Aunque no es sorpresa para nadie la aprobación por la gobernadora, Jenniffer González Colón, del llamado proyecto de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, el PS 63, las organizaciones de periodistas y del resto de la sociedad civil manifestaron su rechazo a este y reafirmaron su compromiso de hacer valer el derecho constitucional a la información pública.
“Era de esperarse la firma de esta medida autocrática, que se suma a otras políticas adoptadas por La Fortaleza y el Gobierno que buscan limitar el libre ejercicio del periodismo en Puerto Rico. Pero ni esta ni ninguna otra medida antidemocrática nos desviará de nuestro compromiso con la investigación, con la fiscalización y con la búsqueda de la verdad”, aseveró la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Nydia Bauzá.
La ASPPRO, afirmó, continuará reclamando los datos que sean necesarios para destapar la corrupción y el mal uso del dinero público.
En tanto, el Movimiento Victoria Ciudadana denunció que el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha actuado en su primer año de este cuatrienio de forma revanchista, autoritaria y antidemocrática, aprobando medidas sin un análisis riguroso, sin escuchar a los sectores expertos y sin evaluar seriamente sus consecuencias para el país.
“El país necesita más democracia, más transparencia y más derechos, no menos. Desde el Movimiento Victoria Ciudadana continuaremos denunciando estos retrocesos y organizándonos para defender un Puerto Rico donde el gobierno rinda cuentas y donde se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas”, puntualizó Eva Prados, su coordinadora general.
Otro que reaccionó censurando esa aprobación fue el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame. “Nuevamente el país recibe otro golpe a la democracia por la mayoría del liderato PNP. Esta medida tiene el repudio de las organizaciones periodísticas. La medida contó con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado y la Cámara, así como de cuatro miembros del Partido Nuevo Progresista en la Cámara y de la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz, junto con los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño. Es una medida propia de las dictaduras que tanto critican”, aseguró Calderón Cerame.
Mientras, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) capítulo de Puerto Rico, la cual depuso en la única vista pública que se llevó a cabo sobre la medida, señaló que con la aprobación “el Gobierno demostró una intención evidente de impedir que el público tenga acceso de manera oportuna a la información que tiene derecho a ver y que es indispensable para la toma de decisiones, rendición de cuentas y fiscalización de la gestión pública, elementos básicos en una democracia», anotó la directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Martínez Orabona.
Ante los nuevos obstáculos que impone la ahora firmada Ley 156-2025, la ACLU de Puerto Rico instó al público en general, a los periodistas, otras organizaciones y entidades a que al solicitar acceso a información pública, registren y documenten las instancias durante el proceso en las que se violente su derecho de acceso a información.
