CLARIDAD
El Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump, urgió al gobierno de Puerto Rico a que adopte una política pública migratoria para la protección de la población migrante y sus familias.
La licenciada Annette Rodríguez Orabona directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, siglas en ingles), capítulo de Puerto Rico, dio lectura a una declaración del Frente en la cual se plantean los aspectos que debe contener dicha política. En primera instancia el gobierno debe reconocer “los derechos humanos fundamentales de la persona migrante y de su derecho a una vida digna y segura en Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio”.
Entre los aspectos que debe contener la política pública, plantea el Frente es que se garanticen servicios públicos como hospitalarios, educación y otros servicios esenciales sin importar el estatus migratorio de la persona, proveer lugares santuarios, y la no separación de las familias.
Un aspecto esencial que se indicó es que se adopte “una política clara de no participar, ayudar o facilitar el trabajo de las autoridades federales en la identificación, detención y arresto de personas migrantes sin documentación regular”. Además de que el gobierno de Puerto Rico publique cualquier acuerdo de colaboración que exista entre las agencias estatales y el gobierno federal con relación a la identificación, detención, arresto y procesamiento de personas migrantes.
El Frente subrayó que no existe mandato alguno que obligue a los gobiernos locales a colaborar con las agencias federales. Al respecto la licenciada Mariela García, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (MILA, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, en alusión a la orden en el Departamento de Justicia de Puerto Rico de hacer una lista de migrantes víctimas de delito, expresó que “lo que está haciendo la gobernadora de Puerto Rico es algo sin precedente que ningún otro estado ha estado llevando a cabo perseguir a víctimas por delitos de crímenes”.
Añadió que la organización tiene un banco de abogados pro bono a nivel de Estados Unidos al cual las personas pueden acudir. Además de que, junto a la Liga de Ciudades, aquí en Puerto Rico ofrecerán talleres para abogados que no se dediquen a inmigración, que sean mayormente criminalistas para que puedan defender a extranjeros que se encuentren en una situación criminal.
García fue enfática en indicar que cada estado tiene en estos momentos la discreción de cuán mucho utiliza sus fuerzas estatales para ayudar en al ejecución de las órdenes ejecutivas a nivel federal. “El gobierno federal en estos momentos no puede obligar a agencias estatales a que lleve a cabo la gestión que solo le corresponde al gobierno federal, para que un gobierno, estatal o local participe tiene que hacerlo libre y voluntariamente”.
Sobre este aspecto el director Legal de ACLU Fermín Arraiza Navas explicó que durante su primer cuatrienio Trump trató de imponer esa responsabilidad a los estados y el estado de California llevó un caso -California vs. Trump 2019- que llegó al primer circuito y se le dio la razón a California, al decir que una imposición a través de una ley federal para que la policía estatal hiciera el trabajo de colaborar con las autoridades federales es inconstitucional. La ley -dijo el tribunal- viola la constitución debido a que los estados tienen unos poderes donde no puede intervenir el gobierno federal. Aunque el caso llegó al Tribunal Supremo de EE UU, el tribunal no atendió el caso.
“Ese es el estado de derecho actual los estados están protegidos por la constitución de Estados Unidos para negarse a colaborar con las autoridades federales”. En el caso de Puerto Rico confirmó que el ELA no tiene ninguna política migratoria.
A esos efectos la Directora ejecutiva de ACLU reiteró que las organizaciones están pidiendo que se adopte una política clara en protección de la comunidad migrante y que se prohíba que se ayude o facilite a las autoridades de inmigración. A esos fines ya tienen redactado un borrador de un proyecto de ley para presentar ante la Legislatura.
Sobre la incertidumbre de cuánto durarán las detenciones Arraiza Navas, comentó que se puede llegar a un punto que paren por presiones políticas. “Todo depende los pleitos que hay pendientes principalmente en Estados Unidos”. Aun cuando dijo, que aquí en Puerto Rico se podrían presentar casos de interdicto y otras acciones legales para que no se implementen esas políticas, observó que eso ya se está haciendo en otras jurisdicciones, lo cual tendrían efectos aquí en Puerto Rico. “En el ínterin de que estos pleitos no surtan efectos la exhortación a las personas que no tienen estatus migratorio legalizado eviten contacto con las autoridades federales. Tenemos que estar conscientes de que son medidas que se están impulsando para eliminar lo que son el debido proceso de ley por lo menos en aquellas personas que no llevan más de dos años viviendo en EE UU”.
A la pregunta de en que instancias una persona pudiera pedir asilo político con estas políticas migratorias, la experta en migración, licenciada Julie Cruz, explicó que según la ley una persona tiene un año del momento en que llega a EE UU para poder pedir asilo. Resaltó que la incoherencia en las ordenes de Trump es que si la persona tiene un año y ya está en la corte de migración para pedir el asilo, lo cual se puede hacer ante a la agencia y ante la corte, dentro de este proceso hay unas fases que están avaladas por el derecho Internacional, sin embargo con la orden de Trump si se tiene un año y de momento le arrestan cae dentro de la deportación expedita. Debido a esto dijo es que se van a ver mas litigios para frenar esta política de la deportación expedita, que esta administración extendió a personas que llevan menos de dos años.
Cruz exhortó a que es importante que se tenga un enlace con la comunidad en EE UU porque desafortunadamente en Puerto Rico no se tiene un centro de detención para inmigrantes, básicamente lo que hay son centros temporeros lo que hace un problema porque disloca cualquier persona que sea arrestada por lo general se envía a Florida. Recordó que durante la primera administración de Trump las personas eran enviadas a donde hubiese espacio, eso disloca el apoyo familiar, el apoyo evidenciarlo del abogado que lo representa “por eso el llamado de las organizaciones a los abogados que se unan a estos grupos”, se refiere a las organizaciones del Frente.
Las expresiones se dieron en conferencia de prensa en la que se dio a conocer la formación del Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias.
