CLARIDAD
Aunque el Departamento de Educación (DE) y el Gobierno dicen que no es su política el establecimiento de escuelas Chárter — a las que llaman escuelas alianza—, sí están en el proceso de seguir identificando poco a poco el cierre de posibles escuelas que tengan menos de 100 estudiantes, afirmó a CLARIDAD Emilio Nieves, uno de los portavoces del Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública.
El Junte denunció que el Gobierno tiene un plan para desmantelar el sistema de educación pública del país mientras el DE continúa desviando fondos públicos a corporaciones privadas mediante la otorgación de contratos desde la Oficina de Escuelas Públicas Alianza. La denuncia del Junte se da en reacción al anuncio por el DE de que se podrían estrenar cinco nuevas escuelas Chárter para el próximo año escolar.
Desde el año 2018 se han autorizado un total de 21 escuelas Chárter en Puerto Rico, dio a conocer El Junte. De aprobarse esas nuevas cinco escuelas, serían ya 26 las “escuelas alianza”. Según datos revelados por el mismo DE, la agencia asigna cerca de 50 millones de dólares anuales para financiar estas escuelas.
En entrevista, Nieves, quien es secretario general de UNETE (Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación), indicó que en todas las reuniones que sostienen con el secretario, Eliezer Ramos Pares, levantan los cuestionamientos pertinentes a las escuelas Chárter. “Siempre levantamos el dato de que no se le dio paso a un proyecto de hace unos años para que se diera una moratoria para que se evaluara el proceder de estas escuelas privatizadas”.
Al respecto, señaló que ahora la Oficina del Inspector General (OIG) identificó unas deficiencias de las escuelas Chárter, que es parte de lo que las organizaciones magisteriales entendían que había que evaluar. “Lo que pasa es que el DE sigue con el proyecto de escuelas Chárter o escuelas alianza. El secretario proyecta como que eso no está dentro de sus prioridades, pero tiene una oficina que sigue organizando y atendiendo a sectores privados para continuar con el establecimiento de estas escuelas”, afirmó Nieves.
El informe de la OIG señaló que el DE tiene deficiencias significativas en su proceso de fiscalización sobre el desempeño de las escuelas Chárter, reveló el Junte. El OIG también concluyó que estas deficiencias impiden el cumplimiento de fiscalización de esas escuelas.
Entre los hallazgos señalados están el que la agencia no ha cumplido con la preparación y radicación del informe anual ante el gobernador y la Asamblea Legislativa (Art. 13.04 de la Ley Núm. 85-2018), correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024. Al momento de la publicación del informe, la agencia tampoco pudo evidenciar la preparación y radicación del informe anual correspondiente al año fiscal 2025-2026.
Se denunció incluso que la asignación de $50 millones a las escuelas Chárter es menor a la asignación que se da a las escuelas públicas. Para el Junte Multisectorial, no hay justificación por parte del DE para esta asignación. Nieves expuso que, de acuerdo a la Ley 85, la asignación de fondos a las escuelas tanto las públicas como las alianza se supone que sea a base de una fórmula. La fórmula siempre ha estado variando entre dos mil y tres mil dólares por estudiante. Cuando se evalúa a las escuelas alianza, han recibido ya $40 millones con cerca de 7 mil estudiantes: “Uno se da cuenta de que la formula que están utilizando las escuelas alianza es totalmente distinta a la que se utiliza en las escuelas públicas”.
Por ejemplo, a un estudiante de escuela pública se le asigna 2 mil dólares, pero el efecto para las escuelas alianzas es de 6 mil dólares. Nieves aclaró que esa información el DE no la da, pero a base de los números en este presupuesto, que es de $50 millones, si se divide entre la cantidad de estudiantes, la fórmula supera por mucho a la cantidad de estudiantes que tienen.
“Es evidente el discrimen en cuanto a asignar más fondos a las escuelas alianza que a las escuelas públicas. Si esa es la política que están implantando, pues, es obvio que esas escuelas van a tener unos servicios superiores porque van a tener más fondos disponibles. Eso es parte de la estrategia de la privatización de escuelas”, manifestó.
El Junte además reveló que datos del DE indican que la matrícula total de las escuelas Chárter es de 7,410 estudiantes. De esa cantidad, aproximadamente 1,600 provienen de colegios privados, mientras que 5,810 son estudiantes provenientes de escuelas públicas del país. La matrícula de las escuelas públicas, según datos más recientes ofrecidos por el mismo secretario en este año académico, es de 231 mil estudiantes y para el próximo año escolar se espera una matrícula de alrededor de 221 mil.
Sobre futuros cierres de escuelas, Nieves reveló que hasta el momento han escuchado que cerca de 3 a 4 escuelas que tienen menos de 100 estudiantes estarían cerradas para este próximo año escolar., aunque reconoció que los procesos recientes de cierre de escuelas no ha sido igual al cierre masivo que hubo antes. En los procesos posteriores se ha discutido más con las comunidades escolares, para evitar levantar las voces de oposición.
“Sin embargo, sabemos que en este proceso de cierre, aunque Educación y el Gobierno dicen que esa no es su política, sí están en el proceso de seguir identificando poco a poco el cierre de posibles escuelas que tengan menos de 100 estudiantes”, reiteró.
Agregó que las escuelas a cerrar casi siempre son escuelas elementales en áreas rurales. En el pasado, ese cierre de escuelas provocó que esos estudiantes tuvieran que ir a escuelas urbanas, algunas de las cuales estaban más cerca de otro pueblo que el suyo, sin considerar que las escuelas elementales de kinder a quinto grado son las que más cercano al hogar deberían de estar.
Abundó que en el caso de las escuelas intermedia y superior, como se han integrado algunas escuelas, se ha podido evitar el cierre. Hizo la anotación que eso trae el problema de que se tienen escuelas desde kinder a octavo grado, en algunos casos, con un solo maestro preparado en secundaria atendiendo grupos de escuelas elemental. Hay incluso maestros con cuatro y cinco grados distintos, lo que implica que tienen que planificar clases distintas cada día. “Esa es una situación que nos se está atendiendo, y la estamos levantado porque está ocurriendo en algunas escuelas. Se supone que el maestro atienda a cinco grupos, pero de su misma categoría. Por ejemplo, Español en el nivel intermedio no es el mismo que en el nivel elemental”.
Sobre las condiciones de trabajo en las escuelas Chárter, el portavoz magisterial afirmó que no son lo mismo que en el sistema público. Aunque se supone que ganen el mínimo de salario, que es $2,750, que es el salario mínimo establecido cuando comienza un maestro, no tiene otros beneficios como la aportación al plan médico de $125, no tienen retiro ni permanencia. “Todo maestro que aspire a estar en una escuela como esta debe saber que no tiene ningún tipo de permanencia, mucho menos el derecho a sindicalizarse. Los patronos de esas escuelas cierran la puerta a todo tipo de sindicalización”, denunció.
“Tenemos que seguir fiscalizando este proceso de privatización. El Gobierno se está caracterizando por tratar de seguir ofreciendo contratos en todas las agencias del gobierno. En la educación no debería ocurrir eso de estar incluida en ese proceso de alianzas público-privadas. Es absurdo para un gobierno que debe defender la escuela pública; pero ese no es el caso”.
