Aunque la pandemia del Covid-19, con sus diferentes variantes, síntomas, brotes, repuntes, hospitalizaciones y fatalidades, ha copado los titulares e informaciones de los medios de prensa y la atención del país a lo largo de los pasados dos años, es cierto que nuestra población ha seguido igualmente sumergida en la vertiginosa sucesión de eventos políticos, económicos y sociales que le han marcado una huella indeleble. Con el Covid-19 de trasfondo, hemos llegado también al fondo del abismo de la profunda crisis del sistema colonial en Puerto Rico, la cual se había ido cuajando por muchas décadas hasta desembocar en la decadencia y el lastre actual.
Esta crisis, que se agudizará más a partir del año 2022, ha cubierto como un velo nefasto toda nuestra convivencia colectiva. Ha durado tanto tiempo que ya su costra estaba adherida a nuestra piel desde mucho antes de la pandemia o de los devastadores desastres naturales que la precedieron. Su momento más reciente se ha caracterizado por la aplicación rigurosa de la llamada “doctrina del shock”, tan propia de esta etapa neoliberal del capitalismo. Esta ha sido metódicamente ejecutada en esta colonia de Estados Unidos a través del Congreso metropolitano y su Ley PROMESA, la Junta de Control Fiscal (JCF), y el Tribunal de Distrito Federal de Título III; los gobiernos coloniales sucesivos del PPD y el PNP y las Asambleas Legislativas correspondientes, y la casta privilegiada de aventureros y especuladores del Norte y del patio que persiguen afanosamente, y por cualquier medio, llenarse los bolsillos con la explotación de nuestro país y de nuestra gente.
Por eso, fiel a su trayectoria de lucha y resistencia, los sectores más alertas del pueblo puertorriqueño no se han dejado confundir ni amilanar por el peso de la coyuntura actual, ni por la embestida de las fuerzas anti puertorriqueñas del capital alentadas por leyes, reglamentos y contratos acordados a la medida de sus intereses por los gobiernos de turno y la JCF. Queda, entonces, pendiente en la agenda de nuestro pueblo para el 2022 enfrentar a los enemigos de Puerto Rico y dar continuidad a iniciativas cruciales que preserven y protejan la integridad del territorio nacional y de nuestra población hacia el futuro. Por ejemplo, continuar apoyando la lucha organizada contra la construcción de proyectos de cualquier tipo que afecten el entorno y las especies naturales en la zona marítimo terrestre, o la del karso, los humedales o los bosques, entre otras áreas de alto valor ecológico. O seguir ampliando la denuncia contra leyes injustas como la Ley 22(60), un subterfugio legal que promueve que millonarios extranjeros se muden a Puerto Rico para evadir pagar impuestos al gobierno federal. Esto promueve el “gentrification” o desplazamiento físico de nuestra población de sus propiedades que serán sustituidas por enclaves de lujo exclusivos para los nuevos colonizadores.
Nuestro pueblo tendrá que continuar, junto a los líderes de las comunidades afectadas, combatiendo los depósitos de cenizas tóxicas de la carbonera en Guayama y Peñuelas, o la instalación indiscriminada de antenas y radares en muchas comunidades, o la destrucción de vecindarios por los alquileres turísticos AirBnB, o el potencial peligro de las nuevas líneas submarinas de gas natural, o tendrá que seguir rescatando quebradas y riachuelos ahogados por el cemento de las construcciones. Todas estas situaciones son nocivas y peligrosas para la salud, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de nuestras comunidades urbanas y rurales.
Igualmente, continuará la lucha junto a viequenses y culebrenses por un transporte marítimo, desde y hacia sus islas, que sea eficiente, confiable y asequible. Se seguirá protestando por los apagones e interrupciones continuas de servicio y los aumentos abusivos de tarifas que promueve Luma Energy, o demás aumentos de tarifas de agua potable, peajes y servicios gubernamentales, los cuales achican aún más el menguado presupuesto de nuestras familias trabajadoras.
Habrá que seguir luchando junto a nuestras mujeres contra la violencia machista que no da tregua, y por adelantar los reclamos de inclusión y equidad de género. También se luchará junto a estudiantes, padres y maestros de la escuela pública por sus legítimos reclamos, y junto a las fuerzas vivas de la Universidad de Puerto Rico para que no se siga destruyendo nuestra única universidad pública. Finalmente, se continuará batallando contra la dictadura de la JCF y el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que finalmente se apruebe. No importa cuántas versiones o enmiendas del PAD se hagan, o cuantos reclamos se eleven, o cuantas necesidades haya en Puerto Rico, sus consecuencias serán las mismas: nuestro pueblo pagará el precio para que los buitres cobren.
Por eso, la agenda urgente de nuestro pueblo para el año 2022 debe acordarse y trazarse para que abarque mucho más que el Covid-19.
