La investigación estaba cerrada “administrativamente” desde el año pasado
CLARIDAD
Tras enterarse de que el Departamento de Justicia reanudó la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela, el Comité de Amigos y Familiares del fenecido organizador de “Viajes Varadero” solicitó una reunión a la secretaria de la agencia, Lourdes Gómez Torres.
De acuerdo con Carlos Muñiz Pérez, hijo del asesinado, la organización fue apercibida por una comunicación que filtró la senadora María de Lourdes Santiago (PIP), en la que Justicia alega que no puede publicar el sumario fiscal relacionado con el caso porque “está bajo una investigación activa”. Hasta hace poco tiempo, Muñiz Pérez entendía que, por parte del gobierno local, la investigación estaba cerrada “administrativamente”.
“Eso nos motiva a pedir la reunión. No hemos tenido una contestación todavía, al menos hasta ayer (domingo). Lo último que nos notificaron la exjefa de fiscal (y) la fiscal a cargo del caso en ese momento, en una reunión que no estaba el pasado secretario Domingo Emmanuelli, es que iba a haber un cierre administrativo del caso”, expresó Muñiz Pérez en entrevista con CLARIDAD.
En esa reunión, agregó el hijo de Muñiz Varela, Justicia argumentó que, sin “elementos de investigación”, sin suficientes recursos económicos para ser atendido ni voluntad para emprenderlo, el caso quedó truncado durante el gobierno de Pedro Pierluisi. No obstante, la organización estima la reciente desclasificación de documentos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) como un adelanto en el proceso.
“Nosotros manifestamos en la reunión que no estábamos de acuerdo (con el cierre). Que al contrario, aún había asuntos para investigar. Que había varias solicitudes de nuestra parte para activar el Freedom of Information Act para la desclasificación de documentos… Ahora, a petición de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, se desclasificó una parte”, detalló Muñiz Pérez sobre la reunión de mayo de 2024.
Establecida la intención de la titular de Justicia para abrir el caso, el Comité de Amigos y Familiares aguarda por el plan de acción trazado, el fiscal que se nombrará para investigar el caso y otros asuntos que comúnmente suceden en los cambios de gobierno. El último fiscal encargado, Pedro Berríos, preparó el sumario del caso de Muñiz Varela y Santiago “Chagui” Mari Pesquera.
“No queremos que la manifestación de la secretaria de Justicia represente un limbo para el caso. Ella alega que el expediente del caso no puede hacerse público porque no hay posibilidad de acusar a los sospechosos, de tomar acción legal… pero nosotros queremos que el caso se haga público, que salgan todos los nombres, que de alguna manera se sepa la verdad. Si eso no se puede hacer, pues seguimos con el caso. Lo que podemos hacer es quedarnos en este limbo de ‘ni se hace público ni investigo’”, continuó el hijo.
De concertarse una reunión con Gómez Torres, Muñiz Pérez es consciente de las ideologías de este gobierno. Es consciente de que la gobernadora Jenniffer González Colón incumbente rindió, en 2006, un homenaje a Julio Labatut, uno de los sospechosos directos en la conspiración contra Carlos Muñiz Varela. Esa conciencia lo lleva a un cierto escepticismo.
“No es mucha la esperanza que uno pueda tener en ese contexto, a menos que la gobernadora quiera reivindicar esas acciones. Nosotros fuimos a hablar con ella y le llevamos los documentos del FBI en ese momento y de cómo Julio Labatut estaba mencionado como uno de los posibles conspiradores… Aun así, con esa información, ella hizo el homenaje que acabó con una manifestación”, recordó, no sin reparar en que la mera existencia de evidencia del FBI debió impeler a González Colón para investigar.
Por otro lado, el Comité reconoce la solicitud de desclasificación que Justicia le hizo al FBI, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) y el Departamento de Justicia federal como un paso necesario para esclarecer el caso ocurrido, en 1979, bajo circunstancias sospechosas. Partiendo de las 44 páginas desclasificadas por la solicitud de Velázquez y Ocasio Cortez, Muñiz Pérez intuye que “aún faltan” testimonios de agentes por recopilar e información de la CIA y el FBI que pueden apoyar la investigación.
“La pregunta es por qué no lo hacen. Muchos de estos documentos, que aparecen con tachaduras, aluden a asuntos de seguridad nacional. Uno puede preguntarse si, a estas alturas, eso es una justificación válida, porque hay informantes del FBI que están vivos y pueden dar su testimonio. Todavía hay acciones que están pendientes. Es información que no tenemos y que podría complementar lo que ya se ha desclasificado”, cuestionó el también arquitecto.
Asimismo, el Comité inclusive ha solicitado que, de no hacerse públicos los documentos del caso, que al menos del Departamento de Justicia local tenga acceso a ellos. Esta falta de acceso, adujo Muñiz Varela, deja entrever una complicidad por parte del gobierno federal.
“Gran parte de los que participaron en esa época en las agencias federales, en el FBI, sabían de la participación de estos grupos terroristas de la extrema derecha cubana. De alguna manera, protegieron estas acciones hasta el punto de atentados, bombas y asesinatos, cuando ya no podían protegerlos. De hecho, probablemente sabían que había un atentado para asesinar a Raúl Álzaga, y no le notificaron, no investigaron. Aquí hay algo de complicidad”, concluyó Muñiz Pérez.
De la reunión, el Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela espera ampliar el panorama del caso con posibles informaciones que posea Justicia.
