Como nunca antes en su historia, nuestra querida e imprescindible Universidad de Puerto Rico ( UPR) se encuentra en un punto de inflexión que puede significar la disolución de un modelo universitario que ha sido pilar de la construcción de la sociedad puertorriqueña. A través de su trayectoria de 123 años, la UPR ha demostrado, una y otra vez, su pertinencia, importancia e impacto en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.
Organizada sobre el principio de la autonomía, la UPR ha sido centro de pensamiento, acción y cambios que han incidido de manera fundamental en todos los órdenes de nuestra vida de pueblo. Ningún otro centro de estudios superiores en Puerto Rico iguala su impacto ni ha graduado tantos profesionales de excelencia con bachilleratos, maestrías y doctorados en todas las áreas del saber humano. Con sus once recintos, la UPR – la única universidad que le pertenece al pueblo puertorriqueño- es la columna vertebral del complejo y diversificado sistema de educación superior en nuestro país.
Pero, para ciertas personas y grupos, en vez de un valor, la naturaleza pública, abierta, pensante y liberal de nuestra Universidad, representa un reto y un obstáculo a sus intereses personales o a sus particulares visiones sobre el modelo económico o rumbo ideológico que deben prevalecer en nuestro país. Por otro lado, para quienes tienen vocación mercantilista, la UPR y su cúmulo de haberes y saberes es un botín codiciado, y se afilan los colmillos ante la posibilidad de comprarlo a precio de baratillo para que sirva sus intereses y llene sus bolsillos.
Por eso, durante los pasados 20 años la UPR ha ido progresivamente cayendo presa de una casta de depredadores de todo tipo, que hoy la tienen al borde de la peor crisis en toda su historia. Esto es el resultado de la coincidencia fatal de varios factores negativos para Puerto Rico y nuestro pueblo: la quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico, la aprobación de la Ley PROMESA por el Congreso de Estados Unidos y la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), el desastre ocasionado por la conjunción de huracanes, terremotos y la pandemia del Covid-19, y el desplome de la gobernanza pública ocasionado por la condición colonial de Puerto Rico y, en la última década, por la sucesión de cuatro caóticos gobiernos coloniales del Partido Nuevo Progresista (PNP) bajo las gobernaciones de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jenniffer González.
A raíz de estos acontecimientos, se han derrumbado todas las apariencias. La del gobierno propio, de convivencia civilizada y democracia representativa. La del crecimiento económico y continua movilidad social. La de una democracia con separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos. La de una administración pública competente y sana, que sirve bien al pueblo y dispensa los servicios esenciales con apego a los más altos estándares y pulcritud.
En este momento la realidad es el caos y el desgobierno, la politización extrema, la impunidad, la garata política, la falta de respeto a la disidencia, y la actitud de «sálvese quien pueda» que permea de arriba hacia abajo, desde los pro cónsules de la Junta de Control Fiscal y su interminable cortejo de abogados y consultores extranjeros, pasando por las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del gobierno de Puerto Rico, hasta las últimas instancias del poder público y sus instituciones, incluyendo nuestra preciada Universidad.
Por eso se ha llegado a la inconcebible situación de tratar a nuestro primer centro docente como si fuera una mercancía barata y a sus indispensables componentes- profesores, estudiantes y empleados- como si fueran meros peones en el tablero de los poderosos. Por eso se ha llegado al extremo de manejar a nuestra Universidad desde La Fortaleza como si fuera una marioneta política e instalar allí una Junta de Gobierno incompetente y nombrada estrictamente por criterios político partidistas e ideológicos, y a una Presidenta nombrada por amiguismo, y quien evidentemente no cuenta con las mínimas competencias que se requieren para ocupar dicho cargo, ni tampoco tiene la experiencia profesional ni la trayectoria académica necesarias para el mismo. Permitir a una presidenta advenediza humillar a universitarios y académicos de larga trayectoria, como las Rectoras y Rectores destituidos la semana pasada, y negarse a escucharlos en la Junta de Gobierno, desdice de todo lo que debe representar dicho organismo porque reniega de la esencia del verdadero espíritu de diálogo accesible, abierto, racional y respetuoso que debe prevalecer entre universitarios.
La libertad de cátedra y de expresión son dos derechos fundamentales de la democracia liberal. Ambos están firmemente enraizados en la tradición universitaria. Una universidad libre debe formar seres humanos libres, que piensan, dudan, buscan y adoptan conceptos y principios que contribuyen a encaminar el rumbo de la sociedad hacia una visión que redunda en el bienestar general, armonizando las necesidades de todos los sectores.
Las buenas universidades aspiran a ser centros de pensamiento y de acción hacia el bien común. En la verdadera universidad se piensa y se crea para todos, y no solo para la tribu de turno. Confiamos que, al igual que en otros tiempos tormentosos, el verdadero espíritu de nuestra UPR se imponga con su proverbial sabiduría y buena voluntad sobre las fuerzas pedestres que quieren su destrucción.
Contribuir a liberar a nuestra Universidad de esta coyuntura difícil, y a fortalecerla para que pueda continuar su misión de crear conocimiento y desarrollo para Puerto Rico, tiene que ser un punto de encuentro en la agenda común del pueblo puertorriqueño.
