![Entrevista a Félix Córdova [Tercera y última parte]](https://claridadpuertorico.com/wp-content/uploads/2023/06/entrevista-a-felix-cordova-3642-300x225.png)
Los diez pasados años en Puerto Rico han sido el compendio de una nueva etapa en nuestra relación colonial con el gobierno de Estados Unidos de América, tras la aprobación en 2016 de la Ley PROMESA y la imposición de una Junta de Control Fiscal (JCF) por parte del Congreso y el presidente de Estados Unidos, con el mandato de reestructurar la deuda pública de Puerto Rico que, a ese momento, acumulaba más de $72 mil millones. Hoy, han pasado diez años desde entonces y las miradas se dirigen hacia dicho proceso y evalúan si el mismo ha sido o no de beneficio y avance para Puerto Rico. La ley PROMESA no tenía precedentes en Estados Unidos. Se creó para Puerto Rico, colonia/territorio que había quedado inexplicablemente descubierto de la protección de la ley de quiebra federal desde 1985.
Al cabo de estos diez años, la JCF solo reclamó logros en su gestión en Puerto Rico. Reflexión y autocrítica no hubo ninguna, al menos para consumo público. Pero no todos los sectores en Puerto Rico concuerdan con dicha perspectiva, especialmente, aquellos que han sufrido en su vida diaria el impacto negativo de las decisiones y medidas adoptadas por una ley de quiebras impuesta y antidemocrática, y una nueva capa de gobernanza abiertamente colonial y lejana de la gente y sus problemas. Su gestión ha tenido una sola prioridad: balancear el presupuesto para pagar la deuda, dejando intacto el modelo económico y el sistema político que provocaron la crisis, y a los responsables de la misma, muchos de los cuales siguen campantes, ejerciendo influencia en los procesos decisionales del gobierno y la opinión pública del país.
Bajo el título, Década perdida 2016-2026: La verdadera cara de la Junta en Puerto Rico, un informe preparado conjuntamente por la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y las organizaciones “Right to Democracy”, Sembrando Sentido y Liga de Ciudades de Puerto Rico ofrece, con análisis y datos verificables, una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil, contraria y crítica de la Ley PROMESA y de la gestión de la JCF en Puerto Rico durante los pasados diez años. En su introducción, el informe nos advierte: “En este análisis se concluye que, si bien la Junta ha reestructurado la mayoría de la deuda pública, también han reinado la improvisación y los errores con impactos negativos por décadas en las finanzas públicas y calidad de vida en Puerto Rico. La Junta promovió acuerdos impagables con los fondos buitres, medidas de austeridad sin medir impacto, mayor dependencia de fondos federales, privatizaciones y aumentos en el costo de los servicios. Todo esto, sin atender las verdaderas raíces de la crisis, haciendo que su paso por Puerto Rico haya sido una década perdida”.
El informe ofrece cifras que demuestran contundentemente cuánto hemos perdido como resultado de la gestión de la JCF en Puerto Rico desde 2016 hasta 2026. He aquí algunos números: 438 escuelas cerradas, 58,608 estudiantes desplazados, 2,616 estudiantes que pasaron por más de un cierre de escuela, 47% de recorte presupuestario a la Universidad de Puerto Rico (UPR), 180% de aumento en el crédito subgraduado en la UPR, $900 millones menos al presupuesto de los Municipios y 43 municipios en insolvencia económica. Algunos municipios han perdido hasta 60% de su presupuesto, como Comerío, donde el 60% de la población vive bajo el umbral de pobreza.
En cuanto a la supervisión de la gobernanza pública, la gestión de la JCF deja mucho que desear. Ha rechazado solo 1% de los contratos gubernamentales que han sido sometidos a su evaluación, en un país donde el 59% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico se asigna a contratos. En ese proceso, se han registrado pérdida de miles de millones de dólares anuales atribuibles a debilidades en los sistemas de contratación y supervisión del gobierno.
El impacto de las decisiones de la JCF en el costo de vida también es negativo. Se ha registrado un 60% de aumento en costos de peaje, 40% de aumento en la factura de energía eléctrica desde la privatización impulsada por la Junta, y 30% de aumento en la factura de agua potable, todos costos directos al bolsillo de la ciudadanía. Mientras, se destinan $1,500 millones en pagos a bonistas, y se sigue dilatando el proceso de restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyos bonistas buitres reclaman el pago de una deuda con intereses que asciende a $12,000 millones. La JCF ha incurrido, también, en gastos de operación y pagos a contratistas y asesores, ascendientes a más de $2.2 mil millones en 10 años, gastos que costea Puerto Rico, y cuyo monto es 5 veces mayor que el estimado por el propio Congreso de Estados Unidos.
Una de las consecuencias más nefastas de la gestión de la JCF en Puerto Rico ha sido el impacto de los recortes decretados a la UPR y los Municipios. La UPR es el principal productor de propiedad intelectual y conocimiento del País, y ahora su viabilidad está asediada por el recorte de 47% de su presupuesto. Los Municipios, proveedores principales de servicios esenciales, por su cercanía y acceso a la gente más necesitada, también están bajo asedio. En un país donde el 40 % de la población vive bajo el nivel de pobreza, recortes municipales tan extremos frenan la prestación de servicios que impactan la vida diaria de miles de familias. Pérdidas e injusticia son el saldo visible de la gestión de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico después de diez años.
