Expertas aducen que el Estado no mitiga la situación adecuadamente
CLARIDAD
Luego de que venció el decreto de Estado de Emergencia, en diciembre del año pasado, a causa de la violencia de género de Puerto Rico, los recursos necesarios para mitigar la problemática han mermado. Con menos fondos, comités de trabajo, continuidad de proyectos y una creciente desconfianza en la ciudadanía, la crisis atraviesa una etapa alarmante, de acuerdo con dos fuentes consultadas por CLARIDAD.
A juicio de Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género en Puerto Rico, estos desfases en los esfuerzos se deben, en parte, al cambio de gobierno entre la administración de Pedro Pierluisi Urrutia y la de la gobernadora Jenniffer González Colón. En esa transición, sostuvo, las estructuras de apoyo existentes fueron cambiadas por otras.
“Nosotras llevamos alzando la voz de alerta desde principios de año porque sabemos que cuando se dejan de implementar estrategias importantes para la atención de la emergencia de violencia de género en el país, ocurre lo que está pasando. La violencia contra las mujeres aumenta y, en este caso, los feminicidios aumentan”, expresó León Morales vía telefónica.
A menos de medio año para que acabe el 2025, las estadísticas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) reportan unos 14 feminicidios íntimos, mientras que el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico registró, de enero a junio, 29 casos de violencia de género que acabaron con la vida de un cuerpo feminizado.
“Hay varios elementos que impactan ese aumento en los feminicidios. En Puerto Rico, hubo una flexibilización de la Ley de Armas. Desde que se dio esa flexibilización de la ley, el Observatorio de Equidad de Género ha estado documentando un aumento en los femicidios con armas, en la mayoría de los casos, con armas legales. Sobre el 80 % de los feminicidios íntimos que han ocurrido se han dado con armas”, elaboró la presidente de la Red.
Esta flexibilización, que está atada al aumento de feminicidios en Puerto Rico, se suma a la ausencia de campañas de prevención. León Morales distinguió las campañas de prevención de las publicitarias. Las primeras, explicó, pueden valerse de técnicas publicitarias para masificar el mensaje, pero “no son nada si no llegan a la gente de carne y hueso” con un proceso de educación. Como ejemplo, la presidenta de la Red mencionó las iniciativas emprendidas por la Coordinadora Paz para las Mujeres, Taller Salud, Hogar Ruth y los propios albergues que trabajan directamente con las comunidades afectadas.
“Ese es el tipo de trabajo que, desde el Estado, se debe estar priorizando. A eso (la falta de campaña) se le suma que, desde principios de este año, diversas organizaciones han estado levantando voz de alerta por los recortes de fondos federales. Por ejemplo, los fondos VOCA que otorga el Departamento de Justicia federal. En Puerto Rico, se vio una reducción considerable de esos fondos”, advirtió León Morales.
En Puerto Rico, el Departamento de Justicia local administra los fondos VOCA. Ese dinero, de acuerdo con la página oficial de la agencia, se concede “para proveer asistencia directa a las víctimas de delitos, violencia doméstica, maltrato a menores, abuso sexual, maltrato a envejecientes, víctimas de robo o asalto agravado, tentativa de asesinato, adultos que fueron maltratados siendo niños y a víctimas de conductores intoxicados”, y se otorgan a entidades que los solicitan. Cuando los recortes federales entraron en vigor, la agencia propuso un límite de $150,000 para estos fondos.
“Muchos de nuestros albergues integrantes nos dejaron saber que, de facto, si le aprueban ese máximo, estarían reduciendo entre un 50 % y un 60 % la otorgación que han dado en otros años. Así que van a estar corriendo con un déficit. Lo mismo ocurrió con los fondos STOP VAWA, que son fondos federales que llegan desde Justicia federal a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, añadió la exdirectora de la Casa Protegida Julia de Burgos.
Sobre estas últimas partidas, León Morales compartió ejemplos de reducciones que ascienden a $40,000. Ante esa realidad, muchas colectividades han exigido respuestas por parte del Estado. Respuestas que, hasta el momento, no toman en cuenta el peritaje de las organizaciones conocedoras.
“Ha habido como un bajón muy grande de las posturas del Estado con relación a la violencia de género, particularmente la violencia doméstica, de un tiempo para acá. El decreto del estado de emergencia se logró por muchas luchas que tuvo impulsar, con mucha fuerza, la Colectiva Feminista en Construcción y todas las organizaciones que trabajamos con la violencia machista… Pero el gobierno que ha entrado ahora no está haciendo nada práctico para prevenir y para atender el problema”, manifestó, por su parte, la licenciada Josefina Pantoja Oquendo.
La abogada coincidió con León Morales en que la disolución del decreto y, por lo tanto, del Comité PARE que lideró los proyectos, afecta la priorización de fondos, legislación y campañas que atiendan directamente la violencia de género. Pantoja Oquendo también aludió a la falta de colaboración como unos de los agravantes del problema.
“Eso ya no existe porque no existe el Comité PARE ni la manera de que las organizaciones tengan una influencia en las políticas públicas del Estado”, aseveró la abogada.
Para la licenciada Pantoja Oquendo, la ventaja del pasado estado de emergencia reconocía la falta de educación como parte del problema, una postura que no está contemplada en la administración actual. Y aunque entiende que no hace falta regresar “a lo mismo”, la activista urge a mantener el asunto entre las prioridades que requieren de mayor esfuerzo, tiempo, colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) y fondos. En ese sentido, ambas fuentes destacaron la falta de inclusión de colectividades que conozcan bien la problemática.
“Esa mirada integrada para poder detener esta ola necesita de una prioridad y una coordinación que la mantengan como número uno. En la legislatura se siguen aprobando retazos de ley y enmiendas que no responden a las necesidades y que, a veces, le restan eficacia a la Ley 54 (Ley de Prevención de Violencia Doméstica), que es el único instrumento que tenemos para atacar directamente el problema de la violencia”, afirmó Pantoja Oquendo.
¿Qué sucede cuando la ciudadanía decide actuar por su cuenta?
Hace poco más de un mes, don Miguel González Varela asesinó a la expareja de su hija, un joven de 21 años, luego de que presuntamente la agrediera. De acuerdo con ambas entrevistadas, la reacción de González Varela contiene matices complicados. Aunque ambas reconocen que el caso demuestra una conciencia de la problemática, las dos fuentes consultadas aseguraron que el caso de don Miguel refuerza las expectativas de género y simpatiza con la figura del patriarca.
“En Puerto Rico, hay mujeres encarceladas porque han tenido que defenderse de sus agresores. Y como parte de ese proceso de defensa, en algunas instancias les han quitado la vida a sus agresores. Ahora mismo están olvidadas, invisibilizadas al país en el sistema de corrección. La respuesta que les damos como sociedad a las mujeres cuando asumen su defensa de esa manera es muy distinta a la que se dio en este caso”, profundizó León Morales.
La Lcda. Pantoja Oquendo arguyó, por otro lado, que la reacción de González Varela representa una falta de confianza que resulta de la inacción del Estado. No obstante, reparó en que ‘glorifica’ la figura del macho como ente responsable de responder por las mujeres, que entonces son vistas como objetos y propiedad. “Ese resabio machista de que actuar contra mi hija es actuar contra mí, contra mi paternidad, contra mi familia, y yo tengo que salir a resolver esto”.
A pesar de la empatía que puede provocar la situación de González Varela, la presidenta de la Red expresó que “no puede ser que, en nuestro país, la única alternativa para hacerle frente a los feminicidios sea convertirnos en «un Miguel González Varela». Por eso la activista enfatizó en los servicios que se ofrecen para víctimas de violencia de género, violencia doméstica y sus allegados. La línea del Proyecto Matria, que conecta con varios de los albergues en Puerto Rico, está disponible en el (787) 489-0022.
“Es necesario que las personas sobrevivientes sepan que no necesitan una orden de protección para solicitar servicios de apoyo, servicios de ayuda y servicios de albergues. Estamos aquí para apoyarlas y estamos aquí para acompañarlas”, concluyó León Morales.
