El Tribunal de Primera Instancia en San Juan (TPI), ordenó el 6 de noviembre, al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, el alegado subpoena que le emitió una agencia federal y otros datos relacionados al traspaso de información de miles de personas inmigrantes en Puerto Rico.
A principios del mes de octubre, la ACLU presentó una petición de mandamus ante el TPI contra el secretario del Departamento de Transportación, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que el Gobierno entregara de manera inmediata documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013.
La acción de ACLU se dio tras la revelación pública de que entre febrero y marzo de 2025, el DTOP, entregó a agencias federales información de conductores que obtuvieron este tipo de licencia diseñada para personas inmigrantes. Posteriormente, el propio Gobierno federal confirmó que estos datos son utilizados para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos y deportarlos. La mayoría de estas detenciones ocurren sin orden judicial y en violación de derechos constitucionales y humanos que cobijan a todas las personas, incluidos los inmigrantes.
«Con esta victoria, la ACLU de Puerto Rico reafirma su compromiso con la protección y la defensa de los derechos humanos y civiles de todas las personas que vivimos en nuestro archipiélago. El acceso a la información es primordial y fundamental para una democracia sana y el principio de máxima divulgación debe permear todo el quehacer gubernamental», afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, su directora ejecutiva, tras la determinación del TPI.
Mientras, el director legal de ACLU, el licenciado Fermín Arraiza Navas, subrayó: “El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué circunstancias y supuestos se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo y cómo ocurrió el traspaso de estos datos, incumpliendo con la intención legislativa en la Ley 97 de 2013, que exige confidencialidad sobre esos datos».
La ACLU informó que el DTOP, representado por el Departamento de Justicia, intentó defender en sala un «interés apremiante» en proteger como confidencial el alegado subpoena que recibió la agencia sobre la información de los inmigrantes, planteando que dicha solicitud era parte de una presunta investigación que podría beneficiar al Estado en materia de seguridad pública.
Desde enero de este año hasta el mes de octubre, ICE había arrestado en Puerto Rico al menos 1,236 personas inmigrantes.
