CLARIDAD
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Ante los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, los políticos de Puerto Rico y otras fuerzas tendrán que aprender y usar un nuevo lenguaje para comunicar su mensaje en el Congreso, según lo plantea en su análisis el Centro para una Nueva Economía (CNE).
El director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, plantea que los resultados en la Cámara de Representantes, aunque por una leve mayoría dominada por el Partido Republicano, presentan una nueva y compleja dinámica política en Washington DC, incluso para la misma agenda política del presidente Biden. En el Senado domina también por leve mayoría el Partido Demócrata.
Según el CNE, la política de Biden se verá estancada y las oportunidades para legislar sobre asuntos importantes serán escasas y distantes, “si es que hay alguna”. Los nombramientos seguirán, pero con negociaciones en torno a los plazos para la legislación y aprobación obligatoria para mantener el Gobierno abierto o aumentar el límite de la deuda de Estados Unidos, la cual se espera alcance su límite en algún momento del próximo año.
Mientras, para Puerto Rico las prioridades inmediatas en cuanto a legislación federal antes de que termine este año 2022 deberán ser: uno, lograr la participación federal en el financiamiento del programa de Medicaid y, dos, el financiamiento para asistencia de desastres por el huracán Fiona. En el caso del Medicaid, está programado que el financiamiento disminuya del 76 %, que es ahora al 55 %, tan pronto como el16 de diciembre. En cuanto al financiamiento por desastre, la administración de Pedro Pierluisi ha presentado un estimado preliminar de $10,000 millones en daños causados por el huracán Fiona. Este dinero tendría que ser asignado por el Congreso, a través de la ley suplementaria de asignaciones de emergencia, y su discusión tiene que ser retomada durante la sesión del Congreso saliente.
En implicaciones más abarcadoras, dice el CNE que debido al nuevo balance de fuerzas en Washington, “la estrategia de Puerto Rico en Washington, D.C. tendrá que pasar de buscar la paridad en el financiamiento federal de programas como Medicare y la Seguridad de Ingreso Suplementario a defender lo que ya hemos ganado”. Por ejemplo, se espera que la representante Cathy McMorris Rodgers (WA), quien tiene la principal jurisdicción sobre Medicaid y ya ha manifestado su oposición a una interpretación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) sobre la legislación de 2020 y el año fiscal 2021, se convierta en la presidenta del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.
El otro asunto que trae a la atención es que se espera que el Congreso atienda en algún momento de la primavera del 2023 un proyecto de asuntos agrícolas de cinco años de duración que abarcará desde los subsidios a los agricultores hasta la asistencia nutricional. Marxuach repara en que el principal objetivo de la política respecto a la Ley Agrícola del Gobierno de Puerto Rico y de muchas ONG de la isla es buscar una transición del actual Programa de Asistencia Nutricional al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, de ámbito nacional, conocido como SNAP. La transición al SNAP implicaría un mayor financiamiento de asistencia nutricional, así como otros beneficios para Puerto Rico.
“El éxito político bajo el nuevo balance de poder en Washington, D.C. también implicará aprender y usar un nuevo lenguaje para comunicar nuestro mensaje en el Capitolio”, expresa Marxuach.
A esos efectos, el analista señala que el hecho de que el 55 % de los votantes puertorriqueños en Florida hayan votado por el gobernador De Santis indica que la comunidad puertorriqueña en el estado se ha diversificado ideológicamente y no es reflexivamente liberal o progresista, cambio que dijo puede ser muy útil a la hora de acercarse a los senadores Rubio y Scott o a los miembros de la delegación de Florida en la Cámara.
