La Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) dio a conocer mediante comunicado de prensa, que existe un consenso contundente entre sus miembros de que el proyecto del Senado PS 912 de reforma contributiva carece de análisis fiscal suficiente y no constituye la reforma estructural que el país necesita. El consenso según informó la AEPR, se obtuvo mediante una consulta a su matrícula realizada entre el 24 y el 28 de enero.
La AEPR informó que el 94.6 % de los economistas encuestados coincidió en que existe una urgencia innegable de modificar las tasas contributivas actuales a individuos, dado que las tasas contributivas son altas, igual que la tasa actual del 11.5 % del IV.
Sin embargo, indicó que el apoyo a la reducción de tasas viene acompañado de una profunda preocupación sobre la viabilidad fiscal y la transparencia del proceso. En esa dirección, denuncia en primer lugar que hay una falta de información por parte del Gobierno, al no proveer información suficiente sobre el impacto fiscal del proyecto.
En segundo lugar, advierte de que para lograr bajar las tasas es requisito indispensable mejorar la eficiencia administrativa en el Gobierno. Tercero, que existen dudas sobre el desarrollo y sobre el impacto macroeconómico.
Solo el 21.6% de los encuestados opinó que bajar las tasas contribuirá al crecimiento económico en la mayoría de los escenarios, aunque un 64.9 % reconoció que podría ayudar a la creación y retención de empleos. Mientras, el 16.2 % dijo considerar que bajar las tasas contribuirá al desarrollo económico en la mayoría de los escenarios plausibles.
En lo que se refiere a aumentar las deducciones por dependientes como propone el proyecto con el fin de que aumente la tasa de fertilidad, el 54.1 % de los economistas rechazó este argumento. Por el contrario, expuso que para aumentar la tasa de fertilidad es necesario desarrollar de manera simultánea otras estrategias debido a que el problema no se resuelve con una sola medida, requiere soluciones complejas que atiendan el problema a largo plazo.
En cuanto a la falta de análisis el 91.9 % señaló que el proyecto debió haber evaluado de forma simultánea el IVU, el impuesto al inventario y gastos tributarios (tax expenditures), entre los demás componentes medulares del sistema.
El impuesto al sol
El 73.3 % de los economistas estuvo en desacuerdo con que productos como sistemas fotovoltaicos y vehículos eléctricos paguen IVU para financiar la reforma.
El 77.8 % de los economistas del país sí favorece el aumento en la exención por dependiente de $2,500 a $5,000 y el 54.1 % además respalda la nueva estructura de tasas propuesta para individuos, aunque con posibles modificaciones. Por ejemplo, el 69.4 % estuvo de acuerdo o completamente de acuerdo con que el sistema contributivo debería ser más progresivo que el que fue propuesto y el 72.9 % dijo estar de acuerdo o completamente de acuerdo con que las personas con ingresos anuales mayores de $500,000 deberían enfrentar tasas contributivas más altas a las propuestas por la gobernadora.
En cuanto al proceso, el 80 % de los encuestados censuró que el tiempo disponible para la discusión pública no fuera suficiente. En tanto, el 83.7 % dijo estar en desacuerdo con que esta propuesta constituyera una reforma integral o estructural del sistema.
En conclusión, aun cuando los economistas validaron la necesidad de aliviar el bolsillo del contribuyente, alertaron de que aprobar medidas sin transparencia fiscal ni una reestructuración administrativa con visión de desarrollo económico real podría comprometer la estabilidad futura del país.
En tanto, la Junta de Control Fiscal no dio su aprobación al proyecto. En comunicado de prensa, la Junta, entre otros argumentos, indicó que su revisión preliminar del proyecto muestra que los recaudos de ingresos netos para el presente año fiscal que termina el 30 de junio de 2026 se reducirán en aproximadamente $370 millones ($563 millones de costo frente a $193 millones de compensaciones). Además señaló que en los pasados cuatro años fiscales los recaudos contributivos del Gobierno se han mantenido “relativamente estables” y que se proyecta que disminuyan en el actual año fiscal 2026, lo que podría sugerir una leve desaceleración del crecimiento económico local. Por lo tanto, los proyectos reducirían de forma significativa los ingresos del Gobierno sin identificar una fuente recurrente que sustituya la pérdida permanente de esos ingresos.
