Este próximo 20 de septiembre se cumplen ocho años desde que el huracán María devastó a Puerto Rico, en lo que se considera el peor desastre natural de nuestra historia moderna. Tras el azote de María, nuestro pueblo tuvo que reexaminar todos los supuestos de la vida relativamente cómoda que se vivía, y enfrentar la prolongada escasez de servicios básicos que se daban por sentado, entre otros, luz eléctrica, agua potable, y comunicación digital, ese duende que a partir del desarrollo del Internet y las nuevas tecnologías se ha vuelto indispensable en la vida de la mayoría de nuestra gente.
La generalizada pobreza que existe en nuestros pueblos y campos mostró el rostro en toda su crudeza, pobreza que la mayoría de nuestros sucesivos gobiernos coloniales del PNP/ PPD- y también una buena parte de nuestro pueblo- se habían negado a confrontar cara a cara. Aparte de desnudar la vegetación y naturaleza tropical, el huracán María desnudó también la miseria humana que se escondía tras los rimbombantes pronunciamientos sobre “progreso y desarrollo” que tanto gustan a los politiqueros del patio. El paso de María costó las vidas de cerca de 5,000 puertorriqueños y puertorriqueñas, además de obligar a miles de familias a enfrentar la emigración forzada y el desarraigo como principal opción. El pueblo tuvo que sufrir también la desgraciada y fallida respuesta de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos- bajo Ricardo Rosselló y el PNP aquí, y en Washington, bajo Donald Trump y el cogobierno de Republicanos y Demócratas. La desidia e indiferencia gubernamental nos obligó a echar mano de nuestra proverbial “resiliencia” para afrontar los enormes retos de aquel momento y emprender por nosotros mismos la tarea de reconstrucción personal, familiar, comunitaria, y de país.
Como siempre, la dialéctica natural y de la historia sentó la pauta. El paso devastador de María- que ocurrió en medio de la crisis de la deuda pública, la caída estrepitosa de los bonos de Puerto Rico, la quiebra fiscal del gobierno colonial, la aprobación por el Congreso de la Ley PROMESA, y la instalación del supra gobierno regente de la Junta de Control Fiscal- fue también el detonante de un resurgir en la resistencia de nuestro pueblo ante lo que identifica como contrario a sus mejores intereses. Por eso, a partir de las nuevas experiencias de vida colectiva que nos legó la recuperación del huracán, la resistencia de nuestro pueblo frente a los malos gobiernos ha exhibido una renovada fortaleza y constancia. Ese espíritu de resistencia movió a multitudes de nuestro país a darse a respetar contundentemente ante los insultos y burlas del infame “chat” de Telegram, y exigir y lograr, con militancia en la calle, la renuncia del insensato gobernador Ricardo Rosselló, del PNP, en el verano de 2019.
Ese mismo espíritu ha motivado al pueblo a organizarse y defenderse de los desmanes de los sucesivos gobiernos de Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, y ahora, de Jenniffer González – todos del PNP- y de la falta de visión y liderazgo que llevó al colapso total de la Junta de Control Fiscal. La respuesta de dichos gobiernos a las crisis persistentes no ha sido impulsar desarrollo económico propio, ni usar los recursos de todos para el progreso del país. Ha sido la corrupción, la entrega a los grandes intereses extranjeros, el servilismo y la dependencia de Estados Unidos. Ha sido amarrarnos con un contrato a un monopolio de gas metano, volátil y sucio. Ha sido vender al mejor postor los recursos naturales más valiosos del pueblo- costas, playas, especies protegidas, tesoros arqueológicos, acuíferos, valles, montañas y espacios privilegiados- a millonarios extranjeros para enclaves turísticos, o proyectos exclusivos y excluyentes, que discriminan contra nuestra gente. Ha sido revivir el fantasma de la militarización, que ya fue derrotada en Vieques, Culebra y Puerto Rico por la acción, movilización y desobediencia civil del pueblo, para sumarnos a las nuevas aventuras guerreristas del imperio estadounidense en nuestra región, lo cual nos coloca en inminente riesgo de ataques por aquellos a quienes Estados Unidos considera sus enemigos.
Los signos de la resistencia de nuestro pueblo se observan dondequiera. Porque, mientras el desgobierno de Jenniffer González y el PNP privilegia el monopolio de “gas natural” de New Fortress Energy, avanza a paso firme la instalación de sistemas solares en techos residenciales y comerciales en Puerto Rico. Ya la energía solar representa un 10.3 % de la producción energética y cada mes se instalan un promedio de 3,200 de esos sistemas.
El presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, del PNP, traicionó a sus constituyentes y declaró recientemente ante la Asociación de Contratistas su apoyo a que se eliminen las salvaguardas y pueda construirse en el protegido Corredor Ecológico del Noreste. Mientras, los grupos que resisten la ofensiva desarrollista en terrenos y espacios públicos y protegidos, arrecian su lucha y avanzan en diferentes frentes. Escambrón Unido recurrió al Tribunal Supremo para impedir la construcción desmedida en terrenos de la playa Escambrón. El Tribunal de Apelaciones determinó hace unos días anular el deslinde del año 2022 del proyecto Punta Bandera en Luquillo, que compromete humedales, vida silvestre y zona marítimo terrestre. Y sobre Esencia, el megaproyecto turístico residencial propuesto para 2,000 cuerdas de terreno protegidas en el litoral de Cabo Rojo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) emitió un contundente informe el pasado 10 de septiembre reiterando su oposición al mismo.
Logros singulares e importantes que, sin embargo, no acaparan titulares en los grandes medios de prensa. Lo que sí logran es continuar trillando el camino de una resistencia nacional puertorriqueña madura e informada, que no se rinde ni se deja intimidar.
