La actividad tuvo lugar en la sede de CLARIDAD
CLARIDAD
En aras de propiciar más discusiones relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes en los movimientos de izquierda –un tema que advierten no recibe tanta exposición– la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora auspició, el 30 de abril, un conversatorio desde el Periódico CLARIDAD. El evento, coordinado para celebrarse bajo la Carpa Roja del semanario, se mudó para la sala de redacción del periódico por la lluvia que caía durante la tarde. No obstante, decenas de personas se dieron cita para escuchar a las doctoras Alice Colón Warren y Yanira Reyes Gil discutir las políticas que actualmente atentan contra los derechos reproductivos.
“Tenemos dos expertas en el tema. No son personas que solamente escriben, sino que son activistas. Las vamos a encontrar en foros como este, escribiendo, en los programas de radio, de los medios, pero también las vamos a encontrar en las calles reivindicando los derechos que nos corresponden y que nos hemos ganado las mujeres con mucha lucha”, comentó la licenciada Josefina Pantoja Oquendo con relación al trasfondo de ambas expertas en temas de género.
La doctora Colón Warren, investigadora de la Universidad de Puerto Rico y experta en los derechos reproductivos en el Caribe y América Latina, resaltó que la desigualdad de género y el control del cuerpo de las mujeres y personas gestantes están vinculados con las estructuras de poder que jerarquizan distintas poblaciones. En el siglo XIX, mencionó de ejemplo, las Leyes Comstock prohibieron el intercambio de información relacionada con anticonceptivos.
“Estas leyes también respondían al descenso en la natalidad en las mujeres blancas, las cuales eran consideradas las madres deseables para la continuidad de una nación que se definía, por los sectores dominantes, como de esa raza. Los regímenes fascistas, por su parte, glorificaban a las mujeres como reproductoras de la nación, de su fuerza militar y laboral. De manera que la reproducción aparecía impuesta como designio del Estado”, elaboró Colón Warren.
La doctora en psicología reparó en las experimentaciones de métodos anticonceptivos que tanto el gobierno local como federal impulsaron en Puerto Rico. Recordó los discursos que afirmaban un exceso poblacional como causa de la pobreza en el país, argumentando sin fundamento que reducir la natalidad de los pobres era igual a reducir la pobreza.
“Entre 1930 y 1970, en nuestro país se permitió la experimentación con métodos anticonceptivos entre nuestras mujeres empobrecidas, sin información adecuada en cuanto a los riesgos a su salud. Se promovió la esterilización femenina, que alcanzó más de una tercera parte de las mujeres en edad reproductiva a finales de ese período. Incluso, se asumió una política de mirar para el otro lado en caso de la práctica del aborto, que estaba prohibido para entonces”, prosiguió Colón Warren.
Estas políticas de control sobre los cuerpos gestantes provocó, en Puerto Rico, diversas formas de oposición. Por un lado, sectores católicos e independentistas argüían que el discurso anticonceptivo no atajaba la raíz estructural de la pobreza; por otro, se planteaba como una forma de exterminar la nación puertorriqueña. No obstante, Colón Warren trajo otra visión más amplia y compleja de los derechos reproductivos.
“Para las mujeres, regular su fecundidad ha sido una condición para ejercer la agencia y la autonomía sobre sus vidas dentro de las condiciones que han restringido sus decisiones reproductivas. En Puerto Rico, como en otros lugares, (las mujeres) han recurrido a métodos contraceptivos caseros en la medida en que lo han tenido accesible y lo han considerado necesario. Esto, aún antes de que hubiera métodos modernos”, dijo la también socióloga.
Colón Warren abundó en que la segunda oleada feminista fue responsable de reconocer la “regulación de la fecundidad” como esencial para autonomía corporal, moral y personal de las mujeres. En Puerto Rico, el derecho al aborto se reconoció junto al caso federal Roe v. Wade, de 1973, y fue ratificado el año siguiente. Actualmente, el derecho local a terminar un embarazo descansa en la decisión de Pueblo v. Duarte.
“Para comprender la reducción de fecundidad, tendríamos que referirnos no solo a la decisión de las mujeres en busca de regular su capacidad reproductiva, sino a las condiciones en que han ejercido esa opción. No se trata solo de que las mujeres decidan si parir o no y cuándo hacerlo, sino de garantizar los espacios más amplios para tomar esa decisión, además de las condiciones más adecuadas para criar. Se necesita poseer información adecuada sobre la sexualidad en la reproducción”, aseguró la doctora en psicología.
El reciente auge de los gobiernos de derecha ha revivido la idea de la mujer con un rol reproductor y maternal, cuenta Colón Warren. En el cuatrienio del 2020, existieron múltiples intentos en la Legislatura para restringir o ampliar los derechos reproductivos, Desde 2024, advirtió la abogada, algunas se han implementado.
“En el cuatrienio pasado, se presentaron más de una docena de proyectos que tenían la intención, directa o indirecta, de limitar el derecho al aborto, pero ninguno de ellos fue aprobado por el trabajo que nosotras hicimos para impedir que eso se lograra. (Los esfuerzos de) ese cuatrienio estaban liderados por las legisladoras del Proyecto Dignidad”, reaccionó Reyes Gil con relación a las medidas antiaborto sometidas en pasados años.
Igualmente, la profesora sostuvo que el Partido Nuevo Progresista ha “tomado la batuta” conservadora en un esfuerzo por atraer los votos de este sector electoral. Han buscado restringir el aborto, dijo Reyes Gil, además de impulsar intereses fundamentados en criterios religiosos. Estas medidas han tenido mayor éxito en este cuatrienio.
“Crean todo un andamiaje en el que es obvio que lo próximo es la prohibición del aborto.La primera ley fue la 126 de 2025, que exige el consentimiento parental para los abortos de menores de 15 años y establece unos protocolos bien estrictos para las clínicas que requieren los referidos de cualquier caso a los Departamentos de Justicia y Familia, aún cuando tenga el consentimiento”, detalló. En muchos casos, estos referidos mandatorios inhiben a muchos padres de dar su consentimiento, explicó la abogada.
Al final del cuatrienio pasado, los legisladores aprobaron la Ley 183 de 2025, estatuto que enmienda tres artículos del Códigos Civil para concederle capacidad y personalidad jurídica al no nacido, «desde el momento imaginario de la concepción». Este último concepto, verbigracia, genera confusiones en pleitos judiciales.
Otras leyes aprobadas en la pasada sesión legislativa incluyen: la Ley 166 de 2025, que clasifica como asesinato en primer grado la muerte de un «concebido no nacido» como resultado de agredir a una mujer embarazada –que pudiera criminalizar a la propia madre; la Ley 18 de 2026, que define como persona, en el delito de asesinato, al feto en cualquiera de sus etapas de gestación.
“Colocan a las mujeres y a las personas en edad reproductiva en una especie de suspensión de derechos durante el término del embarazo y sujetas a una situación de vigilancia extrema, limitando las posibilidades de tomar decisiones y poniendo en riesgo los accesos a salud”, expuso Reyes Gil. Ambas ponentes continuaron la conversación enfatizando que los discursos antiaborto no consideran las condiciones económicas en que viven las mujeres y personas gestantes. Enmarcan a estos cuerpos como responsables de reproducir según las necesidades del capitalismo y los roles de género.
“Hacia donde tenemos que mirar es a esas estructuras de desigualdad y exclusión que dificultan el bienestar y la vida digna para la mayoría de la población. Consideramos que, bajo políticas que promovieran esa calidad de vida, sería posible establecer el crecimiento económico deseado y propiciar los procesos demográficos requeridos sin imponer políticas poblacionales”, dijo Colón Warren.
Al final del conversatorio, las participantes discutieron considerar otras consignas posibles en futuras manifestaciones, así como continuar ampliando la noción general de la justicia reproductiva.
