El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) y otras organizaciones urgieron a la Legislatura y al Ejecutivo a que realicen una revisión inmediata de la Ley de Armas y establezcan controles estrictos sobre la expedición y renovación de licencias, para atender la crisis de violencia generalizada como consecuencia de la flexibilización de la Ley de Armas desde el 2020.
De acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), entre 2000 y 2020, el 87.6 % de los homicidios se cometieron con armas de fuego. En el caso de feminicidios, tras la flexibilización legislativa, el porcentaje de feminicidios íntimos cometidos con armas legales subió de 47 % en 2019 a 75 % en 2024, y en 2025 todos los casos de feminicidios íntimos registrados, 82 %, han sido con armas de fuego.
El Frente expuso que de acuerdo con las organizaciones especializadas MundoSur y la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, en 2024 Puerto Rico ocupó el segundo lugar en feminicidios en América Latina , solo precedido por Guatemala, evidencia de una crisis que impacta directamente a las mujeres en su cotidianidad.
Para el Frente, la política pública vigente promueve y propicia métodos que, lejos de desescalar y prevenir violencias por razones de género, intensifica la crudeza de las violencias manifestadas contra la población. A la carencia de campañas masivas enfocadas en la concienciación y prevención de violencias se suma el discurso oficial en apoyo a la proliferación de armas de fuego, incluido el que la Procuradora de las Mujeres, licenciada Astrid Piñeiro ha expresado su rechazo a su regulación y alega que la alta proporción de feminicidios cometidos con armas de fuego responde a un asunto de educación. Esta considera que en lugar de prevenir feminicidios el otro aumenta significativamente el riesgo de que los agresores las asesinen.
Un hecho elevado a la atención fue el que en agosto de este año, la gobernadora Jenniffer González, flexibilizó aún más las normas para la posesión de armas de fuego emitidas en 2020 que expiraron este año, a 5 años de la aplicación de la nueva Ley de Armas. Según expresado en la Orden Ejecutiva 46-2025, el estatuto —alegadamente temporero— responde a una interrupción en la interconexión entre el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés) y el National Crime Information Center (NCIC), uno de los sistemas del FBI para la verificación de antecedentes penales en los procesos de renovación y expedición de licencias. En consecuencia, el Registro Criminal Integrado (RCI), herramienta fundamental para la evaluación de solicitantes, carece de datos vitales para validar el derecho de quienes tramitan licencias de posesión de armas de fuego. La gobernadora González Colón no ha revelado el periodo estimado para acceder a este importante trámite.
Se estima que el número de personas con licencia en Puerto Rico ronda entre 160,000 y 250,000. A esta situación se le añade el trasiego de armas ilegales que entran al país. Informes no oficiales estiman que el 95 % de los crímenes cometidos con armas de fuego involucran armas ilegales, y anualmente se incautan entre 3,000 y 3,500 armas ilegales, principalmente por la Policía de Puerto Rico.
En el caso de la violencia contra las mujeres y sus hijos, el impacto trasciende a las víctimas directas: entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores han quedado huérfanos por feminicidios, una cifra que sigue aumentando sin que exista una política pública de reparación ni protocolos especializados para atender esta niñez.
Más allá de revisar la Ley de Armas para que se establezcan controles más estrictos sobre la expedición y renovación de licencias, las organizaciones urgieron la creación de un plan interagencial, multidisciplinario e interseccional que articule esfuerzos entre sectores de la psicología, sociología, educación, trabajo social, salud pública, derecho y desarrollo integral, el desarrollo de protocolos especializados y políticas de reparación para menores en orfandad como consecuencia de feminicidios y fortalecer la prevención, intervención y educación con perspectiva de género, incorporando modelos pedagógicos que desafíen el patriarcado, el racismo y el clasicismo y que promuevan la transformación social desde la raíz de las desigualdades.
