La decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain, que ve el caso de quiebra de la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mediante la ley Promesa, representa un duro
revés para los bonistas de la citada corporación pública, así como un paso para el país
de priorizar en la estabilidad del sistema, describieron organizaciones que siguen el
proceso de quiebra tanto de la AEE como del gobierno de Puerto Rico.
En una vista celebrada hace una semana, la jueza Swain rechazó el más reciente
reclamo de un grupo de bonistas encabezados por Golden Tree Asset Management, los
cuales insistían en que la AEE les debía $3.7 mil millones de dólares por dinero que se
debió dirigir al pago de los bonos durante la quiebra y que se utilizó para otros gastos
operacionales, según ellos, no autorizados.
En comunicado de prensa Cathy Kunkel, consultora energética del Instituto de
Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) señaló que, según los bonistas
dicha cantidad correspondía a ingresos netos de la AEE durante el periodo de quiebra,
exactamente luego del paso del huracán María e Irma y que, según ellos, debieron ser
separados para su pago. Sin embargo, la jueza Swain determinó que el reclamo carece
de validez legal.
“Apoyamos esta decisión de la jueza Swain. Más allá de la argumentación legal, es más
que evidente que el sistema eléctrico no tiene $3.7 mil millones de dólares para regalar a
los bonistas buitres”. Precisó que GoldenTree Asset Management y otros bonistas
adquirieron la deuda a precios reducidos tras el paso del huracán María y en medio del
proceso de quiebra de la AEE.
“No era posible priorizar en pagarles cuando el País estaba a oscuras y en los años más
críticos del sistema luego del paso del huracán María, y ahora es imposible sacar $3.7
mil millones del sistema eléctrico sin perjudicar aún más la rehabilitación del sistema y
la recuperación económica de la isla”, añadió.
De acuerdo a la analista, la determinación judicial es fundamental para que la jueza
pueda pasar a evaluar sin más dilación el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE,
presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) en marzo de 2025.
Mientras, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoria del Crédito
Público (CCACP), licenciada Eva Prados, indicó que ese PAD se fundamenta en el Plan
Fiscal más reciente que establece de manera clara que la AEE no puede aumentar las
tarifas eléctricas para cubrir el pago de la deuda más allá de los costos operacionales,
combustible, compra de energía y mantenimiento.
Prados describió que bajo este contexto, la decisión en contra de los bonistas refuerza la
postura de que el sistema eléctrico de Puerto Rico enfrenta limitaciones reales que
deben ser consideradas en cualquier acuerdo de reestructuración.
“Esperamos que la jueza actúe rápidamente para confirmar un Plan de Ajuste de la
Deuda de la AEE que refleje la realidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Hay que priorizar el mantenimiento e inversión en el sistema por encima del pago a los bonistas”, concluyó.
Por su parte la Campaña No + Aumentos destacó que la decisión representa un paso
importante para el País, ya que reafirma que la estabilidad del sistema eléctrico debe ser
priorizada por encima de intereses financieros de inversionistas abusivos que sólo
buscan generar ganancias sin importar el costo humano.
“Como hemos señalado constantemente desde la Campaña No + Aumentos, no es viable
destinar recursos para el pago a los bonistas en momentos en que el país aún no se
recupera de la crisis energética profunda tras el paso de los huracanes Irma y María”.
