El director Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, licenciado Fermín Arraiza Navas, señaló que la carta enviada por la procuradora de la mujer, Astrid Piñeiro Vázquez, a un fotoperiodista de un medio noticioso digital de Puerto Rico, carece de fundamento legal, constituye un mecanismo de intimidación y atenta contra las protecciones básicas que tanto ella, como la gobernadora, Jenniffer González Colón, juraron defender.
Se refiere a la carta oficial que Piñeiro le cursó al periodista Juan Costa en la que le pide una disculpa pública y que “en las próximas 24 horas”, exponga por escrito los detalles que afirman que una carta relacionada con una querella por violencia de género entre una senadora y un comentarista fue filtrada por el Gobierno de Puerto Rico. La carta de la procuradora fue enviada el pasado viernes 22 de agosto, días después de que en una conferencia de prensa la gobernadora se molestara y apuntara con el dedo al fotoperiodista Juan Costa, del medio Noticel, ante una pregunta de este sobre la filtración de la querella.
El director Legal de ACLU resaltó que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege nuestras libertades más esenciales, incluidas la libertad de expresión y de prensa. “Nuestra Constitución de Puerto Rico también protege estos derechos”, expresó mediante comunicado de Prensa.
Arraiza Navas expuso que las personas que ejercen la profesión del periodismo están en su legítimo derecho de realizar preguntas y cuestionar a los funcionarios públicos electos, así como a jefes de agencia u oficinas, sobre las acciones y decisiones que toman o que no toman y que tienen un efecto sobre el pueblo. “Al ejercer ese derecho, lo hacen, precisamente en nombre o representación del público que escucha y observa las respuestas. Al analizar y reflexionar sobre las respuestas, el público no solo presta atención al lenguaje verbal, sino al modo y manera como se expresa ese mensaje”.
Continuó defendiendo que, al ejercer su oficio, las personas periodistas llevan a cabo un trabajo de fiscalización legítimo, enfocados en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Advirtió que la procuradora de la mujer y la oficina que dirige no están exentas de esa rendición de cuentas atada al cargo público que ocupa y la administración de fondos públicos y mucho menos está exenta la persona que ocupe el cargo de gobernador o gobernadora.
