A cuentagotas el dinero de María

 

CLARIDAD

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Las condiciones discriminatorias, onerosas e irrazonables impuestas por el Congreso de Estados Unidos para el desembolso de los $63,000 millones asignados para atender lo que se supone es una emergencia post desastre, han ocasionado que a casi cuatro años del azote del huracán María –que causó cerca de 3 mil muertes y $90,000 millones en daños–, el gobierno de Puerto Rico solo haya logrado utilizar el 29% del total asignado.

Así lo describe el informe: Haciendo inventario del proceso de reconstrucción de Puerto Rico, del Centro para la Nueva Economía (CNE), en donde se expone el trámite burocrático que ha seguido la asignación de los fondos. Los números estudiados están actualizados al 31 de marzo del 2021.

El director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, autor del informe desglosó que en total se han asignado fondos a 17 agencias para las operaciones de recuperación. Los fondos asignados suman $62,799,574,254, los obligados ascienden a $42,558,062,438 y los desembolsados totalizan $18,200,246,150. Por tanto, a 44 meses del huracán María solo se ha gastado el 29% de los fondos asignados por el Congreso.

 

Un aproximado del 90% de esos fondos se asignó a tres agencias: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, por sus siglas en inglés); el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (“HUD”, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (“USACE”, por sus siglas en inglés).

De los cerca de $63,000 millones que se han asignado, alrededor de $43,000 millones, han sido obligados (fondos asignados para ser usados estrictamente para el propósito indicado), principalmente a FEMA, HUD y a la Administración Federal de Pequeños Negocios (“SBA”, por sus siglas en inglés).

Y de estos $43,000 millones, solo unos $18,000 millones se han gastado o desembolsado, principalmente por FEMA, SBA y el Departamento de Agricultura Federal (“USDA”, por sus siglas en inglés). A 44 meses después del huracán María, los desembolsos totales ascienden a solo el 29% del monto total asignado por el Congreso.

El proceso de aprobación de fondos en el Congreso no es cuestión de declararlo y ya. El CNE repara que primero los comités del Congreso redactan y negocian el proyecto de ley de asignación general (“apropriations”), los cuales otorgan autoridad legal para asignar y gastar dinero del Tesoro de EE.UU. Luego los fondos se asignan de manera específica (“allocations”), a veces mediante legislación, pero la mayoría de las veces mediante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (“OMB”, por sus siglas en inglés), la cual autoriza la transferencia de fondos de una cuenta de asignación general a un programa específico administrado por una agencia gubernamental. Tercero, los fondos se obligan, esto ocurre cuando una agencia del gobierno hace un compromiso el cual genera una responsabilidad legal de parte del gobierno para pagar bienes o servicios. Por último, ocurre el desembolso que es cuando el Tesoro de EE. UU. expide un cheque para pagar los costos de un programa.

 

De acuerdo al CNE la demora en el desembolso de los fondos puede atribuirse en parte a la decisión de FEMA y el gobierno de Puerto Rico de utilizar un proceso alterno para el uso de estos siguiendo la Sección 428 de la Ley Stafford. Según un informe publicado en septiembre de 2018 por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. (“GAO”, por sus siglas en inglés), Nueva York y Nueva Jersey utilizaron este proceso distinto para financiar un pequeño porcentaje del trabajo permanente en esos estados después del huracán Sandy, pero ninguna jurisdicción ha utilizado estos procedimientos alternos para financiar el 100% del trabajo permanente bajo el programa de asistencia pública de FEMA, como lo ha hecho Puerto Rico.

 

Pero aquí viene la intervención de la Junta de Control Fiscal (JCF). El CNE cita que en su Declaración de Divulgación para el Tercer Plan Conjunto de Ajuste del Título III Enmendado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., 11 de mayo de 2021, p. 222), la Junta presenta que el “Programa 428 hace posible la consolidación de múltiples proyectos en una sola subvención de costo fijo, lo que permite una mayor flexibilidad en la reconstrucción o restauración de daños por desastres. Los objetivos del Programa 428 incluyen: (1) reducir los costos para el gobierno federal derivados de la asistencia pública, (2) aumentar la flexibilidad en la administración de esa asistencia, (3) acelerar la ayuda al gobierno estatal, tribal o local o al dueño de una organización sin fines de lucro y (4) ofrecer incentivos financieros y e incentivos para proyectos de asistencia pública oportunos y rentables”.

El análisis del CNE apunta a que, en la práctica, el proceso de la Sección 428 ha resultado ser burocrático, prolongado y no ha cumplido con sus objetivos programáticos. Se suponía que este proceso de aprobación de proyectos de obra permanente bajo la Sección 428 tomara 18 meses a partir de la fecha de publicación de las directrices para estos proyectos, lo cual ocurrió en abril de 2018, un plazo que se ha extendido varias veces, el más reciente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Atribuyó además que, en parte, la lentitud responde al hecho de que tanto FEMA como el gobierno de Puerto Rico tenían muy poca experiencia en la gestión de proyectos bajo la Sección 428. Además, de que el proceso no es tan simple como podría parecer a primera vista. Este proceso tiene siete pasos.

Primero, se identifican los lugares o elementos de infraestructura que tuvieron daños y que cualifican para el financiamiento de obra permanente bajo el programa de asistencia pública. En segundo lugar, se prepara una descripción del alcance y las dimensiones del daño (DDD, por sus siglas en inglés). Tercero se determina el “alcance del trabajo” (SOW, por sus siglas en inglés) necesario para reparar el daño se analiza y se llega a un acuerdo con FEMA. Cuarto, se prepara un estimado inicial de costos. En términos generales, si el proyecto tiene un costo estimado en más de $5 millones, o si FEMA y el gobierno de Puerto Rico no están de acuerdo con el costo estimado inicial, el estimado inicial se presenta a un panel independiente de expertos para su revisión y validación. En quinto lugar, se prepara un estimado de costos fijos final que ha sido aprobado por el panel. En sexto lugar, se elabora un plan de trabajo del proyecto para el trabajo a realizarse. Luego, el proyecto propuesto es revisado y, finalmente, aprobado por FEMA. Por último, una vez que se aprueba el proyecto, es que los fondos están legalmente obligados o comprometidos. Luego, el Central Office for Recovery (COR3) se encarga de supervisar el avance del trabajo realizado y desembolsar los fondos a la agencia o empresa contratada para realizarlo.

 

El punto más importante de este procedimiento alterno aprobado para Puerto Rico -indica el CNE- es el que no permite que FEMA acepte estimados realizados por el solicitante. En cambio, los estimados deben ser realizados por profesionales autorizados por FEMA. Esto también es diferente al trato de FEMA con los estados.

 

En cuanto a la asignación de los $19 mil millones para la modernización y reconstrucción el sistema eléctrico de Puerto Rico, asignados y aprobados mediante la medida del Congreso en la P. L. 115-123, que fue aprobada el 9 de febrero de 2018, todavía no ha habido un desembolso. Lo que el CNE calificó como inaceptable.

En resumen, expone el CNE, de acuerdo con una reciente Declaración de Divulgación presentada por la JASF, “al 31 de diciembre de 2020, se ha puesto a disposición de Puerto Rico un total de $9,700 millones de los más de $20,000 millones asignados al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos a través de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación por Desastre (“CDBG-DR”)”.

Marxuach repara en que si bien es cierto que la administración Biden ha sido más diligente en mover el proceso burocrático que regula estos fondos, no le queda claro a qué se refiere la Junta de Control Fiscal cuando afirma que “se han puesto a disposición de Puerto Rico $9,700 millones”, ya que este no es un término presupuestario federal definido”.

Lo que sí está claro -reacciona Marxuach- es que el ritmo de desembolso y uso de estos fondos ha sido extremadamente lento, como admite la propia JCF. Según la Junta, el más grande de los diversos programas CDBG-DR “es el programa de reconstrucción de viviendas que tiene un presupuesto de $1,100 millones de los cuales aproximadamente $78 millones se habían gastado para el 31 de diciembre de 2020 según el Informe trimestral de diciembre de 2020 de Vivienda”.

No obstante, el analista de Política Pública del CNE a su vez reconoce que el “obligar y gastar los fondos federales asignados para la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico es solo una parte de este proceso. La secuencia de eventos que llamamos ‘huracán María’, y sus consecuencias, tienen sus raíces en múltiples decisiones que se tomaron hace décadas. Al final, entonces, cómo será el Puerto Rico después del huracán María dependerá en gran medida de cómo abordemos los problemas duraderos de clase, raza, segregación, pobreza, desigualdad y acceso al poder político que hemos ignorado durante demasiado tiempo”.

 

 

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