CLARIDAD
El 2021 fue un año cargado de noticias repetidas y circulares, típico de una colonia que también lleva 513 años repitiéndose. Este año no enfrentamos huracanes ni terremotos y los temas que coparon la atención de los medios vienen destacándose desde hace décadas: violencia contra la mujer, agresiones al ambiente, el peso enorme de la deuda pública y la eterna corrupción que brota del llamado “sector privado” para arropar el público.
Sólo cambia el nombre del corrupto
La noticia que cerró el año fue el destape de algunos actos de corrupción que, a pesar de ser tan comunes, siguen sorprendiendo. A finales del año anterior los destapados fueron legisladores del PNP –María Milagros Charbonier y Néstor Alonso- y al cerrar el 2021 se abrió el pozo séptico de varias alcaldías. Al 20 de diciembre ya eran 4 los municipios impactados -Cataño, Guaynabo, Aguas Buenas y Trujillo Alto- pero todo indica que la lista será más larga porque en el centro del lodazal están dos empresas que tienen contratos con al menos 38 ayuntamientos.
En este artículo no hablaremos del esquema, tan repetido como la corrupción misma, ni de los personajes que, para resaltar el bipartidismo podrido, se dividen por mitad entre el PNP y el PPD. Vamos a hablar de lo que las noticias nos dicen del impacto que estos esquemas tienen en el servicio al pueblo. El robo al nivel municipal se concentra en las dos áreas que consumen el porcentaje más alto del presupuesto municipal: el recogido de basura y el arreglo de calles. Los nombres de los dos entes corporativos utilizados para el robo así lo indican: Waste Collection y J.R. Asphalt.
Desde hace veinte años los gobiernos del PNP y del PPD, mayormente los primeros, vienen vendiendo la privatización de los servicios públicos como la gran panacea, mientras proyectan el “sector privado” como un modelo de eficiencia y efectividad. Al amparo de esa doctrina, los municipios disolvieron los departamentos encargados del recogido de basura y arreglo de calles, despidiendo o mandando a retiro a sus empleados. Ahora vemos cómo esa privatización se convirtió en el combustible que alimenta la corrupción. De igual forma. tras los últimos arrestos nos explicamos por qué hay tanta basura en las calles y los vertederos están colapsados, y también por qué esas mismas calles están llenas de rotos.
Otro efecto residual del binomio privatización-corrupción es el empobrecimiento de la clase trabajadora. Distinto a cuando estos servicios se ofrecían con empleados municipales, que tenían protecciones laborales y beneficios marginales legislados para el sector público, los privatizadores pagan el más mínimo de los salarios con cero beneficios. De esa forma los empresarios del “sector privado” aseguran tanto su ganancia como el dinero necesario para los sobornos. En resumen, es el pueblo el que carga con todas las consecuencias, aporta el dinero que roban y sufre el mal servicio.
El martirio de Andrea, Keishla y muchas más
La violencia contra la mujer fue otra noticia repetida en 2021, incluso, más que la corrupción, pero, diferencia de esta, dejó un largo rastro de sangre y dolor. Todos los casos fueron dolorosos, pero hubo varios que sobresalieron por la crueldad empleada contra la víctima o porque demostraron la inefectividad de los mecanismos creados para protegerlas.
Entre los más crueles destaca el caso de Keishla Rodríguez, la joven veinteañera que acudió con alegría a la cita donde informaría de su embarazo y encontró la muerte. El presunto padre de la criatura primero la agredió, luego la drogó y finalmente la asesinó.
Ese caso fue esclarecido con rapidez y sus asesinos están presos en espera de juicio. El sustrato que dejó es el de siempre, el de un agresor producto de una sociedad patriarcal donde la mujer sigue siendo tratada como un objeto. También refleja la inoperancia de las instituciones creadas para atacar esa realidad. Como sucede con la corrupción, en Puerto Rico hay un entramado institucional y un cuerpo de leyes que se supone protejan a las mujeres, pero igual como ocurre cuando roban fondos públicos la efectividad de estas depende de quienes las dirijan o las hagan cumplir.
El fracaso de ese entramado quedó evidenciado en otro caso notorio de feminicidio que nos impactó en abril y cuyas repercusiones todavía se sienten: el de Andrea Ruiz Costas. El asesinato de Keishla tal vez no podía haber sido prevenido porque no había dado señales de sus intenciones. Muy distinto fue el caso de Andrea.
Contrario a Keishla, que casi era una niña, Andrea era una joven madura, educada y conocedora de los mecanismos de protección que le da el marco legal. Cuando se sintió perseguida y amenazada de inmediato reclamó el amparo que se supone le den las leyes y el sistema judicial que las implementa. Lo hizo en una ocasión y le fallaron. A pesar de ese fracaso volvió a intentarlo motivada por ese mecanismo de defensa propia que todos llevamos dentro. Otra vez las instituciones fallaron.
Curiosamente fueron otras dos mujeres, juezas del Tribunal de Primera Instancia, las que dejaron a Andrea a disposición de su asesino. La primera, Ingrid Alvarado, uno de esos casos súper repetidos donde el nombramiento es producto del contacto político y no del talento (ejemplo adicional de corrupción pública) la atendió de noche, llena de fastidio, y ni siquiera la escuchó. La segunda, Sonya Nieves, la interrogó, pero no le creyó. “Que pase un buen día”, le dijo cuando la despidió con las manos vacías. Ese buen día nunca llegó porque el querellado que el tribunal dejó ir la estaba esperando.
La gran herida social que dejó este caso se agrandó con la actuación posterior del mismo sistema judicial. Esa estructura, que no se movilizó en defensa de Andrea, dejándola a disposición de su asesino, sí actuó con prontitud para amparar a las dos juezas que la habían dejado indefensa. Los expedientes judiciales fueron sellados y mantenidos en secreto, para que nadie pueda conocer lo que de verdad ocurrió. A pesar de los reiterados pedidos de la familia de Andrea, el secreto protector se mantiene. La investigación que supuestamente hizo la Administración de Tribunales sobre lo sucedido en las salas “especializadas”, terminó exonerando a las magistradas, protegidas por el vago concepto de “discreción judicial”.
El recuerdo de Andrea, cuyas hermosas manos perduran en una obra de arte de nuestro Antonio Martorell, quedará como recuerdo de un año en el que la violencia volvió a repercutir con fuerza sobre la mujer por el solo hecho de serlo.
El ambiente como víctima y estímulo
El ambiente fue otra víctima del año 2021, pero las transgresiones que sufrió estimularon una lucha de la que podemos sentirnos orgullosos. La primera parte del año sirvió de escenario a un caso que puso sobre el tapete todos los factores que de ordinario se juntan para atacar nuestros recursos naturales y, similar a lo que ocurrió con la corrupción, terminamos el año con otro del mismo tipo.
El caso que capturó la atención del país a principios del año se escenificó en Rincón donde los titulares de un condominio playero, erigido en plena zona marítimo-terrestre, habían conseguido todos los permisos para construir una piscina privada en plena playa. Curiosamente, hecho de que las olas que levantó el huracán María habían destruido otra que tuvieron en el mismo lugar no fue señal de transgresión para los funcionarios públicos que otorgaron los permisos. El historial indicaba que la ubicación era impropia, pero tras un proceso cargado de interrogantes la impropiedad se repitió.
La naturaleza misma se encargó de denunciar la ilegalidad de la construcción, cuando una tortuga marina con la urgencia de desovar quedó atrapada en la verja que cercaba la playa. Las denuncias de los defensores del ambiente, junto a la evidencia dramática aportada por la naturaleza, hicieron que aflorara la cadena de irregularidades durante el proceso de otorgación de los permisos. Estas fueron tan evidentes que la propia Junta de Planificación acudió a los tribunales a solicitar la cancelación de la autorización.
Este caso dramatizó, ¡una vez más!, toda la corrupción que subsiste en el proceso para el otorgamiento de los permisos de construcción, desde los “gestores” que certifican como correcto lo que evidentemente no lo es, hasta los funcionarios que evitan mirar la irregularidad. Puede que ese proceso sea el resultado de algún soborno o de la influencia de un político o empresario poderoso, pero independientemente de si hay o no dinero de por medio, la corrupción es la misma y también el efecto nocivo sobre los bienes públicos. En el caso de Rincón, la movilización ciudadana que, como siempre, debió enfrentar en ocasiones la represión policial, obligó a detener la construcción, pero en el país hay miles de casos similares que escapan de la denuncia pública y que solo afloran cuando algún fenómeno natural los destapa.
Rincón evidenció otro factor presente en todo caso de corrupción pública: la impunidad. Ninguno de los funcionarios que burlaron la reglamentación, comenzando por el Secretario d Recursos Naturales Rafael Machargo, ha enfrentado consecuencias luego de haberse probado su actuación ilegal. Todos siguen en sus cargos haciendo lo mismo que antes.
La corrupción callada que se manifiesta en el proceso parta otorgar permisos de construcción, resurgió a finales del año cuando residentes del Luquillo, otro municipio costero, fueron sorprendidos por las excavadoras que tapaban un humedal para construcción de un hotel. Igual que en Rincón, el desarrollador, que es otro protegido del Gobierno, tiene todos los permisos a pesar del delicado ecosistema que estará siendo arrasado.
La quiebra termina con otra en el horizonte
A lo largo de 2021, igual que en los últimos siete años, el tema de la quiebra de las finanzas públicas copó las páginas de los periódicos y la atención de la ciudadanía. Este año, además, el debate tuvo consecuencias porque comenzamos el año con la certeza de que la deuda es impagable y lo términos sabiendo que de todos modos la pagaremos y, peor aún, la garantizamos con una hipoteca que se prorroga por otros cuarenta años.
Al menos desde 2014, cuando así lo reconoció el entonces gobernador Alejandro García Padilla, se sabe de forma “oficial” que la deuda pública de Puerto Rico es impagable. Desde 2016 conocemos, además, que el Congreso de Estados Unidos nos impuso una Junta de Control Fiscal para que se asegurara que los acreedores, que en ese momento ya estaban representados de manera prominente por los fondos buitres, cobraran sus acreencias. Para asegurarse ese objetivo, nos sometieron a los dictámenes de un tribunal especial que sesiona desde Nueva York, con una juez seleccionada por el presidente del Tribunal Supremo estadounidense, ante quien la Junta comparece “en representación del pueblo de Puerto Rico”.
En la segunda mitad de 2021 la JCF sometió ante la jueza de Nueva York un Plan de Ajuste de la Deuda que le entregaría $9 mil millones a los buitres a modo de pronto pago. Tras ese adelanto, nuestro País queda obligado a pagar $1,500 millones anuales por otros 40 años. A pesar de que los economistas más prestigiosos advirtieron que el acuerdo asegura que habrá una segunda quiebra, porque la deuda volverá a ser impagable, el proceso siguió su curso y el Plan será ratificado por la jueza neoyorquina a principios de 2022.
El proceso hacia la conformación del Plan de Ajuste se dio durante la segunda mitad del año y todo el País observó cómo los funcionarios electos por el pueblo puertorriqueño, divididos entre el PNP y PPD, se plegaron a los deseos de la Junta. Para que la propuesta avanzara era indispensable que la Legislatura puertorriqueña actuara, autorizando, entre otras cosas, la emisión de nuevos bonos que sustituirán a los que ahora mismo están en manos de los buitres. Ese poder reconocido a la Legislatura pudo haber sido utilizado para detener el golpe, pero la mayoría del PPD que controla el poder legislativo impuso un proceso confuso y ambiguo que, con un fraseo que parece proteger tanto a la UPR como a los pensionados, autoriza la nueva emisión que la Junta requería. Ahora el asunto está planteado ante la jueza de Nueva York que se apresta a “interpretar” lo que decidió la Legislatura puertorriqueña, según el pedido de la JCF.
El golpe se confirmará a principios del nuevo año y seguirá sintiéndose por otros cuarenta.
Pero la esperanza llegará
El 2021 repitió muchos males. También añadió otros, como el pésimo servicio eléctrico que nos trajo la nueva privatizadora, LUMA Energy. Pero a lo largo del año vimos que, a pesar de los golpes y las traiciones, el País cuenta con un pueblo vivo que irá imponiendo cambios. Las movilizaciones que vimos en Rincón a principios de año se repitieron más tarde en las protestas contra el pésimo servicio eléctrico, a pesar de la pandemia. El despertar que se manifestó en las urnas en las elecciones de 2020 seguirá su curso.
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