Tras darse a conocer algunos detalles sobre la operación LUMA Energy (LE), la conclusión es que investigación sobre esta empresa debe continuar. Esto es lo que se desprende del análisis de los primeros documentos entregados a la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, que preside el representante Luis Raúl Torres.
Para el exrepresentante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Víctor García San Inocencio, la Cámara debe continuar con la investigación por varias razones. En primer lugar, porque es evidente que se necesita un cuerpo de ley que impida que se hagan contratos de naturaleza como el de LUMA, que no tienen estándares adecuados, ni cortapisas para evitar el abuso por parte de la empresa contratada.
Segundo, “porque LUMA es ahora mismo el buque insignia de la poca vergüenza administrativa en Puerto Rico, del gasto festinado y alegre y de la explotación de los consumidores puertorriqueños En la medida en que haya en algún sitio un contrapeso para que no haya tantos funcionarios sin babilla apoyándolos, en la medida en que haya un contrapeso en alguna parte, imagino que, primero, se intentaran hacer las cosas mejor, segundo, que otros desistirán de su salivante apetito por imitarlos”.
Quienes están pagando todos esos gastos de LUMA “somos los 1.4 millones de consumidores puertorriqueños que van a recibir el recordatorio cada mes”.
García San Inocencio alertó de que aun cuando hay muchas razones por las cuales la investigación debe seguir, esas mismas razones son las que le hacen pensar que ya mismo “desenchufan” la investigación, tan pronto salpique tanto a rojos como azules.
El profesor de Administración Pública refutó que sea correcto que el dinero que se está gastando es de LUMA, como ha dicho el ahora secretario de Estado, Omar Marrero, quien negoció el contrato de esa empresa cuando fue secretario de la Alianzas Público Privadas. San Inocencio catalogó las expresiones de Marrero como un subterfugio y reiteró que LUMA no ha puesto un chavo en la llamada “alianza público privada”. Todos los gastos de LUMA salen del bolsillo del pueblo de Puerto Rico de la primera remesa de $700 millones. Además, LUMA tiene garantizado el pago de $115 millones al año por los próximos 15 años.
Observó que aunque en la esfera pública el comportamiento de LUMA sería considerado de corrupción, “todas las cosas corruptas pueden ser legalizadas. En el mundo público esto sería corrupción, un derroche pleno de gastos alegres absolutos”.
En cuanto a hasta dónde podría llegar la investigación, planteó que una investigación bien hecha y llevada a cabo por una comisión conjunta de ambos cuerpos podría producir argumentos sustantivos para presionar en términos políticos al gobernador a que acuda al tribunal a prescindir del contrato. Sin embargo, dado al hecho de que la investigación es solo de una comisión de la Cámara, considera que nunca fue ni es el objetivo de la investigación que se cancele el contrato, porque no hay autoridad para ello.
Mientras, en entrevista al licenciado Ricardo Santini Gaudier, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, este afirmó a CLARIDAD que todavía no se ha dado a la luz pública toda la información sobre LUMA. Reveló que tiene documentación con información de que LUMA tenía en planes y en nómina 22 vicepresidentes a $325 mil dólares cada uno. Tampoco ha salido el conflicto de intereses que tiene Wayne Stensby como accionista de ACTO, empresa que a su vez contrata desde LUMA.
Al insistir en que LUMA no ha revelado toda la verdad, trajo a la atención que el pedido de información a LUMA fue en marzo, por lo que tuvo tiempo para ajustar sus procedimientos para que “no se vea tan fea la cosa. Por ejemplo, ellos dicen que tienen 400 y pico de celadores. No es cuestión de los que tienen ahora en noviembre, es cuestión de cuántos tenían cuando empezaron en junio, a ver si estaban preparados para asumir el contrato o no”.
En cuanto a la posibilidad de que se pueda prescindir del contrato, comentó que para los que consideran, como él, que la AEE nunca se debió privatizar, lo que ha salido es suficiente para indignar y exigir la renuncia. Tiene que haber fundamentos en derecho para prescindir un contrato, como puede ser el que sus ejecutorias están mal, que no participaron en la licitación, como es el caso de LUMA. Los que participaron en la licitación fueron ACTO y Quanta y cuando se le adjudicó la administración a LUMA esta no existía en derecho. Considera que en la información que se ha revelado hasta ahora se evidencia que el contrato es uno leonino a favor de LUMA y en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico.
Respecto a las declaraciones del gobernador Pierluisi, en el sentido de que era insustancial cuánto ganaban los ejecutivos de LUMA, el licenciado Santini Gaudier cuestionó el que un exsecretario de Justicia se atreviera a hacer esas expresiones. Se supone que Pierluisi debe saber que aquí todos los funcionarios que administran fondos públicos y que implantan política pública tienen que rendir un informe a Ética Gubernamental para evitar que las personas se beneficien de su cargo.
Por su parte, la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, miembro del movimiento Queremos Sol, coincidió con que la Cámara de Representantes debe continuar con la investigación. “Si algo ha mostrado la investigación y la información que se ha revelado hasta el momento es que los entes gubernamentales a cargo de fiscalizar este contrato, de velar por el buen uso de fondos públicos y de asegurar que se brinde un servicio eléctrico confiable y accesible, no están haciendo su trabajo y, al parecer, se niegan a hacerlo”.
Advirtió que hasta ahora la Cámara solo ha investigado el proceso de transición, por lo que debe proceder a investigar el periodo de operación de LUMA a partir del 1.0 de junio y que deben investigar, además, la labor de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, del Negociado de Energía y la Junta de la AEE, quienes, dijo, pueden estar incurriendo en faltas serias a su deber.
En cuanto a los visos de corrupción en el funcionamiento de LUMA, Vila Biaggi recordó que desde el primer día se levantaron serios cuestionamientos sobre cómo se dio la contratación de esta empresa. Recordó que se ventiló que la empresa no tenía la experiencia necesaria para operar un sistema complejo como el de Puerto Rico, que cabildeó en el Congreso durante el proceso de licitación cuando eso estaba prohibido y que optó por atropellar derechos adquiridos por los trabajadores. Denunció que el proceso además tuvo la presencia y presión constante de la Junta de Control Fiscal, quienes premiaron a su consultor Citibank con un bono millonario cuando cerraron la transacción.
“En días recientes ya estamos viendo las intervenciones indebidas que se han dado dentro de círculos de poder. Ante este cuadro uno no puede descartar que medie la corrupción. Y sobre los pagos exorbitantes a sus ejecutivos y recobro de gastos de vinos, estadías en hoteles de lujo y demás, muestran que LUMA viene a servirse y no a servir”, manifestó.
En opinión de Vila Biaggi, hay las bases para cancelar el contrato desde el primer día, por ser uno leonino que violenta disposiciones legales. A esto se le suma el fracaso de LUMA de los primeros cinco meses de operación, que incluyen aumento en apagones, fluctuaciones de voltaje que han incendiado casas y malas operaciones que han afectado la generación del sistema.
Expresó que con este cuadro no habría más nada que buscar para cancelar el contrato; pero no se cancela. Por lo tanto, la investigación no se trata de qué información revela, sino qué información nos puede arrojar luz a por qué no se cancela y de quiénes se están beneficiando del contrato y están ejerciendo presión en contra de los mejores intereses del pueblo.
Al igual que ha hecho con otra información acerca del contrato de LUMA y el sistema eléctrico de la isla, indicó que Queremos Sol proveerá al comité de Grijalva y a la Comisión de Energía EE. UU. la información sobre los gastos de LUMA para que también sirva en el proceso de investigación en curso en el Congreso.
