CLARIDAD
Luego de una sentencia obligatoria emitida en este mes de enero por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y a casi tres años de una decisión del Tribunal Supremo (TS), que declaró nulo el Reglamento Conjunto del 2020 (Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocios), la Junta de Planificación (JP), por fin se dispuso a someter a vistas públicas el Reglamento adoptado de emergencia en el 2023.
En entrevista con CLARIDAD, el planificador y exmiembro de la JP, Pedro Cardona Roig, expuso que, en junio del 2023, el Tribunal le dijo a la Junta que no podía continuar utilizando el Reglamento del año 2020, el cual ya se había declarado nulo por el Tribunal Apelativo. El mismo día de la decisión del Tribunal, la Junta adoptó un Reglamento de Emergencia; pero el hecho es que la Junta solo cambió la portada al documento y mantuvo todo el contenido del reglamento declarado nulo.
Se supone que ese “reglamento de emergencia” está sujeto a la Ley de Planificación de 1975, que establece que aunque la JP puede adoptar un reglamento de emergencia, tiene un plazo no mayor de 90 días para anunciar el proceso de vistas públicas para dicho reglamento. La Junta tampoco cumplió con esta ley.
En enero de este año 2025 se presentó un recurso extraordinario para demandar que la Junta cumpliera con la determinación del Tribunal del 2023 de que no podía continuar utilizando el reglamento de emergencia porque su propia ley dice que tenía que celebrar vistas públicas en 90 días y lo obligó mediante sentencia a anunciar vistas publicas en los próximos 30 días.
En abril la JP anunció que iba a celebrar vistas públicas durante el verano de 2025 para cumplir con la sentencia. Con poca difusión y solo mediante la vía virtual, la Junta ya llevó a cabo una vista en el mes de mayo y otra en julio.
El planificador, conocido en las redes sociales como El Urbanista, señaló que, la JP ha pretendido hacer ver a la ciudadanía que las vistas son solo procesales, para cumplir con el requisito de ley y aclaró que la ley establece que el contenido del Reglamento Conjunto debe discutirse durante las vistas. Entorpeciendo ese propósito, la JP decidió celebrar solo vistas virtuales y ninguna presencial. Además, el documento solo está accesible vía internet, lo que hace difícil a los ciudadanos revisar el documento de 1,700 páginas, contrario a años anteriores en que las personas podían acudir a la JP y tener acceso a los documentos.
Cardona Roig denunció que la persona de la JP que condujo la vista del mes de julio, Pablo Collazo, ni siquiera hizo una presentación del contenido del reglamento y que las pocas personas que se conectaron —menos de 20— no tuvieron el beneficio de una presentación ni una explicación de lo que se estaba diciendo. “Eso hace que la persona que se conecta no esté en posición de poder participar de los procesos. Eso también lo requiere la ley: que la Junta ponga al ciudadano en posición de poder participar de una manera activa del proceso”, señaló.
El urbanista recalcó que la JP tiene el mismo documento que viene arrastrando desde el 2019 y que el Tribunal Supremo, ya en dos ocasiones, le declaró nulo, por lo procesal. Denunció que lo sustantivo que se discutió en las vistas públicas no se tomó en consideración por el tribunal ni lo que ha dicho la ciudadanía de los disparates que tiene el RC y que nunca se han corregido.
En esa línea, mencionó tres asuntos fundamentales en el RC a denunciar. Lo primero es que, mediante el Reglamento Conjunto, la JP pretende atender la diversidad que existe en Puerto Rico entero. Por ejemplo, trata de forma igual el Condado y el poblado de Boquerón; trata igual Las Cabezas de San Juan y el Bosque Seco de Guánica, aun cuando son sistemas totalmente distintos; trata el Valle de Lajas exactamente igual que la Reserva Agrícola de la Costa Norte. “Es obvio que eso no puede ser”.
Cardona Roig destacó que el RC permite usos que son incompatibles con los lugares en los que se propone. Por ejemplo, entre otras cosas, permite los alojamientos a corto plazo (Airbnb) en distritos de conservación, en áreas que se han determinado como áreas de protección natural, lo que puede ser incompatible con las reservas naturales.
El Reglamento Conjunto también permite que en diversos distritos se permitan usos sin analizar su impacto ni otras consideraciones. Dio el ejemplo de que un área designada como dotacional, es decir, de uso público, como un parque en una comunidad donde hay instalaciones de recreación, el reglamento permite que esos espacios se puedan convertir en centros comerciales, hoteles u hospitales sin que medie una notificación a la ciudadanía. No hay la posibilidad de participar en esa decisión, que en cualquier lugar del mundo constituiría un cambio de uso.
Mientras, las comunidades tendrían que acudir al tribunal para refutar un acto que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) autorizó de forma administrativa. “Esto atenta contra el derecho ciudadano de acceso a la información y a participar de los procesos. Es discriminatorio sin lugar a dudas”.
Luego de la vista celebrada en mayo y julio, se supone que las próximas vistas sean una en agosto 20 y otras dos en septiembre. Una vez celebradas las vistas, la JP decide qué comentarios adoptar, pero no tiene la obligación de hacer un informe público y explicar qué comentarios adopte. La JP ya actuó de esta manera en el 2019, 2020 y en el 2023.
En peligro la zona del Karso
En consulta aparte sobre las vistas públicas, el planificador y gestor de la organización Ciudadanos del Karso, Abel Vale, manifestó que la JP lo que ha hecho en esta ocasión es cuidarse en el aspecto procesal para que el Reglamento no sea rechazado por el Tribunal, pero que sigue siendo el mismo.
Destacó que el RC da al traste con todo el Plan de Uso de Terrenos del pueblo de Puerto Rico y con el Reglamento del Área Especial del Carso, sin haber mediado ningún estudio que justifique los cambios que pretenden hacer. Defendió que para adoptar el reglamento que protege la zona del Carso el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tuvo que hacer, entre otros, estudios de ecología, hidrológica por casi 10 años, por lo que el reglamento no es un capricho, sino que está basado en el estudio de las necesidades de Puerto Rico.
Vale insistió en que el borrador del RC 2023, (el Reglamento de Emergencia) no tiene nada que justifique los cambios que pretende hacer la Junta de Planificación.
“Lo espantoso de este reglamento es que abre la puerta a que se haga cualquier cosa en cualquier lugar en Puerto Rico, como hemos visto con unas tendencias de capital extranjero comprando en muchas áreas en Puerto Rico; por ejemplo, Esencia. No dudamos que todo esto sea para facilitar todos estos proyectos, porque una vez los proyectos se aprueben, la ciudadanía no tiene ningún recurso para objetar. El único recurso que va a tener la ciudadanía es tirarse a la calle y protestar, porque lo que se está pretendiendo hacer es una barbaridad: dejar al pueblo de Puerto Rico sin un futuro, solo para conveniencia de unos pocos ganar mucho dinero en corto tiempo”.
