CLARIDAD
Los candidatos de la Alianza proponen, en cambio, una asamblea de estatus.
En el 2020, la legislatura le entregó “un cheque en blanco al gobernador” al concederle la facultad de convocar, sin consultas de otras ramas gubernamentales, un plebiscito para resolver el estatus, denunciaron los candidatos a la gobernación y la comisaría residente por la Alianza, Juan Dalmau Ramírez y Ana Irma Rivera Lassén.
“El plebiscito es una convocatoria fraudulenta, engañosa, que lo que busca es hacerle creer a los estadistas que el PNP está adelantando la agenda de la descolonización, y eso es falso. Fracasaron durante estos cuatro años como han fracasado en el pasado en sus gestiones en el Congreso, aún teniendo supuestos triunfos electorales y plebiscitarios”, aseveró el pipiolo en entrevista con CLARIDAD.
El abogado y exsenador aseguró que la Ley 165-2020, como se le conoce a la pieza legislativa en cuestión, también integra un despilfarro proyectado de $1.3 millones y una quinta papeleta sumada a las cuatro que habrá en noviembre. Una de dos papeletas “sin peso”, dijo Dalmau Ramírez. La segunda es la del voto simbólico por la presidencia de los Estados Unidos (EE. UU.).
“No somos ingenuos, y sabemos que este Tribunal Supremos no necesariamente se ha destacado en pleitos políticos como el paladín de los derechos de electores o de los derechos de la ciudadanía”, agregó Dalmau Ramírez.
El PIP aún espera por la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que de fallar en contra de la impugnación, la colectividad anunciará cómo responderá a “la papeleta plebiscitaria”.
Por su parte, la licenciada Ana Irma Rivera Lassén, candidata a la comisaría residente por la Alianza y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), coincidió con Dalmau Ramírez en que esta consulta de estatus resulta engañosa para el electorado.
“La ley le permite [al gobernador] usar legislación de Puerto Rico y de Estados Unidos, y hacer lo que quiera. Así que aprovechó la radicación del estatus en Estados Unidos y, usando esa [legislación] de una manera parecida, la copia en este plebiscito, pero resulta igualmente engañoso porque este no es el Congreso de los Estados Unidos. Copiar ese plebiscito a nivel local es engañar a la gente”, explicó la también expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
La Alianza presentará su plan de estatus en otro momento
De forma separada al acuerdo político entre ambas colectividades, el PIP presentó su plan para atender el estatus de Puerto Rico el pasado 22 de julio. El partido histórico propone, entre otras cosas, celebrar una Asamblea Nacional de Estatus en la que los candidatos pipiolos abogarán por la independencia. Para sorpresa de algunos, el exaspirante a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático Rafael Cox Alomar asistió a la presentación.
“Realmente, lo que yo expresé ayer [el 22 de julio] no es necesariamente, con todos sus puntos y comas, lo que Victoria Ciudadana finalmente pueda determinar”, puntualizó el candidato a la gobernación por tercera vez.
No obstante, Dalmau Ramírez confía en que ambas colectividades coinciden en que para atender la condición colonial se debe crear un “mecanismo procesal” que incluya opciones no coloniales y no territoriales. De esta forma, continuó, el resultado de este proceso servirá de “emplazamiento democrático” al Congreso de los EE. UU. para que responda a su obligación descolonizadora.
“Es el único mecanismo procesal que permite varias votaciones y votaciones informadas en un diálogo con el Congreso de los Estados Unidos versus lo que ha querido hacer el PNP: la imposición unilateral de mecanismos que solamente les benefician a ellos y excluyen al resto del país, como fueron los cabilderos de la estadidad”, elaboró el independentista.
Desde Victoria Ciudadana, la senadora Rivera Lassén confirmó que durante toda su trayectoria ha apoyado la Asamblea Constitucional de Estatus y que en los diálogos con el PIP “van en la misma dirección”. El MVC, reiteró su coordinadora, se fundó para atraer a una variedad de ideologías sobre el estatus.
“Obviamente, lo que le están presentando al pueblo de Puerto Rico en estas elecciones son unas fórmulas que están definidas ahí [en la papeleta], pero el pueblo de Puerto Rico no ha participado en la construcción de esa fórmula, y es para nada vinculante. Así que el Congreso de los Estados Unidos no tiene que respetar nada de lo que suceda ahí”, detalló la candidata a la comisaría residente.
Como su compañero de la Alianza, Rivera Lassén piensa que debe existir un proceso en que las personas sean informadas sobre el significado de cada una de las opciones que les presentaría en esa Asamblea. El hecho de que los pasados plebiscitos hayan pretendido, con sus resultados, provocar algún cambio “automático” a la condición política es una mentira, mencionó la abogada.
“Tiene que darse en una conversación. No puede ser solamente que el Congreso le ordene a Puerto Rico y no puede ser que Puerto Rico lo inicie sin conversar con el Congreso, porque se queda solamente en Puerto Rico o se queda solamente en el Congreso”, concluyó Rivera Lassén.
