales que no están sujetos a la contribución básica alterna y que no se reportan mediante el Formulario 480.6D de la planilla sobre contribuciones para individuos. En el PRTER 2025 presenta un gasto estimado de $2,729 mil millones en 2025 de este gasto tributario y un gasto proyectado de $2,987 en 2030.

El tercer ejemplo de gasto tributario es el TEB 90 – Ley 22 de 2012, Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico. El PRTER 2025 le atribuye un costo de $2,537 millones en 2025 que comparado con el PRTER 2024 presenta una triplicación del gasto tributario estimado ($667.3 millones). Sobre este en particular, Espacios Abiertos reparó en que este es uno de los incentivos de mayor discusión pública y política, por lo que una evaluación puede incidir de manera directa en decisiones de reforma, continuidad o rediseño del régimen tributarios de residentes inversionistas.

De Jesús apuntó que EA entiende que estos gastos tributarios son los de mayor magnitud y representan la mayor parte de lo dejado de recaudar por el Estado. En conjunto, estos gastos tributarios representan dos terceras partes (64.5 %) de los gastos tributarios identificados en el PRTER 2025. Dos de los tres gastos tributarios propuestos para evaluación benefician a individuos (TEB 71 y TEB 90). El tercer gasto tributario el TEB 214 destaca por una magnitud considerablemente mayor que la de los otros dos gastos tributarios combinados.

¿Se justifican esos costos?

Es el cuestionamiento que plantea el analista Brian Rosa Rodríguez: si los costos de los gastos tributarios se justifican, si el incentivo cumple con su objetivo, si está justificado. Al igual que sus colegas, reconoció que, utilizados de forma responsable, los gastos tributarios son una herramienta de desarrollo económico. Pero objetó que en el caso de Puerto Rico, en función de nuestro PIB, se tiene una mayor cantidad de gastos, por lo que hay que ver si esos gastos están generando más empleos, mejores sueldos.

“Ahora mismo, con el informe que tenemos y la información que tenemos sobre los gastos tributarios, no podemos decir que los gastos tributarios están cumpliendo con lo que se propuso cuando se aprobó la ley porque no existe esa evaluación”.

Entre las recomendaciones de Rosa Rodríguez, se encuentran que el PRTER se publique antes del mes de marzo de cada año para que sirva de insumo en la preparación del presupuesto anual y establecer mecanismos de revisión periódica para evaluar si el gasto tributario está funcionando, no todas las concesiones tienen un límite de tiempo, eso depende de lo que se haya dispuesto en la aprobación de la ley. Además, iniciar un proceso de evaluación de los tres grupos prioritarios ya identificados en función de su magnitud fiscal.

La licenciada Ataveyra Medina, ejecutiva de EA, indicó que esperan presentar su estudio al Departamento de Hacienda, a la Legislatura e incluso a la Junta de Control Fiscal. El propósito es que las recomendaciones se tomen en cuenta cuando se adopte política pública: “Esa parte de la función de nuestra organización”.

Exigen se investigue supuesto fraude electoral

 

Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Senado y Cámara, en conferencia de prensa, dieron a conocer que presentaron una resolución para ordenar una investigación sobre denuncias de un alegado esquema de intercambio de votos por drogas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles de Puerto Rico con fines de beneficio electoral para la actual administración.

La resolución RS 500 radicada por los senadores del PIP surgió a raíz de revelarse en un reportaje del medio ProPublica que una investigación federal había reunido pruebas sólidas de fraude electoral en las elecciones del 2024 en Puerto Rico. El fraude consistió en que miembros de la pandilla Los Tiburones en cárceles en Puerto Rico y personal del Departamento de Corrección presionaron a los confinados e intercambiaron drogas entre ellos a cambio de que votaran por la actual gobernadora, Jenniffer González Colón.

Según reveló ProPublica, el pasado 2 de mayo, días después de que Trump ganara la presidencia y aquí González Colón la gobernación, el presidente ordenó detener la investigación. En diciembre del 2024, ya la fiscalía federal en Puerto Rico había presentado una acusación formal contra 34 reclusos.

La senadora María de Lourdes Santiago apuntó que las alegaciones de intervención partidista indebida en los espacios carcelarios anteceden al reportaje de ProPublica, al igual que los señalamientos sobre trasiego de sustancias. “Ninguna pretensión seria de fiscalizar la gestión de ésta y de pasadas administraciones puede ignorar esa situación con las severas implicaciones que tiene”, expresó.

La RS 500 instruye a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en el Senado y a su contraparte en la Cámara de Representantes a realizar una pesquisa exhaustiva sobre estas denuncias. Además de hacer referencia a lo divulgado por el medio estadounidense, se reseña lo vertido por la Comisión de Derechos Civiles en torno al proceso electoral en las cárceles, con especial énfasis en las denuncias hechas a través de su director, Lcdo. Ever Padilla, en cuanto a violaciones a la privacidad de los reclusos durante el proceso de votación, así como las quejas presentadas por escrito por reclusos describiendo experiencias de presión para votar en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2024.

El representante Denis Márquez Lebrón subrayó: “No debemos tomar a la ligera información que apunta a que hechos descritos en un pliego acusatorio no se traducen en la radicación de cargos ni descartar la impresión de que ello responde a instrucciones de Fiscalía Federal. Si en otros casos se exige investigar la actuación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, no puede aplicarse un criterio distinto cuando la duda recae sobre instancias federales”.

Por su parte, en declaraciones escritas a CLARIDAD, la Unión Americana e Libertades Civiles (ACLU, en inglés) capitulo de Puerto Rico, reaccionó a las denuncias:“La manera como una persona ejerce su voto, sin embargo, debe ser absolutamente libre y voluntaria, sin que exista de por medio amenazas, chantajes o actos violentos que obliguen a una persona a votar de cierta manera en beneficio de algún candidato en particular.

”Esto es más significativo cuando hablamos de personas privadas de su libertad, una población que está bajo la custodia absoluta del Estado y que, según demostró el Caso Morales Feliciano, ha estado sometida a violencia institucional, condiciones de seguridad deficientes y servicios de alimentación y salud insuficientes e inadecuados”.

ACLU expresó que espera que las autoridades federales y estatales actúen con total transparencia y compromiso genuino en el ejercicio de su deber. Advirtió que abandonar una investigación y la evidencia disponible sobre un posible esquema de voto fraudulento en las cárceles “lacera la confianza de quienes creemos en la democracia y apostamos al ejercicio del voto como expresión máxima de la voluntad popular. La democracia participativa exige pulcritud en los procesos electorales y certeza sobre sus resultados”.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en comunicado de prensa también exigió respuestas ante el alegado esquema. “Más allá de los hechos específicos, este caso refleja un patrón preocupante: denuncias sobre irregularidades electorales que no se investigan hasta el final. Casos relacionados con voto adelantado, procesos en instituciones y querellas formales han seguido una trayectoria similar. Comienzan con seriedad, pero terminan sin conclusiones ni rendición de cuentas”, señaló la pasada Comisionada Electoral del MVC, Lillian Aponte.

Mientras, la coordinadora general del MVC, Eva Prados, señaló; “La democracia no puede sostenerse sobre la incertidumbre ni sobre la falta de transparencia. La confianza en los procesos electorales depende de la capacidad de las instituciones de investigar de manera independiente, completa y sin interferencias”.

 

 

Rutas marítimas, regionalismo estratégico, cadenas de valor y geopolítica: Puerto Rico ante la pérdida de oportunidad económica

 

 

Especial para CLARIDAD

Introducción

El sistema internacional contemporáneo está marcado por una creciente interdependencia entre economía y geopolítica. En este contexto, los conflictos armados no solo deben entenderse en términos territoriales o ideológicos, sino como disputas por el control de flujos estratégicos. El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel en 2026 ilustra esta transformación, al centrarse en rutas marítimas esenciales para el transporte de petróleo y gas. Este conflicto puede analizarse mediante dos marcos teóricos complementarios: el nuevo regionalismo estratégico y el enfoque de las cadenas globales de valor, desarrollados e integrados por la economista puertorriqueña Maribel Aponte. Aprovechamos para enmarcarlo y entender cómo la condición colonial de Puerto Rico y las leyes de cabotaje representan una pérdida de oportunidad económica en la logística del transporte marítimo. Puerto Rico se encuentra en una posición privilegiada, cercana a rutas marítimas que conectan América del Norte, América del Sur y Europa. Esta ubicación representa una ventaja geográfica significativa. Sin embargo, dicha ventaja no se traduce plenamente en desarrollo debido a la condición colonial y a las restricciones regulatorias impuestas por las leyes de cabotaje. Estas limitan la capacidad del país para participar soberanamente en el nuevo regionalismo y en las cadenas globales de valor

El nuevo regionalismo estratégico plantea que las regiones deben ser entendidas como construcciones político-económicas dinámicas, capaces de insertarse activamente en la economía global. A diferencia del regionalismo clásico, centrado en acuerdos formales entre Estados, este enfoque enfatiza la planificación estratégica, la gobernanza multinivel y la articulación entre actores públicos y privados. Según Aponte, este marco adquiere una dimensión geoeconómica particular. Las regiones con ventajas geográficas —especialmente aquellas ubicadas en rutas marítimas clave— pueden transformarse en nodos logísticos de alto valor. La infraestructura portuaria, la conectividad y la capacidad de gestión de flujos se convierten en activos estratégicos. En este sentido, el espacio marítimo deja de ser un mero canal de tránsito para convertirse en un territorio de disputa y en un espacio estratégico de planificación. Donde la gobernanza multinivel, la innovación, la cooperación interinstitucional y la capacidad de diseñar políticas que fortalezcan ventajas comparativas dinámicas. Las regiones, en este sentido, actúan como plataformas de articulación entre lo local y lo global. Para ello desarrollan clústeres productivos, fomentan la especialización inteligente y promueven redes de conocimiento. No se trata simplemente de integrarse, sino de hacerlo de manera selectiva y planificada y buscan posicionarse en sectores clave, atraer inversión, desarrollar capital humano y construir infraestructuras que faciliten su competitividad. Y a la vez reconoce la importancia de factores no económicos, como la cultura, la identidad territorial y la sostenibilidad, como elementos que influyen en el desarrollo regional.

El enfoque de las cadenas globales de valor permite analizar la fragmentación de la producción y distribución de bienes a escala internacional (cómo se organizan y distribuyen las distintas etapas de producción de bienes y servicios a escala internacional). En el caso del petróleo y el gas, la cadena incluye múltiples etapas: extracción, transporte, refinación y comercialización. Sin embargo, el valor no se distribuye de manera uniforme; los actores que controlan la logística y los mercados suelen capturar mayores beneficios. Hay que subrayar la importancia de la circulación dentro de la cadena. Asimismo, las distintas fases —diseño, producción, ensamblaje, distribución y comercialización— pueden ubicarse en diferentes países o regiones según sus ventajas específicas. Lo relevante aquí no es solo la producción en sí, sino la captura de valor en cada eslabón de la cadena. Capturar valor significa apropiarse de una mayor proporción de los beneficios económicos generados por la actividad logística.

La geografía marítima y logística

En el sector energético, el transporte marítimo constituye un eslabón crítico, ya que conecta las zonas de producción (principalmente en el Golfo Pérsico) con los principales centros de consumo en Asia, Europa y América del Norte. Por tanto, la interrupción de estas rutas tiene efectos sistémicos sobre la economía global. El conflicto de 2026 pone de relieve la centralidad de ciertos puntos geográficos que funcionan como nodo en las cadenas energéticas globales. El más relevante es el Estrecho de Ormuz, por donde transita una proporción significativa del petróleo mundial. Su proximidad a Irán lo convierte en un punto de control estratégico, susceptible de bloqueos o intervenciones militares. De manera complementaria, el Bab el-Mandeb conecta el Golfo Pérsico con el Mar Rojo, permitiendo el acceso al Canal de Suez, una de las principales arterias del comercio global entre Asia y Europa. La interrupción de cualquiera de estos nodos genera efectos en cascada. Esto obliga a desviar rutas hacia trayectos más largos y costosos, como el rodeo del continente africano, lo que complica la logística del transporte marítimo. En este contexto, el control de las rutas marítimas se traduce en poder geoeconómico.

La contribución central del enfoque de Aponte radica en integrar ambos marcos teóricos. El nuevo regionalismo estratégico proporciona la base para entender cómo los territorios se organizan para aprovechar su posición geográfica, mientras que el enfoque de cadenas de valor (es una herramienta) permite identificar los puntos críticos donde se genera y se captura el valor. Las rutas marítimas funcionan como espacios donde convergen ambas dimensiones. En el conflicto analizado, son regiones estratégicas en sí mismas, sujetas a planificación, control y disputa. Por otro, son eslabones esenciales en las cadenas globales de valor energéticas y agrícolas. Esta doble condición explica por qué su control es objeto de competencia geopolítica intensa.

El análisis sugiere tres implicaciones para el orden global principales: Geoeconomía, fragmentación de las cadenas de valor y revalorización de la geografía. Las guerras contemporáneas se libran tanto en el campo militar como en el control de flujos económicos estratégicos, por lo tanto, la inestabilidad en rutas clave genera reconfiguraciones en la organización global de la producción y distribución energética. En este contexto los espacios marítimos adquieren una centralidad renovada como territorios estratégicos.

Con estos marcos teóricos de Aponte, es posible comprender que las rutas marítimas de petróleo y gas no son meros canales de transporte, sino nodos críticos en las cadenas globales de valor y espacios de articulación del regionalismo estratégico.

Puerto Rico y el Caribe espacios de generación de valor económico

A su vez, este análisis ofrece una lección para el Caribe como espacio marítimo y territorio estratégico. La región puede convertir su ubicación geográfica en una ventaja competitiva mediante una inserción activa y planificada en las cadenas globales de valor que circulan por las principales rutas marítimas del mundo. En especial para Puerto Rico y su reconfiguración como nodo del Caribe y del control de las cadenas de valor en el nuevo regionalismo caribeño. Las rutas marítimas posibilitan que ciertas regiones (como el Caribe) desarrollen funciones de intermediación logística, lo que Aponte identifica como una oportunidad clave para economías que no necesariamente dominan la producción industrial o la extracción de recursos. Actividades como almacenamiento, refinación, redistribución y servicios portuarios generan valor y empleo, insertando a estas regiones en segmentos más dinámicos de las cadenas globales.

El marco del nuevo regionalismo estratégico, radica en que estas rutas no son simples vías de transporte, sino infraestructuras críticas donde se organiza, distribuye y disputa el valor económico global. Con redes marítimas altamente concentradas en puntos clave del sistema internacional. La función de las rutas marítimas va más allá de la conexión física. Estas determinan costos, tiempos, riesgos y acceso a mercados. Todo ello influye directamente en qué territorios participan, cómo lo hacen y cuánto valor logran capturar. El Caribe deben actuar de manera intencional para posicionarse dentro de estas redes globales. Las rutas marítimas, en este sentido, se convierten en activos estratégicos. Las ubicadas cerca de corredores clave pueden transformarse en nodos logísticos —puertos, centros de distribución, zonas de transbordo— capaces de capturar valor más allá de la producción tradicional.

Entender que el poder no reside únicamente en la posesión de recursos energéticos, sino en la capacidad de controlar su circulación y eso te da una ventaja. Así, las rutas marítimas se consolidan como ejes fundamentales del orden internacional contemporáneo, donde convergen intereses económicos, estratégicos y territoriales. La condición colonial y las leyes de cabotaje limitan la capacidad de Puerto Rico para convertirse en un hub (nodo) logístico competitivo en el Caribe. Su ubicación, cercana a rutas marítimas clave que conectan América del Norte, América del Sur y Europa, representa una ventaja geográfica significativa, pero esta no se traduce plenamente en desarrollo debido a las restricciones regulatorias y coloniales.

La condición colonial es una pérdida de oportunidad para la economía de Puerto Rico que podría desempeñar un papel más activo en actividades como el transbordo, la redistribución regional y los servicios logísticos avanzados. La condición colonial reduce su capacidad para capturar valor dentro de las cadenas globales, relegándolo en muchos casos a un rol de consumidor y plataforma militar más que de intermediario estratégico.

Para que Puerto Rico pueda hacer uso de ese poder, precisa de la independencia y plena soberanía, mientras será sólo una plataforma militar-colonial atado con las leyes de cabotaje y en eso radica su pérdida de oportunidad económica. La independencia y la soberanía serían elementos fundamentales para redefinir el papel de Puerto Rico en las rutas marítimas regionales. De esta manera, dichas rutas dejarían de ser simples canales de tránsito y podrían convertirse en espacios de generación de valor económico. La independencia podría ampliar significativamente la capacidad de Puerto Rico para diseñar políticas marítimas, logísticas y comerciales propias.

La independencia y una mayor capacidad soberana podrían permitir que Puerto Rico participe más activamente junto a otras islas caribeñas en redes logísticas regionales. Esto facilitaría su inserción estratégica en el nuevo regionalismo y en las cadenas globales de valor. Para poder decidir la Política de Desarrollo Económica propia y en su análisis económico incorporar la dimensión de la geografía marítima y logística, para comprender cómo los territorios insulares y costeros pueden insertarse de manera más ventajosa en la economía global, particularmente a través de su posición en rutas marítimas estratégicas.

Un Puerto Rico independiente y soberano puede decidir participar y ser nodo logístico de estos centros neurálgicos de poder económico en unión a otras islas caribeñas.  En la colonia eso queda anulado, no podemos decidir. Las restricciones regulatorias limitan significativamente la capacidad de Puerto Rico para desarrollar una estrategia logística y marítima autónoma. Puerto Rico puede lograr integrarse estratégicamente a estas rutas no solo participan en la globalización, sino que pueden influir activamente en ella, por eso señalamos que con la independencia estaremos mejor.

 

 

Las libanesas que se niegan a ser un anexo

 

Enviado especial de Claridad de Puerto Rico en Beirut

 

En el complejo mosaico social y político del Líbano, la figura de la mujer emerge no solo como un pilar fundamental, sino como una fuerza de resistencia irrenunciable. A pesar de vivir dentro de un sistema patriarcal y sectario que en la práctica parece diseñado para borrarlas o tutelarlas, las mujeres libanesas han desarrollado una capacidad de lucha que desafía cualquier lógica de opresión. Para Carmen Geha, académica y activista, la realidad es cruda: las mujeres viven bajo una estructura que las asfixia legalmente, pero es precisamente ese entorno hostil el que convierte la participación política en un acto de valentía transformadora.

Coordinamos nuestra entrevista por videoconferencia, envueltos en un curioso equívoco geográfico que define bien los tiempos que corren: ella pensaba que yo me encontraba en Barcelona, la ciudad donde reside actualmente como investigadora, mientras que yo estaba convencido de que me recibiría desde su añorada Beirut. Al final, la tecnología nos conectó a través del Mediterráneo para hablar de un país que ella conoce hasta en sus pliegues más dolorosos.

Carmen me explica que, desde una perspectiva de género, el sistema legal y político libanés es uno de los más deficientes del mundo. Sin embargo, lejos de la victimización, encuentra en esta precariedad una oportunidad para el activismo radical. Según sus palabras, ser mujer y participar en política en el Líbano se convierte en una de las experiencias más gratificantes y necesarias que una activista puede vivir, precisamente porque implica permanecer en un estado constante de desafío frente a los límites impuestos.

“Sabes, el Líbano tiene uno de los peores sistemas políticos y legales del mundo desde una perspectiva de género, y por eso ser mujer en política en el Líbano es una de las experiencias más gratificantes y necesarias que puedes tener como activista, porque siempre estás desafiando los límites”.

La trayectoria de Carmen Geha no puede entenderse sin las cicatrices de la historia reciente de la región. Su vida comenzó como la de una migrante aún no nacida; nació en Chipre durante la cruenta Guerra Civil libanesa (1975-1990). No regresó al Líbano hasta que el conflicto armado terminó oficialmente, instalándose con su familia en un pequeño pueblo. Como hermana mayor de tres mujeres, Carmen desarrolló desde muy temprano un fuerte sentido de responsabilidad y protección, una semilla que más adelante se transformaría en un compromiso político que la ha acompañado durante toda su vida.

La política en el Líbano no es un ruido de fondo; es una presencia física que moldea las biografías de sus ciudadanos. Carmen recuerda hitos que marcaron su juventud, como la “Operación Uvas de la Ira” en 1996, cuando los ataques israelíes sacudieron el sur del país. Más tarde, en su primer año de universidad, el asesinato del primer ministro Rafic Hariri en 2005 —a apenas una calle de donde ella se encontraba— detonó la Revolución de los Cedros. Carmen se involucró profundamente en aquel movimiento que exigía la retirada de las tropas sirias, viendo cómo su formación académica y su realidad vital colisionaban constantemente.

Al graduarse en 2006, la historia volvió a llamar a su puerta con la guerra entre Hezbolá e Israel. Aquel verano lo pasó organizando redes de solidaridad, una labor que repetiría en 2008 tras los ataques de Hezbolá sobre Beirut el 7 de mayo, centrando entonces sus esfuerzos en la defensa de la libertad de prensa. Su currículum refleja hoy esa intensidad: doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de St Andrews, becaria Fulbright en Harvard y galardonada con el prestigioso premio María Zambrano del gobierno español para la atracción de talento internacional.

“Toda mi vida ha sido una historia envuelta en acontecimientos políticos y geopolíticos. Cuando tomé la difícil decisión de dejar Beirut para irme a Barcelona, fue la primera vez que presencié una guerra en mi país sin estar lo suficientemente cerca para ayudar y acompañar a la comunidad. Muchas de nosotras nos vimos empujadas a irnos, pero no esperábamos que lo ocurrido en estos últimos tres años fuera tan desgarrador”.

Ese carácter “desgarrador” tiene raíces profundas en la inseguridad y la oscuridad —tanto literal como metafórica— que se apoderaron de Beirut entre 2021 y 2022. La crisis económica y el colapso de los servicios públicos convirtieron las calles en espacios oscuros y peligrosos, un entorno que termina expulsando incluso a las mentes más comprometidas. Después de pasar por instituciones como Brown y Harvard, y tras realizar una etnografía constitucional en la Libia post-Gadafi trabajando con mujeres que buscaban un futuro democrático, Carmen se instaló brevemente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, buscando un respiro que la historia parece negarle.

Cuando analizamos la estructura interna del Líbano, Carmen es tajante: la participación de las mujeres en la política es casi una misión imposible. Quienes logran llegar al parlamento o a los municipios se enfrentan a una violencia de género sistémica y a un acoso constante. El país carece de mecanismos básicos de protección; la violación marital sigue siendo legal, el matrimonio infantil está permitido y actos de libertad personal como la convivencia fuera del matrimonio son perseguidos. Sin mencionar la impunidad profundamente arraigada en el Líbano, donde los asesinatos de periodistas, académicos y políticos permanecen reiteradamente sin investigar, y donde el país sigue esperando justicia por la explosión del puerto de Beirut casi seis años después.

El sistema sectario libanés, que distribuye el poder entre 17 confesiones religiosas, es la mayor trampa para la igualdad. Bajo este esquema, las mujeres no son tratadas como sujetos plenos de derecho, sino como extensiones legales de sus figuras masculinas de referencia, ya sean sus padres o sus maridos. Esta vulnerabilidad jurídica se duplica cuando entran en la esfera pública, donde quedan expuestas a una violencia orientada a devolverlas al ámbito privado.

“Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por el sistema sectario porque son tratadas legalmente como extensiones de sus padres o de sus maridos. Así que las mujeres son extremadamente vulnerables y, cuando entran en la esfera pública, se vuelven doblemente vulnerables porque están más expuestas a la violencia”.

Sin embargo, Carmen subraya que existe otra cara de la moneda. Frente a un sistema tan hostil, ha surgido un espacio activista de una fortaleza extraordinaria. En Beirut, pese a las divisiones sociales y políticas, existe una red de solidaridad femenina que Carmen admite extrañar en Europa. Las mujeres libanesas median en conflictos, entregan ayuda humanitaria y mantienen puentes de diálogo allí donde las estructuras dominadas por hombres solo ven líneas rojas.

En el parlamento, figuras como Paula Yacoubian o Najat Saliba representan esta lucha. Son mujeres altamente cualificadas en sus áreas, pero obligadas a soportar la ridiculización y el silenciamiento sistemático durante las sesiones legislativas. Es un entorno peligroso en un país con una larga historia de asesinatos políticos. Pero la lucha no se limita a las instituciones. Carmen dibuja un amplio abanico de resistencias: desde Wadad Halawani, que a sus 80 años sigue liderando la búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil, hasta las activistas que luchan por el matrimonio civil para romper el control de los tribunales religiosos.

Para una mujer maronita como Carmen, el divorcio en el Líbano sigue siendo una imposibilidad legal incluso en pleno 2026. Los tribunales religiosos tienen la potestad de retirar la custodia de los hijos, dejando a las madres en una situación de absoluta vulnerabilidad. A esto se suma la lucha por los derechos de las trabajadoras migrantes bajo el sistema de kafala, un régimen de patrocinio que despoja a las trabajadoras domésticas de autonomía y contra el cual las mujeres libanesas también se han movilizado en primera línea.

“La sociedad civil es la gente que sale, habla, argumenta, debate y negocia. Siempre ha sido así. Es algo muy hermoso. La gente es muy acogedora. Amo el Líbano”.

A pesar de describir el sistema libanés como “machista, sectario y corrupto”, Carmen se resiste a aceptar la etiqueta de “sociedad conservadora” para el país. Distingue claramente entre el sistema político —que considera profundamente desviado— y la sociedad civil. Beirut, según ella, sigue siendo una ciudad cosmopolita y liberal, donde la vida nocturna, la cultura y el debate intelectual conviven de forma orgánica con la religiosidad. Es una ciudad que “lo tiene todo”, pero que hoy atraviesa su momento más empobrecido.

Hacia el final de nuestra conversación, Carmen reflexiona sobre el peso emocional de ser mujer en este contexto. Sostiene que son ellas quienes conocen más profundamente los problemas del país porque los interiorizan y los soportan en sus propios cuerpos, desde la desigualdad salarial hasta la ausencia de protección frente al acoso. Mientras los hombres operan dentro de las cadenas del sectarismo, las mujeres cargan con el peso de un sistema que no está de su lado y aun así siguen siendo quienes más inspiran por su capacidad de actuar en medio de la oscuridad.

“Ante tanta oscuridad, creo que las mujeres libanesas en política son de las más inspiradoras del mundo. Y lo que soportan es una de las cargas más pesadas del mundo para seguir luchando por sus derechos. Porque el sistema no está de su lado”.

Carmen Geha es hoy esa voz que, desde la academia en Barcelona o la consultoría estratégica, sigue analizando la realidad de un país que ama profundamente pero en el que se volvió insoportable permanecer. Su testimonio no es solo un análisis político; es el relato de alguien que convirtió el dolor y la injusticia en una línea de investigación reconocida internacionalmente, recordándonos que, en el Líbano, la política no es una elección, sino una condición de supervivencia para quienes se niegan a convertirse en simples anexos en la historia de otros.

 

 

 

Torneo de Tenis de Mesa Nacional de escuelas publicas

Especial para CLARIDAD

“Nadie nace hecho. Nos vamos haciendo poco a poco, en la práctica social en que tomamos parte.”

Paulo Freire – Política y educación

El deporte juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes y su desarrollo como adultos fomentando que contribuyan al beneficio de nuestra Nación.  No se trata sólo de mera actividad física, sino de convertirla en una “herramienta educativa formadora” que contribuya al crecimiento personal, social y académico de los niñas/os y jóvenes.

Todes sabemos que la educación en las escuelas públicas del país es cada día más precaria. Servidores públicos mal pagados, facilidades educativas en mal estado, falta de filosofía educativa a consonó con los tiempos, intromisión política en las decisiones fundamentales, ayudantes de los ayudantes mejor pagados del planeta, pertenecer al partido en el poder para ser nombrado a posiciones de administración son solo algunos de los problemas que afectan nuestra educación pública,

A pesar del DE tener uno de los mayores presupuestos en el gobierno la educación pública “pisa y no arranca”. El presupuesto consolidado vigente del DE para el Año Fiscal (AF) 2025-2026 asciendio a $5.2 billones, de esta cantidad $3 billones corresponden al fondo general; $2.1 billones de fondos federales y $10.3 millones a ingresos propios; el 35.38 por ciento, un billón de dólares, del presupuesto estatal . El 61% del presupuesto está asignado a los recursos humanos, entre el pago y el retiro. (de acuerdo con fuentes oficiales y presupuesto de gobierno, ponencia de presupuesto DE 2024).

En un reportaje del “Centro de periodismo investigativo” (febrero, 2024) se señaló que “el programa de educación física del departamento de educación tiene recursos limitados, maestros sobrecargados de trabajo y espacios recreativos abandonados. Estos son parte de los retos que enfrenta un programa académico que por años ha sido cantera de talentos y medallas para Puerto Rico”.

En dicha investigación del CPI se señala “solo un 0.015% del presupuesto de la agencia va a educación física. Si se divide ese número por 851 escuelas, se trata de menos de $500 anuales por cada plantel”

Bajo estas condiciones es que trabajan los Maestros de Educación física del departamento de educación tratando de mantener el deporte escolar competitivo a un nivel alto a pesar de la falta de recursos y respondiendo a intereses políticos y no a necesidades de los menos privilegiados.

Competencias escolares de alto nivel competitivo

A pesar de todas estas situaciones que afectan o influyen en el programa competitivo del programa de deportes del DE, los maestros y lideres regionales junto al Departamento de Recreación y deportes, lideres comunitarios y Federativos continúan, bajo el radar, llevando un programa de competencias escolares de excelencia.

El Profesor Luis López Borges (coordinador deportivo OREH, región Humacao), Luis Rubén Rodríguez comisionado escolar de la Liga Deportiva Departamento Educación, Profesor Julio Cox, (Escuela Eugenio Brac, Naguabo) junto a grupo de trabajo de coordinadores de regiones educativas, maestros de educación física y el Sr Melvin Avila, Director Ceiba Marlins Tenis Club (organización sin fines de lucro) organizaron el Torneo Nacional de Tenis de Mesa de escuelas publicas de Puerto Rico.

Dicho torneo fue uno de excelencia a nivel competitivo y organizativo donde participo parte de la nueva generación del Tenis de mesa en nuestro archipiélago. (ver video de competencias en (Prensa Pitirre – YouTube)

El Sr. Luis Ruben Rodríguez señaló lo siguiente:

“Este es Campeonato Nacional de Tenis de Mesa del Departamento de educación con estudiantes de todo el archipiélago. “La gente tiene la impresión de que no hay deporte escolar competitivo, tenemos casi todos los deportes competitivos compitiendo por regiones y competencia a nivel nacional donde se corona al equipo campeón o campeones individuales.  Durante el 1er semestre competimos en campo traviesa, béisbol escuela intermedia, “softball” escuelas intermedias y superiores entre otros. El 2do semestre baloncesto, atletismo, tenis de mesa y béisbol escuela superior, football (soccer)y competencia brinca cuica.”(lleva 25 años celebrándose)

En dicho torneo participaron estudiantes de todos los niveles de escuela elemental, intermedia y superior de las 7 regiones educativas. Jóvenes de pueblos como Maricao, Villalba, Arecibo entre otros llegaron a las facilidades del Ceiba Marlins el pasado viernes a competir mostrando gran excelencia en el deporte del Tenis de mesa.

El primer semestre la liga del deporte escolar se compuso de los deportes baloncesto, voleibol, campo traviesa, ajedrez entre otros. El segundo semestre atletismo, tenis de mesa, baloncesto escuelas superiores, cuica entre otros. Hay la impresión que el departamento no hace deportes competitivos, pero somos testigos de que no es así. A pesar de los escasos recursos la competencia escolar es de alto nivel competitivo gracias al respaldo de maestros y otros que están ayudando a mantenerlo vivo y de gran calidad competitiva.

Resultados Campeonato Nacional Tenis de Mesa Escuelas Públicas

(Resultados por regiones educativas)

8-9 Femenino – Campeona – Kayla Pagan – Caguas;  Sub-Campeona – Karla Segarra – Mayagüez 3ra Micaela González – Ponce -3ra Yhavieliz Paris – Humacao

8-9 Masculino – Campeón Héctor Torres – Ponce; Sub-Campeón – Jayden Cruz – Arecibo, 3ro Nataniel Santana – Caguas 3ro Adan Ortiz – Bayamón

10-11 Femenino- Campeona – Nahia Medina – Ponce; Sub-Campeona – Joelis Torres – Ponce 3ra Nahiara Sierra – Humacao 3ra Genesis Negron – Humacao

10-11 Masculino- Campeón – Peter Grell – San Juan; Sub-Campeón – Jabniel Hernández – Ponce 3ro Juan Alicea – Mayagüez 3ro Sebastián Martínez – Caguas

12-13 Femenino = Campeona – Milena Valle – Ponce Sub-Campeona – Valentina Rodríguez – San Juan 3ra Wildrangeliz Zayas – San Juan 3ra Aymara Crespo – Bayamón

12-13 Masculino – Campeón – Eliel Hernández – Ponce; Sub-Campeón – Ryan Rivera – Ponce 3ro Gabriel Gómez – Humacao 3ro Dante Cortes – Bayamón

14-15 Femenino – Campeona – Arianna Aponte – Humacao; Sub-Campeona – Brianna Rodríguez – San Juan 3ra Isabella Castro – Caguas 3ra Aurora Binome – San Juan

14-15 Masculino -Campeón – Ángel Melendez – Ponce; Sub-Campeón – Sebastián Pedraza – Caguas 3ro Onix Pérez – San Juan 3ro Yanuel González – Ponce

16-18 Femenino -Campeona – Danelys Cruz – Ponce; Sub-Campeona – Nahiely Malaret – Mayagüez 3ra Natalia Mejias – Caguas 3ra Yailiany Matos – Caguas

16-18 Masculino -Campeón – Sebastián Cruz – Ponce; Sub-Campeón – Yalex González – Ponce 3ro Jeriel Torres – Caguas 3ro Ian Velezquez – Humacao

La liga de deporte de escuelas superiores ha producido atletas, como Héctor Pagan recientemente, entre muchos otros grandes del deporte escolar que le han dado medallas en distinto deportes al país. Gran parte de los atletas becados en las distintas instituciones universitarias provienen de la escuela pública. Felicitamos a todos esos educadores físicos, voluntarios, padres y estudiantes por el desempeño de calidad a pesar de las precarias condiciones económicas y de facilidades inapropiadas para el deporte. Están haciendo mucho con poco a pesar de que en el Departamento de Educación hay ayudantes que reciben salarios mas alto que la Gobernadora como recompensa política.

 

Premiación 8-9 años Femenino y Masculino (Nuestro futuro)