CLARIDAD
El director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, alertó sobre que Puerto Rico no puede seguir aplazando la resolución de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y recabó una mayor atención de parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), así como de la jueza Laura Taylor Swain y de la gobernadora de Puerto Rico.
En un reciente análisis, AEE Titulo III: Un equilibrio complejo, el CNE expone que, en la negociación de la deuda de la AEE bajo el Título III de la Ley PROMESA, los gastos entre abogados, asesores financieros y consultores de todas las partes han superado los $1,500 millones. “Si la restructuración no se finaliza en el tiempo debido, ¿cuánto podría llegar a costar un litigio prolongado en comparación con los beneficios de un acuerdo sostenible?”, cuestionó el CNE.
En esa dirección, Marxuach expone que hay dos espectros extremos que delimitan los posibles acuerdos con los bonistas y plantea la necesidad de un acuerdo “razonable”.
El primer espectro es la propuesta de la JCF (PAD), que propone el pago de $2,300 millones en nuevos bonos, lo que representa una recuperación aproximada del 23 %. El Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA) proyectó que esto añade aproximadamente 1.6 centavos por kWh a las facturas de los clientes durante 35 años, con un costo total para los usuarios de aproximadamente $5,100 millones (Sanzillo, IEEFA, 7 de septiembre de 2023).
En el otro extremo del espectro está el reembolso total del valor nominal de los bonos emitidos por la AEE más los intereses posteriores a la presentación de la petición, las reclamaciones administrativas y los honorarios, que, según sostiene la coalición de acreedores, se niega a negociar,. Ello produciría una obligación total de aproximadamente $11,000 a $12,000 millones.
“Este escenario no es considerado económicamente factible por la mayoría de las partes en el proceso, incluida la jueza Swain, quien ha caracterizado públicamente algunos de los argumentos de los bonistas como “probablemente descabellados” (Slavin, Judge pushes PREPA, creditors to negotiate deal in 60 days. Bond Buyer,11 de julio de 2024)”.
A preguntas de CLARIDAD sobre cuál sería una manera sensata de zanjar esta disputa si, como se ha visto, los bonistas insisten en cobrar por completo y no pasó ni un día en que acudieran a apelar la más reciente decisión de la juez Swain. En una vista celebrada a mediados de marzo, la jueza rechazó una exigencia de los bonistas de cobrar $3.7 mil millones, que según ellos se debió dirigir al pago de los bonos durante la quiebra, pero se utilizaron para otros gastos operacionales no autorizados.
El director de Política Pública del CNE señaló que entiende que la decisión de la jueza está bien argumentada y tiene una base legal sólida, aunque reconoció que habrá que ver qué determinará el Tribunal Apelativo. Subrayó que es descabellado lo que los bonistas están pidiendo, lo que implica un aumento en la factura que nadie en Puerto Rico podría pagar.
A juicio de Marxuach, tanto la Junta como la jueza Swain deben prestar una mayor atención ante la postura recalcitrante de los bonistas. Puntualizó que la Ley PROMESA le da unos poderes a la juez, pero su parecer es que esta les está dando la mayor cantidad de oportunidades posibles, aunque su paciencia parece estarse acabando.
Marxuach afirmó que las partes deben llegar a una negociación y que lo preferible es llegar a un acuerdo razonable. “Todo el mundo está de acuerdo en que se debe utilizar el tribunal, pero si una de las partes no está dispuesta a moverse en algún momento ella (se refiere a la jueza) va a tener que utilizar el poder que tiene. Si los bonistas quieren apelar, que apelen. Llevamos ya 10 años y esto se está convirtiendo en el consenso”. Apuntó que la falta de un acuerdo está aguantando otras cosas que hay que hacer en el sistema eléctrico y que, en la media que prosiga el pleito, va a ser más difícil a largo plazo la transición a la energía renovable e incluso una negociación con Genera.
Del otro lado, expuso, el CNE considera un escenario como el que propuso el economista Martín Guzmán hace unos años de recortar un 80 % de la deuda. La última oferta de la JCF, dijo, está más o menos en un recorte de 27 %. Eso, de todas maneras, implica un aumento en la factura, a menos que se logren ahorros por otros lados.
Agregó que la razón del aumento en la factura es porque no hemos estado pagando deuda por unos 10 años. Aunque la AEE se fue a la quiebra en el 2017, dejó de pagar su deuda en el 2015. Marxuach indicó que en la medida en que no se generen ahorros, lo que en estos momentos ve difícil por todo lo que está pasando en el mundo, habría un aumento, pero eventualmente ese aumento se podría mitigar.
La alternativa
Sergio Marxuach destacó que en la medida en que podamos movernos de combustible fósil a energía renovable se puede mejorar tanto el servicio como los ingresos de la AEE. Al respecto, planteó que la energía renovable tiene dos ventajas: no solo que es más barato que los fósiles, sino que en la medida en que se tenga un porciento más alto de generación a un costo fijo, no se tienen las variaciones por cosas que pueden suceder de las que el país no tiene control. Observó que todos los países grandes, incluidos los europeos, al presente están buscando reducir la dependencia del mercado internacional, es decir, del gas y petróleo.
“En esa medida, creo que el Gobierno de Puerto Rico ha hecho la decisión incorrecta porque lo que se ha visto en los últimos 15 meses es la instalación de más combustible fósil. Por lo menos, antes de la guerra de Irán podía decir que el combustible fósil era más barato, pero ya esas condiciones no existen y no se sabe cuándo esto va a terminar y cuánto va a tardar volver a la normalidad”.
Recordó que ya ha pasado antes que en la medida en que el precio para el combustible aumenta en Europa y Asia y excede lo que se paga en Puerto Rico se tiene el riesgo de que la compañía de gas determine venderlo en otro lugar, además de que el fin de la guerra —Israel, Estados Unidos e Irán—, no garantiza que vaya a haber mejores precios. Señaló que ya salió un informe de la Agencia Internacional de la Energía que dice que se han identificado cerca de 40 facilidades de producción de petróleo o gas natural en nueve países a las que les han sido afectadas sus infraestructuras y que hay que reconstruir, lo que puede tardar de dos a tres años. A esto se le une la incertidumbre de las negociaciones sobre el control del estrecho de Ormuz.
El director de Política Pública del CNE sostuvo que a largo plazo lo que más sentido tiene para Puerto Rico, siendo una isla, es que invierta en la energía renovable. Reparó en que si ya se tuviera 1/3 parte de inversión en energía solar, el impacto de la situación con el combustible no sería tan grande y se tendría una respuesta para adaptarnos a unas circunstancias, de una manera que no lastime la economía y a los hogares. “Desafortunadamente hemos arrastrado los pies”, expresó en referencia a la Ley 17 de 2019 que establece la transición a un sistema de energía renovable para el 2050.
Una vez más, Marxuach insistió en que el país está en una situación bien complicada. “Me preocupa que nadie le está prestando atención en Puerto Rico por parte del Gobierno. Esto es algo bien importante para Puerto Rico. Se ha caído del radar y hay que recordar que esto todavía no se ha terminado. Con relación a los fondos de FEMA para la reconstrucción del sistema, advirtió que “si acabamos gastando los $10 mil millones en lo mismo, gas y petróleo, pasará lo mismo. Eso es otra cosa a que la gobernadora no le ha prestado atención: el daño ambiental que provoca el uso de los combustibles fósiles”.
