El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de la Cámara PC 1115, que propone eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CESM) por entender que representa un un retroceso en la protección laboral.
En comunicado de prensa la presidenta del CAPR, Lcda. Vivian Godineaux, informó que el Colegio presentó un Memorial Explicativo ante la Asamblea Legislativa con su recomendación. Godineaux explicó que el PC 1115 se fundamenta en interpretaciones contrarias a la Constitución y de la jurisprudencia federal reciente. “El proyecto parte de premisas constitucionales erradas. La Asamblea Legislativa sí puede delegar funciones técnicas cuando establece parámetros claros. Esa facultad está reconocida por décadas de jurisprudencia y no ha sido alterada por decisiones recientes del Tribunal Supremo federal”, señaló.
El memorial fue sometido al representante Roberto López Román, presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara. El CAPR dio a conocer que pese a haberlo solicitado, el Colegio no fue invitado a comparecer ante la vista pública sobre el proyecto que pretende eliminar aspectos claves de la vigente ley sobre salario mínimo en el país.
Una delegación constitucionalmente válida
La Lcda. Godineaux subrayó que la Ley 47 2021 contiene una delegación precisa, limitada y guiada por principios inteligibles, lo que la hace plenamente compatible con la doctrina constitucional vigente.“La Comisión Evaluadora del Salario Mínimo no es un ente autónomo sin control democrático. Es un mecanismo técnico creado por ley, con criterios definidos y supervisión legislativa. Nada en la Constitución prohíbe este tipo de delegación, y nada en la jurisprudencia reciente la invalida”, sostuvo.
El proyecto elimina criterios y abre la puerta a la arbitrariedad
La Presidenta advirtió que la medida elimina todos los parámetros objetivos que hoy guían la revisión del salario mínimo —como costo de vida, inflación, pobreza laboral e indicadores económicos— y deja la determinación sujeta a ciclos políticos y presiones de cabildeo.
Los datos económicos respaldan la constitucionalidad y la utilidad del modelo actual.
Se destacó que, desde la aprobación de la Ley 47 2021, según establecen algunos economistas, Puerto Rico ha experimentado mejoras sostenidas en empleo, participación laboral, salarios y reducción de la pobreza.
“Los resultados económicos demuestran que el modelo técnico funciona. No hay justificación constitucional, económica ni social para desmantelarlo”, señaló.
14 de mayo de 1955 Se funda el Pacto de Varsovia
Encabezados por la Unión Soviética, países comunistas europeos reunen sus capacidades militares para hacer frente a la OTAN.
15 de mayo de 1629 Batalla de Las Cangrejeras
Mapuches derrotan imperialistas españoles en lo que hoy día es el sur de Chile.
16 de mayo de 1997 Gobierno yanki admite experimentos genocidas
El presidente Clinton “se disculpó” con supervivientes del experimento Tuskege que dejó morir a negros, tal como Rhoads hizo en Puerto Rico (ver: elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-06-24/experimento-tuskegee).
16 de mayo de 2022
Siguen muriendo en Haití
“Según la ONU, al menos 92 personas no afiliadas a bandas y 96 presuntos miembros de estos grupos habrían muerto en ataques armados coordinados en Puerto Príncipe entre el 24 de abril y el 16 de mayo de 2022. Aunque el balance real podría ser más elevado. De acuerdo a cifras de la ONU, otras 113 personas resultaron heridas, 12 se dan por desaparecidas y 49 fueron secuestradas” (www.dw.com/es/haití).
17 de mayo de 1979 Humillación y desquite en Vieques Un grupo de pescadores y activistas logró interrumpir las maniobras militares por el mar, interrumpiendo con sus lanchas y cuerpos los navíos de la armada yanki. Ángel Rodríguez Cristóbal, del barrio Pozas de Ciales, fue uno de los arrestados y más tarde asesinado en su celda en la penitenciaría de Tallahassee, Florida.
17 de mayo de 1980 Protestas contra crímenes racistas en Miami
El 17 de diciembre de 1979, un grupo de policías de Miami mató a Arthur McDuffie, negro, vendedor de seguros y cabo de lanza del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. McDuffie fue asesinado a golpes por los agentes después de una parada de tráfico. Las protestas causaron motines que fueron los más grandes desde la década de 1960 y siguieron siéndolo hasta los de 1992 en Los Ángeles, doce años después, por protestas contra el abuso policíaco contra otro negro.
17 de mayo de 2017 Excarcelación de Oscar López Rivera
Tras 35 años de prisión y tres meses de prisión domiciliaria, queda completamente excarcelado el héroe nacional.
18 de mayo de 1781 Españoles descuartizan a Tupac Amaru II
El líder inca, bautizado a lo europeo como José Gabriel Condorcanqui, había luchado pacíficamente por años pidiendo que a los aborígenes los trataran con respeto. Con un alzamiento organizado, arrestó y ejecutó al corregidor imperial por sus abusos. La respuesta militar fue contundente, arrestaron a Amaru, y al frente suyo ejecutaron a su esposa e hijos. Luego lo amarraron a cuatro caballos e intentaron que lo partieran en cuatro, lo que no se logró. Entonces procedieron a decapitarlo y a cortar su cuerpo en pedazos. Dejó como últimas palabras: “Ccollanan Pachacamac ricuy auccacunac yahuarniy hichascancuta”, que traducido al español precisa: “Madre Tierra, atestigua como mis enemigos derraman mi sangre” (www.infobae.com/america/peru).
18 de mayo de 1950 Mueren por bombas abandonadas
En Humacao y Yabucoa, mueren tres personas por bombas que dejó abandonadas la Marina de guerra de EUA tras prácticas militares (Calendario Nuestros Mártires, 2020).
18 de mayo de 1972 Ataque terrorista
La explosión de una bomba destruye parcialmente oficina de Claridad en Villa Capri.
18 de mayo de 1982
Desalojo en Villa Sin Miedo
La policía desalojó violentamente e incendió sus casas a las familias de Villa Sin Miedo, una comunidad levantada en noviembre de 1980 sobre terrenos del Gobierno. En los enfrentamientos resultó muerto un policía y hubo un número elevado de heridos. El gobierno, con Carlos Romero Barceló en Fortaleza, afirmó que tras los enfrentamientos estaba “la mano de izquierdistas subversivos”.
19 de mayo de 1536 Feminicidios monárquicos
En Inglaterra, el rey Enrique VIII, decapitó a su segunda esposa, Ana Bolena, para sustituirla y procurar tener un hijo varón para heredar la corona británica. En 1542 también mató a Catalina Howard, su quinta esposa.
19 de mayo de 1890 Natalicio de Ho Chi Minh
Líder comunista de las victorias del pueblo vietnamita sobre las tropas invasoras, primero del imperio francés y luego del yanki.
19 de mayo de 1925 Natalicio de Malcolm X
Líder de las luchas del pueblo negro en EUA. Su padre y tres de sus hermanos fueron asesinados por supremacistas racistas.
20 de mayo de 1902 Nace la República de Cuba
Con la presencia del Mayor General Máximo Gómez, en la fortaleza del Castillo de los Tres Reyes del Morro y bajo el retumbar de cuarenta y cinco cañonazos, se izó la bandera cubana que instauraba la República de Cuba; todavía incompleta por la Enmienda Platt del gobierno de EEUUAA, que no fue derogada hasta 1934.
20 de mayo de 1973
Independentistas continúan guerra
En la lucha por la independencia del Sahara Occidental, estudiantes y trabajadores se unen al Frente Polisario para continuar la lucha por la independencia. El pueblo del Sahara ha estado en lucha por su independencia por siglos, primero contra España y luego contra Marruecos y Mauritania.
20 de mayo de 2025 Israel bloquea ayuda a Gaza
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó que Israel no ha permitido la entrada de ayuda humanitaria según lo acordado a Palestina. Israel permitió en la víspera el acceso de cinco camiones a través del cruce de Kerem Shalom de los nueve que había autorizado. En paralelo, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, ha comunicado desde el Parlamento británico que su país suspende las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de libre comercio con Israel, acusando a ese país de perpetrar una “política atroz” en Gaza (elpais.com/internacional/2025-05-20).
Fuentes principales: https://www.hoyenlahistoria.com/, facebook.com/dariow.ortizseda; historia.nationalgeographic.com; canalhistoria.es/hoy-en-la-historia; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe del CSC de Puerto Rico; efemeridespedrobeltran.com; Calendario Histórico Nuestros Mártires 2024; rumboalterno.net; calendarz.com y otros calendarios consultados por José M. Escoda.
Cuatro organizaciones comunitarias y múltiples residentes de Cayey impugnaron, la semana pasada, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal aprobado en marzo pasado, destacando incompatibilidad con otros reglamentos estatales, la falta de participación ciudadana y un impacto ambiental significativo.
Las colectividades Frente Comunitario en Defensa de Cayey, Cayey para el Mundo, la Comuna Cayey y la Comunidad Carrasquillo radicaron, junto a otros residentes, un pleito ante el Tribunal de Apelaciones, por entender que el nuevo POT es arbitrario, caprichoso y contrario al derecho.
“El plan permite la reclasificación de terrenos protegidos designados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP) a categorías urbanas, lo que viabilizaría desarrollos comerciales, industriales y residenciales en áreas de alto valor agrícola, ecológico y arqueológico. Estas tierras especialmente protegidas forman parte de las 600,000 cuerdas reservadas para la agricultura a perpetuidad en Puerto Rico”, denunciaron por escrito.
Desde la plaza pública del Cayey, las organizaciones advirtieron de la construcción del conector PR-52 encima de terrenos agrícolas y el río La Plata. Las comunidades Las Vegas, Farallón, Guavate y Cedros se opusieron por entender que sus comunidades sufrirían un impacto directo o indirecto con el nuevo ordenamiento territorial. El grupo también solicitó al alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, que rinda cuentas ante estas comunidades.
“Hace 11 años aproximadamente, ya el alcalde expropió parte de la comunidad Carrasquillo para crear un supuesto transporte público. Llevamos 11 años y allí, en esa área, no se ha hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad? Tenemos que defender porque al lado de nosotros tenemos la historia. La mayoría de los residentes en Carrasquillo son personas envejecientes, son personas enfermas”, expresó, por su parte, Humberto Díaz miembro de esa comunidad.
Desde agosto del año pasado, Ortiz Velázquez ha afirmado múltiples veces que no expropiará a los residentes de la comunidad Carrasquillo o cualquier otra de Cayey. No obstante, el municipio mantiene vigente la ordenanza que permite este método de adquisición de propiedad. En conjunto con el POT, las tierras sobre las que viven estos residentes están a disposición del Estado.
“El Municipio de Cayey sigue tratando de ocultarnos las cosas. Que esto quede bien claro: no hay transparencia en este municipio. Este plan lo aprobaron sin ver ni tan siquiera para analizarlo… Ayer mismo (1 de mayo), después que estaban diciendo que no van a haber expropiaciones en Cayey, en nuestra comunidad Carrasquillo había agrimensores midiendo un aproximado de como seis propiedades. ¿Para qué estaban midiendo esas propiedades? ¿Qué uso les van a dar?”, agregó Díaz, no sin antes reconocer el saldo emocional de estos procesos en los residentes de la comunidad.
Las organizaciones también acusan al nuevo POT de responder a intereses particulares y de carecer de una base técnica, sin transparencia ni la opinión de agencias pertinentes como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Agricultura. Los avisos públicos para discutir el plan, argumentan, fueron deficientes.
“Nosotros, que llevamos años residiendo en la comunidad Las Vega. El alto impacto de esos terrenos y el valor ecológico… son zonas de amortiguamiento, son zonas que recogen las lluvias y las aguas escorrentías de la montaña del Farallón. Son zonas inundables, son zonas que están rodeadas por el río La Plata y por el río Guavate. Van a haber inundaciones catastróficas, y ya lo vivimos”, puntualizan los residentes.
Algunos efectos adversos en Cayey de construcciones asentadas incluyen las inundaciones a raíz del huracán Fiona, que anegaron la comunidad detrás de la panadería La Cayeyana y provocaron la remoción de la impermeabilización de los terrenos aledaños a la catedral. El desarrollo sin fundamento, resumieron, representa un riesgo.
“Ante este escenario, la parte demandante solicita al tribunal que deje sin efecto las disposiciones impugnadas del POT, ordene la paralización inmediata de cualquier desarrollo basado en dichas clasificaciones y emita un interdicto para evitar daños irreparables a las comunidades y al ambiente”, concluyeron las organizaciones.
Además de unirse a la apelación, la comunidad Carrasquillo había radicado una resolución en el Senado a través del legislador Eliezer Molina Pérez. Empero, la situación territorial de Cayey permanece legalmente igual.
Múltiples sectores continúan destacando una falta de diálogo por parte de la administración
CLARIDAD
A un mes de iniciar la huelga indefinida del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y otras paralizaciones sistémicas, las representaciones docentes, no docentes y estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reiteraron su rechazo a la gestión de la Dra. Zayira Jordán Conde como presidenta y exigieron la restitución de la antigua fórmula presupuestaria. Desde el Recinto de Río Piedras, el movimiento estudiantil divide los reclamos por cuatro partes: rectoría, Junta de Gobierno y presidencia, Junta de Control Fiscal (JCF) y la legislatura. Los estudiantes buscan, en primer lugar, que la rectoría del primer centro docente del país endose los proyectos camerales 1201 y 880, de acuerdo con el portavoz Christian Colón Maldonado.
“Rectoría recibió todos los reclamos y los vieron con buenos ojos. La rectora se reservó el endoso del proyecto 880 y dijo que lo iba a leer. Cuando ella era decana de estudiantes, ella había leído el proyecto y lo había endosado, pero ahora mismo dijo que no sabe cómo se posicionará al respecto”, compartió el estudiante con CLARIDAD.
Colón Maldonado también destacó una falta de comunicación por parte de la rectoría puesto que, a pesar de concertar ciertos acuerdos, la administración se demora en entregar borradores de calendario y otros puntos discutidos. La rectoría, por su parte, ha querido darles acceso a los ingenieros y obreros de la planta de enfriamiento y ResiCampus como parte de sus negociaciones. “Nos estamos acercando a la legislatura también. Nos reunimos con la delegación en la Cámara del Partido Popular Democrático (PPD), en donde conseguimos que se unieran al proyecto 1201 como coautores junto con la delegación del Partido Independentista. Se añaden como coautores al 1201 y al 880”, explicó.
Aunque ambas piezas buscan ampliar los recursos de la institución, el proyecto 1201 plantea un aumento escalonado en las arcas de la UPR hasta restablecer el 9.6 % del fondo del Estado para sus operaciones. El 880, en cambio, propone una reforma universitaria transversal que fortalezca la autonomía de la universidad. Ambas propuestas se enfrentan ahora al proyecto 1256, que esencialmente congelaría la autonomía de la UPR.
“La doctora se reunió con los presidentes de los consejos de estudiantes, que no forman parte de los comités de negociación huelga de este movimiento estudiantil de Río Piedras. Cuando ella envió el comunicado para crear una mesa de diálogo, como ella le llama, fue bastante ambigua. Nosotros le respondimos ese mismo día con un correo electrónico, aclarando que en Río Piedras ya había un comité de negociación de huelga”, reparó Colón Maldonado.
Entre otras pautas, el comunicado de Jordán Conde proponía conformar un grupo “de 3 a 5 personas ecuánimes” para sentarse a dirimir los reclamos comunitarios. A pesar de los intentos del comité creado por el movimiento estudiantil para informar a la presidencia, ni rectoría ni la alta jefatura han respondido. A juicio de Colón Maldonado, se trata de un patrón de ignorancia deliberada. “Está ignorando los correos, las cartas que se le han enviado, en contradicción directa con lo que ella mencionó de que está abierta al diálogo. No está abierta. Hay una proyección mediática y, detrás de esa proyección, hay una resistencia a reunirse o a tener cualquier tipo de conversación”, añadió el estudiante subgraduado de Antropología.
En el recinto de Río Piedras, la renuncia o destitución de Jordán Conde como presidenta no forma parte de los reclamos que se establecieron en la asamblea estudiantil, distinto a otros recintos. En todo el sistema existe un comité de apoyo que mantiene canales de comunicación con unidades como Bayamón, Mayagüez, Arecibo y otras más. “Lo hacemos para entablar diálogo, para estar entendidos de cara a la reacción que recibimos por parte de la administración en Mayagüez, que emplazaron a los líderes del movimiento estudiantil y la directiva del Consejo General de Estudiantes de ese recinto. Les dieron un plazo de diez días para retirarse del espacio y comparecer ante la corte… Miguel Muñoz (rector del RUM) es el demandante”, elaboró.
Colón Maldonado recordó “el historial de violencia y represión” que se le atribuye a la presidencia del Dr. Muñoz Muñoz y que, por lo tanto, las determinaciones en el RUM no deben sorprender a quienes conocen sus políticas represivas. Varias representaciones de Mayagüez se manifestaron, el 12 de mayo, frente a las oficinas de la JCF para exponer la situación actual del recinto. En Río Piedras, en cambio, Colón Maldonado describe una estrategia de desgaste por parte de la Rectoría. Con cuatro reuniones inconclusas, Río Piedras se ha limitado a fijar acuerdos verbales y darle largas al fin del semestre.
Marcha 1ro. de mayo. Fotos Christian Medina Rosado
“En la medida en que no nos han dado los borradores discutidos y nos cuestionan para qué queremos los borradores y extienden el asunto en las reuniones, a nuestro entender, plantean extender el diálogo más allá del fin del semestre y terminar este semestre. Y así debilitan los esfuerzos de la huelga. Nos desilusiona que el diálogo se haya llevado de una forma y se haya trabajado de otra”, resumió.
El Movimiento Estudiantil de Río Piedras cuenta con el apoyo material y moral de otras organizaciones como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND). Tan reciente como el 11 de mayo, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. se solidarizó con los reclamos de la comunidad, particularmente “evaluar la ejecución de la actual presidencia de la institución”.
“Todas las decisiones que se tomen tienen que ser ratificadas por los plenos estudiantiles, que son los cuerpos más orgánicos dentro de los procesos huelgarios. En tiempos donde hay pocos conflictos, el consejo asume la toma de decisiones. En este momento son los plenos y los estudiantes que llegan a los portones. Más allá de coordinar el movimiento a nivel país, tenemos propuestas, comentarios y nos hacemos disponibles para apoyar a otros recintos. Pero cada recinto debe organizarse”, puntualizó Colón Maldonado.
Con relación al proyecto 1256, la pieza ha recibido el rechazo de los cuerpos estudiantiles de Mayagüez y Río Piedras, así como de la APPU y otras colectividades docentes. El Senado Académico del Recinto de Río Piedras advirtió que el proyecto centralizaría los poderes administrativos en la Junta de Gobierno –cuyos miembros designa la gobernadora–, reduciendo la agencia de la Junta Universitaria, el Senado Académico y otros cuerpos democráticos.
“Esta medida constituye una intervención desproporcionada, incompatible con los principios de autonomía universitaria y con los estándares de gobernanza establecidos por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). La suspensión de la gobernanza interna pone en riesgo las 258 acreditaciones vigentes del sistema universitario, la acreditación institucional ante la MSCHE y la elegibilidad para fondos federales del Título IV, afectando directamente a más de 42,000 estudiantes”, comunicó el ente por escrito.
En esa misma resolución, el Senado Académico exigió la destitución de Jordán Conde y rechazó la medida de la autoría del representante Jorge Georgie Navarro Suárez. El cuerpo representativo coincidió en sus argumentos con la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Nellie Lebrón Robles, quien arguye un intervencionismo partidista en los asuntos universitarios.
El gobierno de Jenniffer Gonzalez se ha ideado otra estrategia para obstaculizar el acceso a la justicia a las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática en el archipiélago puertorriqueño, denunció El Puente Puerto Rico. En comunicado de prensa, El Puente reveló que tras radicar el pasado mes de marzo una demanda contra la gobernadora y la Cámara de Representantes por la inacción ante el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC), el Gobierno argumentó ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) que la organización debe pagar una fianza de $5000 por tener base fuera de Puerto Rico.
“Esta es la tercera vez que vamos ante los tribunales para lograr que el PMARC se apruebe, un proyecto que surge de una ley aprobada por el mismo PNP (Partido Nuevo Progresista). En todas las instancias anteriores, los tribunales nos han dado la razón. Sin embargo, ahora que la demanda es contra la gobernadora, el Estado busca detenernos. Esto no es una casualidad, es un plan concertado», expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente.
La organización advirtió que este movimiento no es aislado, sino que forma parte de un patrón deliberado para descarrilar la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Se trajo a la atención que este cuadro se completa con el Proyecto de la Cámara 310 (PC 310), que actualmente se encuentra en el escritorio de la gobernadora esperando su firma. Esta medida, aprobada en el Senado el 13 de abril, sin vista pública, requeriría una fianza equivalente al 10 % del costo de cualquier proyecto de construcción para poder radicar una querella legal o administrativa.
Además, eliminaría la facultad judicial de exonerar de ese pago a comunidades de escasos recursos y permitiría construir en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como «proyecto estratégico». «Ambas cosas están relacionadas, porque el PMARCC presenta acciones que van en contra del desarrollismo que estamos viendo alrededor de las islas. No hay duda de que es un plan concertado para descarrilar a las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática, para darle rienda suelta a los desarrolladores y permitir que se construya a costa de nuestros recursos y de nuestras comunidades. La táctica que han usado con nosotros en el caso del PMARCC es un anticipo de lo que viene si la gobernadora firma el PC 310», alertó Cintrón Moscoso.
Se advirtió que el PC 310 llega en medio de una oleada de desarrollos de lujo a gran escala en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza. Hace ya cuatro semanas que la Coalición Defiende a Cabo Rojo, respaldada por más de 350 personas y 56 organizaciones, solicitó una reunión urgente con la gobernadora para exigir su veto, pero no ha recibido respuesta.
La ironía del Plan de Mitigación
En cuanto al PMARCC, el Puente recalcó que el plan fue elaborado por una comisión de expertos nombrada bajo la administración del pasado gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025. Sin embargo, la gobernadora y la Cámara de Representantes lo mantienen en el limbo. Ante esa inacción, la organización radicó un recurso de mandamus para exigir que se cumpla con lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019).
«Si para defender un plan que el propio Gobierno creó nos quieren imponer fianzas y trabas procesales, qué le espera a las comunidades que quieran defenderse de proyectos que amenazan sus hogares y su entorno. La gobernadora continúa gobernando para los intereses económicos que pretenden destruir nuestras costas y comunidades», señaló Cintrón Moscoso.
Debido a la importancia de este asunto, El Puente dijo que buscará pagar la fianza para que el caso continúe su curso en los tribunales. No obstante, reiteró su llamado a la gobernadora González Colón a que actúe sobre el PMARCC conforme a la ley y que vete el PC 310, cuya aprobación representaría un golpe devastador para el acceso a la justicia ambiental y climática en Puerto Rico.
