CLARIDAD
Ante la incertidumbre que supone el cierre del Gobierno de Estados Unidos (Gobierno Federal), unas 40 organizaciones no gubernamentales urgieron al Gobierno de Puerto Rico a que emita una declaración de emergencia por la detención de los desembolsos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés), y el Women, Infant and Children Nutrition Program (WIC).
La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), licenciada Adriana Godreau Aubert, indicó en entrevista que las organizaciones firmantes de la declaración trabajan en distintos temas que abarcan acompañamiento legal a adultos mayores, a la niñez y ante violencia de género. Todas tienen en común que trabajan con poblaciones históricamente empobrecidas, lo que significa que son familias dependientes del PAN. Godreau Aubert confirmó que La Fortaleza ni siquiera emitió un acuse de recibo de la carta enviada por las organizaciones.
Ayuda Legal Puerto Rico, agencia que no trabaja directamente con el tema alimentario, dijo saber que “en Puerto Rico existe hambre, existe pobreza y que toda amenaza a asistencia pública nutricional es una amenaza contra la gente pobre”. El cierre del gobierno tiene como consecuencia amenazar el desembolso de los fondos del PAN en Puerto Rico. Observó que el tema ha generado muchos mitos y estereotipos dado a que la gente cree que los beneficiarios del PAN reciben grandes sumas. Los beneficios del PAN están entre los $140, $150, y los que más, $300 dólares. “Sabemos que para muchas familias eso no es suficiente y mucho menos para una compra que dure un mes”.
Según los datos, en Puerto Rico, los beneficiarios son 1, 234,825 personas. La mayoría son adultos mayores, 434,311; le siguen 260,347 menores de edad; 69,680 adultos con diversidad funcional; 9,096 jefas de familia; 2,833 personas sin hogar y 252,833 beneficiarios que tienen un empleo formal.
La licenciada Godreau Aubert denunció que el Gobierno de Puerto Rico se negó a participar de la acción judicial tomada por 25 jurisdicciones de Estados Unidos para retar la decisión de la administración de Trump y exigir que se hicieran disponibles fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa que sirve a 42 millones de personas en los Estados Unidos y a más de 1.2 millones en Puerto Rico. El tribunal le dio la razón a los estados, por lo que se ordenó al Gobierno de Trump a desembolsar el fondo de emergencia, del que Puerto Rico recibió $150 millones.
Contrastó que en el caso de EE. UU. un número importante de jurisdicciones identificó fuentes de fondos para combatir el riesgo de hambruna, mientras llaman al apoyo a bancos de alimentos y cocinas comunitarias.
En el caso de Puerto Rico, las organizaciones denunciaron que el presupuesto general destina una partida multimillonaria para un fondo de emergencia, pero la falta de transparencia lleva a oficiales del gobierno a afirmar que ese fondo tiene $125, $27 o $50 millones. Mientras la gobernadora sostiene que solo hay dinero para cubrir pagos hasta el 10 de noviembre, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asegura que existe un plan de emergencias establecido que permite cubrir los pagos hasta final del mes. No existe una respuesta concreta para las familias participantes, lo que calificaron de inaceptable.
La directora ejecutiva de ALPR defendió que el programa de alimentos “no es una dádiva, es un derecho fundamental. Creemos que el Estado tiene que proveer una red de protección social. Si el Estado no puede proveer servicios esenciales, salud, vivienda, y tampoco puede proveer alimentos, entonces tenemos un Estado que no sirve en función y la voluntad de pueblo”.
En tanto, en los acontecimientos más recientes en la disputa del dinero de SNAP, este viernes 7, la jueza Ketanji Brown Jackson, del Tribunal Supremo, ordenó la suspensión inmediata de los pagos completos del SNAP, como había dispuesto el Tribunal Federal. La decisión respondió a una apelación de emergencia de parte de la administración de Trump. Tras el fallo del tribunal, el presidente ordenó a los estados que ya habían desembolsado el dinero a devolverlo. La postura de la administración Trump es que hasta que no se resuelva el tranque por el presupuesto no habrá desembolso de dinero ni para SNAP y ni para otros programas, incluido el pago a empleados federales.
