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¡Esencia no va!
La Coalición Defiende Cabo Rojo, hizo un llamado a todo el país a marchar este próximo 28 de marzo en contra del pretendido proyecto Esencia. La marcha saldrá a las 11 de la mañana desde frente al Parque del Escambrón en Puerta de Tierra, hará una parada en el lado norte del Capitolio y seguirá hasta la Fortaleza.
En conferencia de prensa desde el Parque del Escambrón, en donde fueron recibidos por miembros del grupo Escambrón Unido, los portavoces de la Coalición, Héctor Quintero Vilella, Damaris Burgos y Beatriz Llenín Figueroa, acompañados de un nutrido grupo de residentes de Cabo Rojo y pueblos vecinos, informaron que más de 55 organizaciones magisteriales, culturales, de derechos humanos, científicas, ecologistas y políticas se han unido a la marcha, con lo cual se destaca que todos los sectores del país, así como en la diáspora, se oponen a Esencia.
La marcha contará con movilizaciones simultáneas de apoyo en la ciudad de Nueva York y Orlando, Florida. En el caso de Nueva York, la manifestación se llevará a cabo frente al edificio de PG Morgan Headquartes, 270, Park Ave., la de Orlando, en el City Hall, 400 Orange Ave.
Los portavoces destacaron que la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el pasado 25 de diciembre, no constituye un permiso de construcción, sino meramente una certificación de un documento ambiental, el cual, denunciaron, está profundamente emplazado con evidencia científica abrumadora.
El ecológo Quintero Vilella precisó que hay 12 estudios nuevos que no se presentaron en la DIA, y que, por lo tanto, esta no es legal. Se supone que aún hay un proceso administrativo ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP). Los denunciantes expresaron sus reservas de que el personal de OGP, tenga los conocimientos para evaluar el proyecto. Repasaron que tanto el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, siglas en inglés) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), se oponen al proyecto.
Los portavoces de la Coalición denunciaron que un sin permiso, recientemente hubo una remoción de corteza terrestre y una destrucción de hábitat en los predios controlados por Cabo Rojo Land Acquisition, LLC. La Coalición presentó dos querellas: una, ante el DRNA (23 de febrero y 3 de marzo) y otra, ante el USFWS (6 de marzo). Las querellas fueron acompañadas con evidencia fotográfica, afirmó Quintero Vilella.
El proyecto Esencia contempla la construcción de 1,132 residencias cuyos precios oscilan entre los $2 y $20 millones de dólares, 520 habitaciones de hotel, dos campos de golf y múltiples otras edificaciones, incluido un edificio para alojar a empleados. La Coalición recalcó que su construcción produciría graves daños sociales, económicos, ecológicos y de salud pública, debido a impactos directos e indirectos a 1,549 cuerdas de bosque de alta biodiversidad, bosque que constituye el hábitat de múltiples especies endémicas y en peligro de extinción en la zona suroeste de Puerto Rico. Además, dañaría un lugar de gran importancia arqueológica, cultural e histórica de nuestros pueblos originarios y de comunidades obreras caborrojeñas.
El tamaño de Esencia equivale a tres isletas de San Juan, desde Puerta de Tierra a El Morro. El 40 % del terreno está catalogado como Suelo Rústico Especialmente Protegido-Ecológico y colinda con dos reservas naturales. Se denunció que el proyecto también le quitaría el agua a residentes, comerciantes, agricultores y pescadores de por sí afectados por la escasez de agua en la zona. Además les expondría a tóxicos dañinos para la salud, les vulneraría aun más ante los efectos del cambio climático, privatizaría el acceso a la playa, contaminaría cuerpos de agua esenciales para la economía pesquera local y aceleraría la gentrificación y el desplazamiento de nuestra gente.
En tono enfático, Damaris Burgos manifestó que “Esencia, lejos de ser un desarrollo, sería una catástrofe. Unido al harto documentado patrón de desplazamiento y sustitución poblacional impulsado por medidas como la Ley 60, que privilegian la inversión especulativa foránea, Esencia, con su enorme magnitud, típica de procesos de asentamiento, establecería un precedente nefasto para el despojo y desalojo del resto de nuestras tierras y costas en Puerto Rico”. Por si no fuesen suficientes el desplazamiento poblacional, la privatización de un corredor de costa de 1,549 cuerdas y los daños ambientales, también está el esquema de financiamiento público detrás del proyecto. ““El Gobierno de turno ya ha otorgado al proponente $497.7 millones de dólares en créditos contributivos y otros millones en exenciones del CRIM, 90 % en contribuciones sobre ingresos, 100% en IVU y enlas patentes municipales”
“Esto supone que el pueblo puertorriqueño, que hoy se asfixia pagando impuestos, sufriendo el alza en el costo de vida y sobreviviendo sin acceso a servicios esenciales, asunto que es responsabilidad del Gobierno, estaría subsidiando directamente un megaproyecto privado que tendría incluso su propia escuela y hospital privados”, denunció la Coalición.
