CLARIDAD
En ocasión de la conmemoración de la declaración Universal de los Derechos Humanos, un grupo de mujeres, junto a la organización Kilómetro Cero (Km 0), denunciaron la grave impunidad que impera en Puerto Rico con respecto a la violencia policiaca. Diez mujeres, entre ellas madres, tías, hermanas y esposas compartieron pormenores de las muertes de sus familiares a manos de los llamados agentes del “orden público”.
La directora ejecutiva de Km 0, Mari Mari Narváez, en conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas, se expresó honrada de estar acompañada de un grupo de mujeres que han sobrevivido los peores casos de violencia policiaca que se han presenciado en nuestro país. Kilómetro Cero es una organización no gubernamental que documenta, analiza y confronta la violencia policiaca en el país.
Mari Narváez expuso que el propósito de la conferencia de prensa era denunciar la falta de investigaciones independientes, confiables y rigurosas de estos casos. En la fecha del 10 de diciembre, se le envió una carta a la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), licenciada Lourdes Gómez Torres, con el recuento detallado de cada uno de los casos denunciados. Acotó que no es la primera vez que se le escribe a un o una secretaria del DJ y que ninguna de las cartas oficiales que ha enviado Km 0 ha sido respondida.
La directora de Km 0 puso énfasis en recordar que el derecho a la vida está consagrado en la declaración de los Derechos Humanos, en el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a tener un debido proceso de ley y el derecho a la presunción de inocencia. Apuntó a que no se puede normalizar que el Estado mate a las personas, que todos los derechos humanos están vinculados y todas las violaciones de derechos humanos también están vinculadas. En esa línea, mencionó la violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos en el Caribe y el genocidio en Gaza.
Durante los testimonios ofrecidos por los familiares, en más de una ocasión, las lágrimas y la voz entrecortada acompañó los relatos sobre las circunstancias en que sus familiares, hijos, hermanos, esposos fueron asesinados por los agentes policiacos.
Uno de ellos es el caso de Elizabeth Rivera, a quien la Policía le mató a sus dos hijos, Brandon J. Rivera y Brian A. Malavé Rivera, de 23 y 20 años, respectivamente. Contó que sus hijos compraron una motora, que hubo una denuncia de que la motora era robada y que los policías sin más ni más fueron detrás de los jóvenes y les dispararon por la espalda. Los hermanos murieron frente a la casa de su abuela en Cataño, donde buscaron refugiarse. Según testigos entrevistados por Km 0, Brian recibió seis disparos por la espalda y murió bajo un vehículo buscando refugiarse; Brandon murió por un disparo estando en el pavimento. El pasado 7 de mayo de 2025, Elizabeth Rivera, tuvo una reunión con las fiscales encargadas del caso, Ana Garced y Alexandra Bosch, en la que estas le admitieron a la familia de los jóvenes que aún no se había entrevistado a los oficiales involucrados.
Otro de los sucesos es el de Daniel Maldonado Díaz. Su hermana, Carmen Maldonado, contó que su hermano, veterano y paciente de salud mental, recibió un disparo en el pecho por parte de un policía que incluso les conocía. Ella llamó a la Policía en busca de ayuda porque su hermano se encontraba en una crisis emocional. Denunció que su hermano nunca habló ni alzó la voz, pero que el policía, sin ningún tipo de intervención, lo que hizo fue dispararle al pecho. “No quiero que esto se repita para nadie más, ningún joven, ningún veterano de guerra”, expresó. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Utuado.
“Hoy me dirijo al pueblo de Puerto Rico con el corazón destrozado, pero con una voz firme. Mi hermano fue asesinado por quienes juraron protegernos: miembros de la Policía de Puerto Rico”, manifestó en su turno, Michelle Marrero, hermana de Francisco Marrero Noa, de 35 años, quien murió el 17 de septiembre de 2019, tras ser baleado por varios agentes de la Policía frente a un local en Bayamón. Los agentes estaban francos de servicio y no fue hasta después que le dispararon que se identificaron como policías.
“Mi hermano no merecía morir así. Hoy denuncio un sistema que protege más a los agresores que a las víctimas. Denuncio el abuso de autoridad, exijo justicia real, investigación transparente, que no se manipule la verdad. Los policías estaban obligados a actuar conforme a la ley, respetando los derechos humanos de todas las personas”, manifestó la joven con voz entrecortada.
Por su parte, Carmen Rohena, esposa de Alex Álvarez, contó que su esposo tuvo un accidente de tránsito leve, aunque no podía mover su carro. Llamó a su hija, y lo que se sabe es que 14 minutos después, cuando llegó la ambulancia, lo encontró en el suelo esposado y golpeado. Denunció que la Policía presionó a los paramédicos y doctores para que pusieran en los informes que Álvarez murió en el hospital, pero estos han asegurado que Maldonado murió en el pavimento. El accidente ocurrió en Carolina.
Otros testimonios fueron el de la tía de Shannel Colón Ponce, quien fue encontrada muerta en la cárcel de Mujeres en Bayamón y que, según la Administración de Correcciones, se suicidó. Pero testimonios de otras confinadas señalan a oficiales correccionales como responsables.
A los casos anteriores se unen el de Gabriel Alejandro Vasandani Soto, de 18 años; Joban Rivera Mendoza, de 21 años; Ignacio Rivera Ortiz y Sarmiento Leonardo, de 20 y 23 años respectivamente; José Daniel Rodríguez Correa, de 23 años, y Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años.
La directora ejecutiva de Km 0 afirmó que, en todos los casos, ninguna de las víctimas estaba armada, como alega la Policía. Puntualizó que aun en caso de que hubiese estado armada la persona, la policía se supone que tenga los medios para arrestarlo sin matarlo.
Desde el 2014 Km 0 ha documentado 130 muertes por fuerza policial, por lo que los casos denunciados son una breve muestra de lo que han vivido más de mil familias en el país. En lo que va de año, las muertes por “exceso de fuerza policial” suman 16. Desde el 2014, el actual es el año en que más muertes han documentado.
Los familiares y Km 0 exigieron que los casos se investiguen tanto a nivel administrativo como a nivel criminal y afirmaron que el problema es que la mayoría de las veces quien investiga es el Negociado de Investigaciones de la Policía (NIE), que es la Policía investigándose a sí misma. Denunciaron que por parte del DJ, para los fiscales estos casos no son una prioridad. “Todas las familias que llegan a Km 0 dicen lo mismo: que los fiscales del DJ parecen abogados de los policías, no los abogados del pueblo de Puerto Rico. Esa es una queja constante de las familias. No se sienten representadas”.
