CLARIDAD
Ante la cantidad de aumentos a la factura base de servicio eléctrico solicitada en menos de un mes por LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica– los tres consorcios encargados del sistema energético de Puerto Rico–, múltiples organizaciones han denunciado la petición como evidencia del “fracaso” de la privatización.
La colectividad Queremos Sol, por ejemplo, criticó el alza de 40 %, equivalente a 11 centavos por kilovatio (kWh), que propuso LUMA Energy para la factura. Además, reclamó al Gobierno de Puerto Rico el fin de la gasificación de la energía eléctrica mediante la empresa New Fortress, que actualmente atraviesa un proceso de quiebra, y aseguró que el aumento de 1.8 centavos por kWh pedido por la AEE no es la única alternativa.
“Nos engañan asegurando que no tienen alternativas cuando sí hay una opción costo-efectiva y confiable con un nuevo modelo energético público, que ahorre los costos de la privatización y que esté basado en energía renovable distribuida”, planteó el licenciado Pedro Saadé, portavoz de Queremos Sol, en el comunicado oficial.
Por su parte, el doctor en Ingeniería Eléctrica Agustín Irizarry Rivera recordó que el oficial examinador a cargo de la revisión tarifaria, Scott Hempling, expresó el mes anterior su frustración respecto a los planes entregados por LUMA Energy, Genera PR y la AEE. De acuerdo con Irizarry Rivera, el funcionario del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) esperaba que las empresas no remitieran sus planes a última hora en tres documentos distintos.
“Precisamente, lo que él (Hempling) dijo fue lo que pasó. Me parece que es evidente que no hay ningún esfuerzo de trabajo conjunto para dar un solo servicio… Me parece que es evidencia clara de que no funciona este asunto de las concesiones, esta privatización ‘light’ que el gobierno ha empujado. No está funcionando”, aseveró el ex representante ciudadano en la Junta de Gobierno de la AEE.
Para Irizarry Rivera, estas solicitudes corresponden a la insuficiencia de estas empresas privadas para suplir energía al país de forma estable. Con fondos disponibles desde el Gobierno de Puerto Rico, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y partidas sobrantes, “LUMA ha sido incapaz de manejar el presupuesto adecuadamente”.
El experto en el sistema eléctrico del país reparó, asimismo, en que LUMA Energy PR no detalla en qué invertirá los montos pedidos, mientras que las líneas de transmisión no reciben el mantenimiento que requieren. Tampoco hay explicación, dijo Irizarry, sobre qué tipo de combustible energizará estos trabajos. El doctor agrega que lo mismo sucede con Genera PR, que recurre al NEPR para fondos que nunca se reflejan.
“Es un desastre esta solicitud de presupuesto. Evidencia, a mi juicio, que las privatizadoras no están haciendo sus trabajos y que el Gobierno tampoco está coordinando con ellos”, compartió el ingeniero eléctrico, vía telefónica, además de atribuir la situación actual a una “promesa de campaña que se remonta a la administración de Ricardo Rosselló Nevares.
Por otro lado, Queremos Sol recalcó que la deuda de New Fortress, empresa matriz de Genera PR, asciende a $9,000 millones. Con inversiones multimillonarias para centralizar la generación y otros millones para reconstruir el sistema, la colectividad entiende que este aumento acabaría afectando el desarrollo económico y social. Para Irizarry Rivera, esto se ajusta perfectamente con la nueva política pública del presidente Donald Trump, conocido por oponerse a fuentes de energía renovable.
“El Gobierno y la Junta de Control Fiscal le dijeron al pueblo que esta privatización lograría tarifas por debajo de 20 centavos, $300 millones en ahorros anuales que LUMA iba a traer, mayores eficiencias en el servicio, mejor acceso a fondos federales y mayor cantidad de estos. Nada de eso se ha dado. Pues si los objetivos trazados por ellos mismos no se lograron, es hora de cancelar los contratos”, recordó Ingrid Vila Biaggi, de Queremos Sol.
La factura base será revisada por un plazo de meses indefinidos, pero el NEPR tiene la potestad de fijar una tarifa provisoria en el tiempo entremedio.
El cargo a los que suman energía a la red
En otro tema similar, LUMA Energy busca cargar a los prosumidores de energía eléctrica – aquellos que producen y contribuyen con electricidad de energía solar– por la distribución y transmisión del voltaje que aportan. Casa Pueblo arremetió contra esta propuesta.
“Esta política, igual que la amenaza de alzas tarifarias de parte de LUMA Energy y Genera PR, están dirigidas a favorecer la privatización y privilegiar a estas empresas usureras y también a quienes quieren construir nuevas plantas de gas y crear conflictos con gasoductos que son evidentemente innecesarios”, afirmó Arturo Massol Deyá, director de Casa Pueblo.
Del mismo modo, la organización autosostenible destacó que la medición neta –el término oficial del prosumo a la red– refuerza la estabilidad del sistema eléctrico y provee subsidios a escuelas públicas. El cargo propuesto, sostuvo la misiva oficial de Casa Pueblo, supone un “insulto y una agresión” económica contra quienes invierten en la energía solar. Massol también elaboró que LUMA Energy aprovecha este excedente de energía para venderlo a un precio mayor.
“La ruta para bajar la factura de luz, aun para quienes no tienen sistemas solares en sus casas, es que LUMA les lleve energía barata de medición neta en lugar de la costosa deGenera PR. O sea, no se trata de castigar a quienes producimos energía con el sol, sino todo lo contrario: masificar el aprovechamiento en los techos de todos y todas, incluyendo edificios públicos y áreas de estacionamiento, para el bien del país”, concluye Casa Pueblo.
Irizarry Rivera, así como Queremos Sol, coincidieron con Massol Deyá respecto a la instalación de sistemas solares en los techos de hogares y negocios, pero con la salvedad de que estos trabajos se den bajo un modelo de gobernanza pública y despolitizado.
