Editorial:  Guardia en alto ante el asalto a la escuela pública

 

Un reportaje de prensa publicado hace unos días advierte sobre la intención del gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP de cerrar otras 83 escuelas públicas. Estas se sumarían a las cientos de escuelas cerradas hace apenas tres años por la ahora convicta ex Secretaria de Educación Julia Keleher, durante la administración del Ex gobernador y ahora cabildero del PNP en Wáshington, Ricardo Rosselló.

El gobernador Pierluisi y el Secretario de educación interino, Eliezer Ramos Parés- quien enfrenta  su proceso de confirmación en propiedad en el  Senado- han negado públicamente que haya cierres. Pierluisi dijo que la noticia indica “desinformación”. Ramos asegura que no hay un plan para el cierre de escuelas en el DE.  Sin embargo, sabemos que, al menos en el papel, el plan existe porque fue divulgado y hemos leído la lista de escuelas que contiene. En dicho documento del DE se barajan 83 nombres de escuelas públicas a través de todo Puerto Rico como parte de un plan de consolidación de escuelas trabajado al interior de dicha agencia. En el argot del DE, “consolidar” es sinónimo de cerrar una escuela y reubicar sus estudiantes.

Ha trascendido que el documento surgió de la oficina del Sub secretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, y que se publicó sin la autorización de Ramos Parés.  El sub secretario Sánchez es una figura controversial. Su nombramiento al segundo puesto más alto del DE por el gobernador Pierluisi fue públicamente cuestionado, no solo porque carece de las credenciales como educador para un puesto de esa jerarquía, sino porque dio la impresión de ser un premio político. Hombre de confianza del jefe de campaña electoral de Pierluisi, Edwin Mundo, Sánchez había sido nombrado como Comisionado Electoral del PNP durante el tramo final de la campaña que culminó con el apretado triunfo del hoy Gobernador en la  elección general del año 2020.  El tránsito de Comisionado Electoral a Sub secretario de Educación temprano en el 2021 fue, cuando menos, una movida súbita y sorpresiva.

Por situaciones como esa, algunos medios de prensa y la opinión pública han comenzado a cuestionar las repetidas negativas del Gobernador y del secretario actual del DE, y las versiones contradictorias sobre la procedencia y propósito del documento con la lista de escuelas que ha trascendido. Nuestro pueblo tiene razones de sobra para desconfiar de un DE que está en sindicatura fiscal por el gobierno federal tras décadas de descalabro en sus finanzas y una profunda decadencia. Su más reciente escándalo está aún fresco e involucró a la mismísima Julia Keleher. Entre otros delitos, esta fue convicta en el foro federal por fraude y soborno al comprobarse que cedió el terreno de una escuela pública a un empresario privado, a cambio de un apartamento para ella.

Por eso, los puertorriqueños y puertorriqueñas que creemos en una educación pública gratuita y de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes, tenemos que mantener la guardia en alto ante el asedio de los mercaderes de la educación contra las escuelas y la educación pública en nuestro país. Todas las escuelas contenidas en la lista que ha trascendido ofrecen un servicio esencial a la población infantil y juvenil en las comunidades, pueblos y regiones donde ubican. Ya Puerto Rico ha perdido cientos de sus escuelas con el cierre masivo, atropellado y criminal de hace tres años. Otras son joyas que no pueden dejarse perder, bajo ninguna circunstancia, como la Central de Artes Visuales, la Julián Blanco de danza, la de agricultura de Adjuntas, o cualquiera de las escuelas libres de Música. Ya tenemos el ejemplo de la Escuela Luchetti, cerrada por el DE, y vendida por una bagatela a otra escuela privada y privilegiada -la St. John- de la misma vecindad de El Condado. ¿Será ese “el plan oculto” para la majestuosa Central de Artes Visuales o para la Julián Blanco, extraordinarias propiedades públicas que tendrían un alto valor monetario en el actual “ambiente” de bienes raíces en San Juan?

El régimen colonial de Estados Unidos impone en Puerto Rico sus reglas del juego, donde ahora campea por sus respetos el más desaforado capitalismo neoliberal. Esa ideología privilegia la superioridad de lo privado sobre lo público. Una ruta depredadora que permite al capital privado apropiarse de todo lo público que tenga valor monetario, a través de la gestión de funcionarios públicos de poca moral pero con acceso a la información privilegiada que le ofrecen los puestos que ocupan. Así es que se crean las estructuras y los esquemas que conducen a la venta de importantes bienes públicos, y de paso, se enriquecen personalmente dichos funcionarios corruptos.

Ninguna persona de bien pensaría que una escuela pública pueda o deba ser una fuente rápida de enriquecimiento personal. Tristemente, las experiencias de corrupción pública y privada en Puerto Rico durante las últimas décadas nos indican lo contrario. Por eso, hay que redoblar la vigilancia y la militancia para evitar, a toda costa, que se sigan robando la educación pública de calidad a la que tienen derecho nuestros niños, niñas y jóvenes.

 

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