CLARIDAD
Durante la reciente campaña primarista Jennifer González hizo todo lo posible por desligarse de Luma Energy proyectando hacia su contrincante, el gobernador Pedro Pierlusi, la responsabilidad plena por el contrato otorgado al consorcio en junio de 2020. Ni ella ni su partido, que controlaba gobernación y Legislatura en aquel momento, querían asumir alguna cuota de responsabilidad por una decisión que tan desastrosa aparece ante los ojos de la ciudadanía. Aunque se cuidó de nunca pedir la cancelación del contrato, en varias ocasiones lanzó ataques a Luma tratando de ponerse en sintonía con la gente que sufría los apagones.
A juzgar por el resultado de la primaria la estrategia de González surtió efecto, aun cuando entre la militancia del PNP la indignación por las ejecutorias de Luma no está tan extendida como en el resto del pueblo. (En las redes sociales los pocos que defienden a Luma o tratan de minimizar su debacle son siempre miembros de ese partido.) Ahora, de cara a las elecciones generales de noviembre, cuando para ganar necesita votos de muchos sectores fuera del corazón partidista, ¿podrá tener el mismo éxito desligándose de Luma?
No hay duda de que la empresa privatizadora y los apagones serán uno de los temas centrales en la campaña electoral que apenas comienza. Aun cuando no nos visite una tormenta o que Luma se esmere en evitar apagones en los próximos cuatro meses la indignación generalizada no disminuirá en tan corto tiempo. Más que disminución, lo lógico será esperar que aumente porque la electricidad es ahora mismo el servicio más importante para la vida de la gente. Además, según se desprende de sus últimos actos, todo indica que a la nueva gerencia de la privatizadora, con el salvadoreño Juan Saca como principal figura, le importa muy poco que esa indignación se mantenga o aumente porque se sienten muy seguros con un contrato a 15 años al que le restan 11. En la reciente crisis que afecta a un grupo de pueblos del suroeste del país, en lugar de dorar la píldora como hubiesen querido los jerarcas del PNP, Saca optó por echar sal a las heridas. Con los ciudadanos agobiados, requiriendo acción inmediata, dijeron que se tomarían más de un mes en atenderlos. Luego reclamaron un aumento de tarifa y amenazaron con detener los trabajos de mantenimiento si no los complacen.
Ante ese cuadro, debemos esperar que los publicistas y directores de campaña de la candidata del PNP busquen afanosamente la manera para tratar de desligar a González de Luma, pero la tarea será difícil. Tratarán de explotar la supuesta lejanía de la comisionada residente mientras en la administración de su colega Ricardo Rosselló se cocinaba el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ese distanciamiento no existía. Ella fue en todo momento parte de aquel proceso y no sólo aprobó la selección de la entidad agraciada con el contrato, sino también la política de privatización. Fue el PNP de Jennifer González, controlando el Ejecutivo y la Legislatura el que, en sintonía con la Junta de Control Fiscal, decidió acoger la privatización de servicios públicos como una política central de su administración de gobierno.
Esa política neoliberal que González, como buena “trumpista” comparte, es el origen de todos los males. Y cuando a esa visión se añade la incompetencia administrativa, complementada con una buena dosis de corrupción, el resultado es el desastre.
La política de borrón y cuenta nueva implementada llevó al desmantelamiento de una estructura creada a lo largo de décadas mandando, de paso, a cientos de trabajadores diestros a un retiro obligado. Simultáneamente, junto a ese absurdo desmantelamiento de la estructura operativa de la AEE, se procedió a seleccionar a una entidad sin capacidad para la tarea que se le encomendaría. La supuesta experiencia en sistemas eléctricos que tenía la principal compañía matriz de Luma, la canadiense ATCO, se limitaba a una provincia de su país, Alberta, que apenas tiene 16 habitantes por milla cuadrada en un entorno geográfico absolutamente distinto al nuestro. Esa selección solo se explica como el producto de una mentalidad colonizada que sobrevalora lo extranjero y subestima lo propio en cualquier circunstancia.
La comisionada residente Jennifer González fue parte de ese proceso concebido por el gobierno de su partido y autorizado por la Legislatura que también controlaban. Ahora, en su desesperación por desligarse de la debacle puede que, inclusive, se atreva a decir que “buscará la manera” de cancelar el contrato Luma si llega a la gobernación. Pero esos esfuerzos difícilmente prosperarían si sus contrincantes logran que el desastre energético se convierta, como debería ser, en el tema más importante de la campaña electoral. Ese desastre, producto del neoliberalismo y la incompetencia, es el mejor retrato del bipartidismo que intentaremos dejar atrás el próximo noviembre.
