Alianza por Transparencia: el Caso de Andrea Ruiz Costas

 

CLARIDAD

La Alianza Pro Transparencia (APT) emplazó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a que por vía de ley garantice el derecho de todas y todos los puertorriqueños a saber. Este reclamo se da tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no expedir un auto de certiorari y revisar la determinación de la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que impidió la divulgación al país, a la prensa y a la familia de los audios y videos de los procesos judiciales en los que Andrea Cristina Ruiz Costas testificó como víctima de violencia de género.

El recurso ante ese tribunal fue radicado el 29 de octubre por la APT, ente integrado por las organizaciones periodísticas Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC). A esta solicitud se unió también  la Clínica de Medios y Acceso a la Información de la Universidad de Yale (MFIA, por sus siglas en inglés).

En comunicado de prensa, la APT expresó que se mantiene firme en que el país y sus periodistas tienen derecho a acceder a los procesos civiles y criminales que no sean declarados confidenciales por ley, como en el caso de Andrea Cristina Ruiz Costas, víctima de un feminicidio.

“Con la posición del alto foro federal de no intervenir, se mantiene una nefasta decisión que podría impedir que la ciudadanía pueda conocer cómo se conducen los procesos en los que se discute un mal social que no parece tener tregua, que destruye familias y nos arrebata las vidas de nuestros seres queridos. El Poder Judicial de Puerto Rico no está exento de ser fiscalizado con el mismo rigor que el resto de las ramas de gobierno, por lo que la lucha por la transparencia y rendición de cuentas no ha terminado”, sentenció la presidenta de la ASPPRO, Damaris Suárez.

Agregó que en vista de que fuera del TS de Puerto Rico parece haber consenso en que la información solicitada al amparo del derecho constitucional de libertad de expresión y prensa debe ser pública, la APT redoblará esfuerzos en la Legislatura para que sean estos los que reafirmen lo que ya está claro en la ley y en la jurisprudencia interpretativa. La ASPRO trajo a la atención que tanto el  gobernador, Pedro Pierluisi, y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, se han expresado públicamente a favor de la divulgación de estos audios, por lo que considera que ya eso es un gran logro para el derecho de acceso a la información.

En tanto, el presidente del OPC, Luis Guardiola, sostuvo: “El derecho a saber y a discutir cómo se conduce nuestro sistema de justicia es uno de los pilares más importantes de la democracia participativa. Llegó el momento en que nuestros legisladores y legisladoras coloquen la acción donde han empeñado su palabra”.

El representante legal de ASPPRO durante todo el proceso,  Rafelli González Cotto, afirmó que el pueblo de Puerto Rico puede estar confiado en que sus periodistas no claudicarán en continuar llevándoles la información sobre cómo su gobierno maneja esta problemática para el beneficio de sus ciudadanos. Por su parte, el licenciado Edgar Villanueva Rivera, sostuvo que está esperanzado en que la labor realizada continúe provocando cambios sustanciales en el sistema de justicia en cuanto a la violencia de género.

En comunicado de prensa por separado, la MFIA, expresó que aunque la decisión del tribunal era una decepcionante e incorrecta, su determinación no es un respaldo a la determinación de la Corte Suprema de Puerto Rico, enfatizó el licenciado Stephen Stich, abogado de récord de MFIA junto al director de la Clínica, el licenciado David Schulz.

“Irónicamente, la ausencia de un expediente bien desarrollado, que fue causado por la negativa de la Corte Suprema de Puerto Rico en permitir que la ASPPRO presentara argumentos en cualquier etapa del procedimiento, bien pudo haber contribuido a la decisión de la Corte de no tomar el caso. Aunque este no es el resultado deseado, nos alienta que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, respondió a las preocupaciones de ASPPRO al anunciar el nuevo programa Court Watch. Esperamos que el Poder Judicial puertorriqueño continúe ampliando el acceso a los tribunales y que la Legislatura puertorriqueña enmiende la Ley de la Judicatura de 2003 para aclarar que los procedimientos por violencia doméstica están abiertos al público”, añadió Stich sobre al desenlace del caso.

El caso de Ruiz Costas cobró notoriedad al conocerse que  Andrea Cristina Ruiz Costas buscó protección de su exnovio, Miguel Ocasio Santiago, en los tribunales. En marzo del 2021, Ruiz Costas acudió al tribunal por tres ocasiones en una semana, pero sus peticiones de protección fueron denegadas. Poco después de que su última solicitud fuera denegada, Ruiz Costa fue asesinada por Ocasio Santiago.

En  denuncia sobre la falta de transparencia en los tribunales, tanto OPC como ASPPRO acudieron al tribunal exigiendo copias oficiales de las grabaciones de audio de los procedimientos de las vistas en el Tribunal de Primera Instancia que había denegado las solicitudes de protección de Ruiz Costas.

 

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