Marcos Quiñones Otero
Un desastre no comienza cuando el huracán toca tierra o cuando ocurre un terremoto. Comienza mucho antes, incluso antes de que identifiquemos el riesgo. Puede ocurrir de una manera lenta que con detenimiento podemos identificar y analizar. Es el resultado de decisiones, procesos y acciones acumuladas en el tiempo desde desigualdad, planificación desmedida y una relación en desequilibrio entre desarrollo y ambiente. A este proceso se le conoce como “desastre lento”. No se manifiesta de forma inmediata ni espectacular, pero se construye silenciosamente hasta que un evento extremo revela sus consecuencias.
En esencia, el desastre es una construcción social. En Puerto Rico, este concepto cobra una gran relevancia en el contexto actual. A semanas del inicio de la temporada de huracanes, el país se adentra en la discusión de una reforma de permisos caracterizada por la desregulación, la agilización y una visión que tiende a subordinar la planificación. Este enfoque, aunque presentado como una estrategia de desarrollo económico, debe evaluarse desde la gestión de riesgos y la planificación.
La flexibilización de los procesos de permisos no es una acción neutral. Tiene implicaciones territoriales concretas. El ser más permisivo sobre dónde y cómo se construye, reducir controles en áreas ambientalmente sensitivas o acelerar aprobaciones sin el debido análisis son decisiones que, acumuladas, aumentan la exposición al riesgo. En otras palabras, se convierten en factores estructurales de un desastre lento. Lo que hoy se presenta como eficiencia administrativa puede traducirse mañana en comunidades más vulnerables, infraestructura más frágil y sistemas de respuesta sobrecargados.
La historia reciente del país ofrece evidencia clara. Los huracanes Irma y María, la secuencia sísmica del sur y la pandemia del COVID-19 no solo fueron crisis aisladas, también expusieron debilidades preexistentes en nuestro modelo de desarrollo. Muchas de esas vulnerabilidades no surgieron de la noche a la mañana, sino que responden a decisiones de política pública, prácticas de uso de suelo y omisiones en la planificación.¿Cómo trabajamos esto? Ante este panorama, el camino no debe ser la simplificación y agilización de los procesos, sino su fortalecimiento estratégico y planificado.
La planificación debe asumirse como una herramienta central de gestión de riesgos, no como un obstáculo. Esto implica que debemos adoptar un enfoque interdisciplinario que integre dimensiones socioambientales y económicas. Debemos establecer criterios rigurosos para la evaluación de proyectos en zonas de alto valor ecológico, cultural o de riesgo. Y tenemos que alinear el sistema de permisos con instrumentos existentes como el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (P-MARCC) y los planes de uso de suelos.
El desarrollo económico no puede construirse a costa de la improvisación ni del interés de unos pocos. Ignorar esta realidad no elimina los riesgos, los desplaza y los acumula. Y cuando finalmente se manifiestan, lo hacen con costos mucho mayores, incluso catastróficos. En ese sentido, la verdadera “supremacía” no será la del crecimiento económico inmediato, sino la de pérdidas económicas y socioambientales que pudieron haberse evitado. Todo esto por un desastre construido que puedo haber sido evitado. Ante la nueva temporada de huracanes necesitamos un cambio, si, pero no uno desarrollado por mecanismos artificiales sino por la retroalimentación de expertos y la plena participación ciudadana.
El autor es planificador y geógrafo
