Feria del Libro del Trabajador Social
La Feria del Libro del Trabajador Social, a celebrarse en Ponce durante los jueves 1, 8, 15 y
22 de octubre en el Café Teatro Mesas y Telón de 5:30 P.M a 9:00 P.M, constituye la primera
iniciativa literaria en Puerto Rico dedicada exclusivamente a la producción escrita del
Trabajo Social. No existe registro histórico de ferias previas enfocadas en libros creados por
profesionales del Trabajo Social, lo que posiciona este evento como un proyecto pionero en la
visibilización cultural, académica y creativa del gremio.
La celebración se enmarca en octubre, Mes del Trabajador Social en Puerto Rico, un
periodo dedicado a reconocer la labor, el compromiso y el impacto comunitario de la profesión.
La feria amplifica este reconocimiento al destacar la palabra escrita como herramienta de
acompañamiento, reflexión, denuncia y transformación al bienestar social.
Durante cuatro semanas consecutivas, el evento reunirá obras que dialogan con la práctica
profesional, la investigación, la intervención comunitaria, la salud mental, la justicia social y las
expresiones poéticas que emergen desde la experiencia. Cada jornada contará con autores
invitados y abrirá espacios de micrófono para escritores registrados, fomentando la
participación de voces emergentes y consolidadas. Las presentaciones incluirán libros de
poesía, novela, investigación y textos vinculados al bienestar y la práctica profesional. La
actividad promueve la venta directa de libros, el fortalecimiento de proyectos editoriales
independientes y la creación de redes entre profesionales, estudiantes y público general.
Esta propuesta innovadora surge de la Profesora Elisaura Vázquez Ayala, MSW, quien
concibe la literatura como una extensión del Trabajo Social y como un medio para visibilizar las
realidades que acompañan la práctica profesional. Su visión integra pensamiento crítico,
creación literaria y acción social en un ambiente íntimo y accesible. Además de ser la gestora
del proyecto, Vázquez Ayala está a cargo de la curaduría y moderación de cada evento,
asegurando una experiencia coherente, respetuosa y profundamente humana.
La feria busca destacar el aporte intelectual del Trabajo Social y promover espacios de
intercambio profesional y social, directamente con los autores que han identificado estrategias
que han sido exitosa en materia de derechos humanos y ofrecen su legado. La actividad es
libre de costo y abierta al público. Autores interesados en participar pueden registrarse
enviando su información a elisaurapoesia@gmail.com antes del 20 de septiembre.
Pueden encontrar más información en elisaurapoesia en la redes sociales y ver el programa.
Las personas mayores no son una prioridad: “Esto es una responsabilidad compartida”
CLARIDAD
Puerto Rico, un país cuya población se proyecta cada vez mayor, promediando los 65 años o más, no cuenta con una política pública que atienda de manera planificada esta realidad demográfica. La actual legislación y reglamentación del Estado se limita, de acuerdo con una voz experta, a privilegiar otros sectores que no guardan el mismo peso en ese panorama, sometiendo a las personas de esta edad a negligencias por parte del gobierno, los hogares de cuidado y las propias familias.
Para la Dra. Carmen Delia Sánchez Salgado, exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada, se trata de una situación arrastrada hace décadas, pero que se ha agravado desde su salida de la Procuraduría, en 2024. A juicio de la gerontóloga, la política actual desoye la creciente población mayor y, de forma paralela, no integra a todas las agencias y los recursos necesarios para ampliar sus derechos.
“Ellos (las personas mayores) viven en una sociedad donde interactúan varias agencias, varios elementos para poder atender las necesidades de esta población. Hay que verlo como un todo y hay que verlo como que esta población sigue aumentando y con unas necesidades particulares. Además, está aumentando y viviendo más tiempo. Y si bien es cierto que la vejez no es sinónimo de enfermedad, el vivir más tiempo nos hace más vulnerable”, expresó Sánchez Salgado a CLARIDAD.
La exprocuradora coincidió con José Acarón, presidente de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, en inglés), en que el cuidado integral de las personas mayores no es deber único del Estado. Aunque el gobierno guarda una “responsabilidad particular”, las familias, la comunidad y los centros de cuidado suponen enlaces en los apoyos que reciben estas personas.
“Está la comunidad, está la familia, pero tiene que haber ese enlace. Y dentro del Estado, ese enlace son las diferentes agencias que tienen que atender, de forma distinta, las necesidades de esta población que conforma una cuarta parte del país”, destacó la doctora.
La fiscalización de las condiciones en que viven las personas mayores, agregó, recaen en agencias como Vivienda, Salud, Trabajo y Recursos Humanos, más allá del Departamento de la Familia. Sánchez Salgado recordó la reciente noticia de adultos mayores desplazados de sus apartamentos para fines ilícitos, en residenciales como Monte Hatillo y Ernesto Ramos Antonini. La exprocuradora cuestionó, en este sentido, la respuesta de Vivienda.
“Eso es solo un ejemplo de cómo las agencias, todas, tienen que trabajar. El Estado tiene que trabajar en conjunto, pero las personas mayores están aisladas: la familia, la comunidad, el Estado, las diferentes agencias. Esto tiene que ser compartido, esto es una responsabilidad compartida”, agregó.
Asimismo, Sánchez Salgado aseguró que faltan recursos –sobre todo, personal– por asignarse en el país. Sin una cantidad saludable de trabajadores que fiscalicen los hogares, los centros de cuidado y los hospitales, las personas de edad avanzada quedan desamparadas ante la desidia. Muchos de los recursos, centralizados en el área metropolitana, no llegan a tiempo a todas las regiones del país.
«Tiene que haber más urgencia para atender los casos. Aquí no se puede esperar, y eso es un reto para la política pública actual. Tienen que darle más atención a esta población, tienen que reclutar personal. Sí hay dinero, pero se utiliza para cosas que son innecesarias. Se duplican cosas, presupuestos para favorecer a quien sea; pero no se recluta, no se adiestra, no se sensibiliza el personal necesario para esta población. Es una prioridad ignorada”, continuó.
Contrastes entre las promesas y la realidad
El 21 de mayo de este año, durante su segundo mensaje de Estado, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la asignación de $15 millones para fortalecer el servicio de amas de llaves en todo el país. Más de 1,200 nuevas amas de llaves que beneficiarían a 1,501 “participantes” (así les llamó la mandataria en su alocución). La promesa añadió que, para el presupuesto de 2027-2028, se sumarían $20 millones para ampliar los recursos que atienden este sector.
“En mi gobierno, nuestros viejos no están solos y no los vamos a abandonar. Los departamentos de Familia y Salud crearon un protocolo para manejar maltrato o negligencia contra un adulto mayor en hospitales”, se adjudicó la gobernadora como logro administrativo.
Menos de dos meses después, en julio de este año, un estudio de la trabajadora social y gerontóloga Erika Colón Ortega reveló que más de 1,000 personas mayores enfrentan situaciones de salud en hospitales y centros de salud sin la compañía de familiares o alguna red de apoyo.
El estudio de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) también apuntó que el abandono de este sector corresponde, en gran parte, a las limitaciones económicas de las familias y concluyó coincidiendo con las posturas de Sánchez Salgado y la AARP: la culpa es compartida entre los componentes que atienden a esta población.
“Los municipios dan la cara, pero el Estado no les da los recursos. Ellos son los primeros que responden y, muchas veces, sus amas de llaves son las que están presentes. Ellos hacen lo que pueden, pero hay que asignarles más recursos. Cuando yo estuve en la procuraduría, me consta que había, por lo menos, 20 amas de llaves disponibles, que no se podían reclutar más, que no tenían dinero. Pero lo que no hay es prioridad. No hay una prioridad para los municipios, para estos servicios. Se promete y no se da”, opinó la doctora.
La exprocuradora entiende que el gobierno prioriza a otros sectores con menor proyección de crecimiento – como la niñez–, mas reparó en que existen los recursos para atender a todos los sectores. El problema radica en que no existe un proyecto político que planifique a largo plazo para esta población. La realidad se agrava, de acuerdo Sánchez, cuando se considera que la expectativa de vida continúa aumentando.
“Ya la gente no se muere a los 65 años, se muere a los 97, a los 98, pasan los ciento y pico de años. Eso es lo que hay que ver. Que la gente sigue durando más, que se sigue cuidando, que son una cuarta parte del país y que se les tiene que atender. Para el 2050, esto va a seguir creciendo y creciendo. El Estado tiene que reconocer estas cosas y reconocer que tiene un deber compartido”, concluyó la experta.
Quién vela por la reforma de la Policía
CLARIDAD
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DJ) solicitó al tribunal federal en Puerto Rico que no acogiera los informes presentados por la organización Kilómetro Cero (Km 0), como parte del expediente oficial de supervisión de la reforma de la Policía de Puerto Rico (PPR).
A diez años de que el Departamento de Justicia federal impusiese la llamada Reforma, luego de que una investigación del mismo departamento revelara patrones de violaciones de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza, prácticas discriminatorias, registros y allanamientos ilegales de parte de la Policía de Puerto Rico, su división de Derechos Civiles se ha opuesto a que ese acojan los informes de Kilómetro Cero.
De acuerdo con Justicia Federal, los informes de Km 0 constituyen una presentación indebida por parte de un tercero ajeno al litigio y no son pertinentes para el cumplimiento del acuerdo de la reforma ni tienen información relevante.
Los informes en cuestión son: Ignorancia Deliberada, el fracaso sistémico de la reforma; Policías feminicidas, masculinidad tóxica e impunidad; El fallo no está en la superficie, Lecciones de seguridad pública en tiempos de pandemia; Licencia para matar, publicado en marzo de 2022, que aborda las muertes de civiles causadas por las acciones de agentes de la PPR entre 2014 y 2020, y La persistencia de la indolencia y Feminicidios en Puerto Rico, que aborda los feminicidios ocurridos en Puerto Rico entre 2014 y 2018.
En entrevista con CLARIDAD, el doctor Luis Alberto Avilés Vera, director de Investigación de Km O, sostuvo que estos informes se fundamentan en evidencia empírica verificable, basados en un análisis cuantitativo de datos generados por agentes de policía y suministrados por la misma Policía.
En su respuesta, Km O expone, entre otros argumentos al tribunal, que el Departamento de Justicia tergiversa el trabajo de Kilómetro 0 con su reticencia a divulgar los títulos completos de los informes, ocultando así la naturaleza, el alcance y los hallazgos principales de la investigación, como es el caso del informe Ignorancia deliberada. Este informe, se indica, tiene 17.000 palabras y 69 referencias bibliográficas y se centra de manera exclusiva en el grado en que la reforma ha cumplido con los mandatos específicos del Acuerdo de la Reforma relativos al uso de la fuerza.
En el caso del informe Licencia para Matar, la organización defiende que el informe de 2014-2020 es un documento de 50 páginas, 12.500 palabras y 43 referencias bibliográficas, que fue elaborado en respuesta a la falta de rendición de cuentas de la PPR respecto a las muertes causadas por el uso de la fuerza policial. “El informe documenta la persistente negativa de la agencia a divulgar información relacionada con estos casos, lo que genera un déficit de escrutinio institucional y público”.
La organización señala al tribunal que dicho informe sostiene que la PRP nunca ha articulado una política que se comprometa a reducir las muertes derivadas del uso de la fuerza policial, una política que es coherente con el párrafo 22 del Acuerdo de Reforma de la Policía, que exige la desescalada.
Entre otros señalamientos, Km 0 cuestiona ante el tribunal los planteamientos del Departamento de Justicia federal para que se rechacen sus informes:
- ¿Desde cuándo el sesgo racial en el uso de la fuerza policial ha dejado de ser relevante para el DJ de EE. UU.? Según la argumentación del DJ, esto no es relevante.
- ¿Desde cuándo se puede formular una crítica metodológica sin pruebas, razonamientos ni un criterio sólido?
- ¿Desde cuándo debe la investigación priorizar la cantidad y la exhaustividad sobre la calidad y el análisis en profundidad? Esto en contra de la afirmación del DJ de que una metodología centrada es “de utilidad limitad”.
El pasado 21 de agosto, el juez Francisco Besosa concedió a la petición del DJ y ordenó que se eliminaran los informes de Kilómetro Cero, por tratarse de una presentación no autorizada por parte de un tercero. También, que no se admitiría ninguna otra presentación de Kilómetro Cero ni de ningún otro tercero.
El director de Investigación de Km 0 reaccionó sobre el cambio de postura del Departamento de Justicia que una cosa es hablar de la motivación y otra es hablar de las consecuencias. “Hablar de la motivación es un poco difícil, pero queda claro que las consecuencias son evitar que haya información por un cuerpo externo al monitor federal que documente cómo, sistemáticamente, el monitor federal se abstiene de evaluar el impacto de la reforma en la práctica de los policías en la calle”.
Avilés Vera añadió que una de las consecuencias es el hecho de que no hay ninguna investigación científica rigurosa con los propios datos de la Policía en dicho expediente. “Nosotros somos los únicos que está haciendo investigación conforme al uso de fuerza. Al eliminarlos, simplemente se pierde la posibilidad de que haya información científica y rigurosa con los propios informes de la Policía para evaluar sus ejecutorias”.
Denunció que la consecuencia final de omitir los informes es que se ignora el fracaso de la reforma. “La reforma, según sus propios objetivos, según los datos, los informes producidos por la Policía cuando se analizan estadísticamente por un ente externo al monitor, demuestra un fracaso en los asuntos relacionados al uso de fuerza. El objetivo del Departamento de Justicia era eliminar esa posibilidad”.
El acuerdo inicial de la reforma de la Policía fue firmado entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico, a nombre de la Policía de P. R., en el 2013. En su página 100, párrafo 300, dice que 10 años después de la fecha de efectividad, cualquiera de las dos partes puede buscar que se termine este acuerdo. La terminación sería presentada por el Gobierno de Puerto Rico. Se supone que la Policía, tiene que notificar al DJ EE UU que ha determinado que está en cumplimiento con el acuerdo. El monitor, por su parte, tendría que presentar al juez que, en efecto, se está cumpliendo con la reforma, y el juez decide.
Pero pareciera que el DJ está por salir del caso, pero no el monitor. El Gobierno de Puerto Rico tiene que, por imposición del tribunal federal, separar $20 millones anuales para sufragar la reforma. De estos, $2.5 millones son para la oficina del monitor, que dirige John Romero, quien ocupa el puesto desde el 2019. Su salario es $215 mil anuales.
En tanto, Avilés Vera denunció que la situación es una cuestión colonial bien seria. “Las voces de organizaciones de Puerto Rico no valen para nada en este asunto porque al decir que nuestros informes no son relevantes, la única voz con investigaciones científicas y rigurosas se elimina totalmente de ese expediente. Por lo tanto, más colonial no puede ser. Los puertorriqueños no tenemos credibilidad cuando nos toca hacer investigación sobre cómo funciona la Policía”.
En entrevista por separado al exdirector ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico, licenciado William Ramírez, no le sorprendió la petición del Departamento de Justicia.
El licenciado Ramírez, quien bajo su dirección ACLU impulsó la reforma, confirmó que nunca ha habido un ente de la sociedad civil en el proceso. La única ocasión que intervinieron organizaciones de la sociedad civil fue cuando se les invitó a la firma del documento en La Fortaleza.
“La reforma, todo depende de quién es el presidente de Estados Unidos y su secretario de justicia. La reforma está muerta temporeramente. Mientras esté Trump, el Departamento de Justicia, está en la de eliminar todo lo que consideran liberal, antipolicía, grupos minoritarios y cualquier cosa que caiga dentro de sus renglones”. Indicó que todas las reformas en Estados Unidos relacionadas con las policías, incluida la de Puerto Rico, están aguantadas.
Añadió que aunque el Gobierno de Puerto Rico nunca ha estado feliz con la llamada reforma debido a que realmente nunca ha tenido el éxito que debiera haber tenido, aun así se dieron algunos cambios notables en la PPR. “Me imagino que la actual gobernadora, dudo, que quiera hacerlo, pero por otro lado no toman la iniciativa de decir estamos en contra y oponerse”.
El experto en Derechos Civiles afirmó que en su opinión la reforma está muerta y que aunque nunca ha tenido el éxito que debió haber tenido, porque nunca ha tenido el respaldo real de los gobiernos de Puerto Rico, muere por completo al entrar Trump a la presidencia.
“Creo que una vez salga el presidente, una nueva administración va a revivir la reforma. La Policía de Puerto Rico ha sido siempre una represiva. En el futuro de haber otro tipo de administración que no sea MAGA, si no son ese tipo de persona, creo que el Departamento de Justicia reviviría la reforma”.
Llevan asuntos de Puerto Rico ante el Concejo municipal de la Ciudad de Nueva York
Derogar la Ley 22 (Ley 60), detener el proyecto Esencia y detener las prácticas ilegales de los fondos buitres fueron parte de los asuntos de Puerto Rico de los cuales ofrecieron testimonios, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, y la licenciada Rosa Seguí Cordero, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ante el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York.
En comunicado de prensa, se dio a conocer que la comparecencia el 28 de septiembre fue parte de la evaluación por la Comisión de Asuntos Culturales de cuatro resoluciones presentadas por la Concejal Alexa Avilés. Las resoluciones sobre las que se ofrecieron testimonios fueron la Núm. 27-2026, para detener las prácticas ilegales de los fondos buitres en relación a las deudas gubernamentales; la Núm. 28-2026, para ponerle fin a la Junta de Control Fiscal; la Núm. 372-2026, con el fin de derogar la Ley 22 (Ley 60), y la Núm. 494-2026, para detener el Proyecto Esencia en Cabo Rojo.
González Costa y Seguí Cordero comparecieron de manera virtual y expresaron su apoyo firme a las referidas resoluciones, lo que provocó que al concluir ambas ponencias el público presente aplaudiera en apoyo a sus expresiones. Además, depuso Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades, entre otras personas.
El senador del PIP declaró: “Los asuntos como la amenaza que representa el proyecto Esencia, la existencia de la Junta de Control Fiscal y el paraíso fiscal promovido por la original Ley 22 son asuntos que se relacionan entre ellos, pues promueven el empobrecimiento de los puertorriqueños, desplazamiento de comunidades e incluso ponen en peligro nuestro patrimonio y recursos naturales.”
“Puerto Rico no es mercancía”, acotó el senador del PIP al final de su ponencia. “Puerto Rico no debe ser gobernado por una Junta no electa, los puertorriqueños tienen el derecho a decidir sobre su propio futuro”, concluyó, González Costa.
Por su parte, la licenciada Seguí expresó en la vista que “debido a las medidas impulsadas por la Junta de Control Fiscal, se profundiza la crisis en el país y se recortan servicios esenciales. Hoy en día, hay menos acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda, y los empleos con salarios y condiciones adecuadas son escasos.”
En declaraciones escritas, la portavoz de MVC señaló que “se ataca a la Universidad de Puerto Rico y se le da paso a lujosos proyectos destructivos del medio ambiente inaccesibles para la mayoría, mientras se privilegia el pago de una deuda colonial que es impagable”. Seguí añadió que “la vida diaria en Puerto Rico, que es extremadamente difícil, se complica aun más por el impacto de las medidas de austeridad que se han impuesto en el país y que se siguen imponiendo, ahora impulsadas por la Junta.”
Ambas colectividades afirmaron su fuerte rechazo al proyecto Esencia en Cabo Rojo, por lo que apoyaron la Resolución 494, de la autoría de la concejal, para unirse al reclamo popular de puertorriqueños y puertorriqueñas en Puerto Rico y Nueva York en contra de la destrucción ambiental, privación de servicios esenciales, desplazamiento y extractivismo que ocasionará el megaproyecto Esencia.
