Especial para CLARIDAD
El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) –candidato también de la alianza electoral con el Movimientos de Victoria Ciudadana– dio a conocer este lunes pasado 22 de julio una propuesta para la descolonización de Puerto Rico con la que se compromete poner en marcha de salir electo el 5 de noviembre próximo. Según anunció, su propuesta tiene como eje la convocatoria inmediata a una Asamblea Nacional de Status.
“Este proceso lo que busca es que Estados Unidos tenga que cumplir con una obligación legal, con una obligación histórica, con una obligación moral. (…) Lo que yo propongo es una iniciativa de pueblo, una iniciativa inclusiva, una iniciativa democrática, donde el primer paso sea ‘aquí estamos como país, como pueblo, exigiendo que se cumpla con el derecho nuestro a la libre determinación’ y eso contrasta con las iniciativas que se han tomado en el pasado”, manifestó el también secretario general del PIP. Dalmau se refería a las iniciativas basadas desde el 1967 en el mecanismo plebiscitario, las cuales han fracasado estrepitosamente.
Dalmau abundó en que de salir electo convocaría al país para un proceso diferente, el cual daría inicio a un proceso para la elección de delegados a la Asamblea Nacional de Status que sean representativos de las opciones de la independencia, la libre asociación y la anexión a Estados Unidos. Inmediatamente electos, se formaría una Comisión negociadora con Estados Unidos, con representación de las tres opciones.
Del programa electoral del PIP, titulado Patria Nueva, se establece que el derecho internacional de descolonización y de los derechos humanos en general debe integrar el marco jurídico de dicho proceso, lo que quiere decir que no puede limitarse al Tratado de Paris de 1898, bajo el cual somos mero “botín de guerra”; ni a la Cláusula Territorial de la Constitución de EEUU bajo la cual el Congreso posee poderes plenarios y propietarios sobre Puerto Rico; y menos aún a los notorios Casos Insulares del Tribunal Supremo de EEUU bajo los cuales el Congreso federal tiene poder absoluto para disponer como le dé la gana sobre el “territorio” de Puerto Rico, en su calidad de mera propiedad que no es parte de la República y federación estadounidense.
Qué Washington hable con la verdad
Ahora bien, igualmente se afirma en Patria Nueva lo siguiente: “Es necesario exigir a Estados Unidos que promueva un proceso donde el pueblo puertorriqueño pueda elegir entre alternativas no coloniales para su futuro. Esto implica diseñar un proceso legal para disponer del territorio y renunciar a los poderes plenarios otorgados al Congreso por la constitución. Además, se debe facilitar que el pueblo tome una decisión informada sobre su futuro, con claras opciones de transición. Las definiciones de estas opciones deben surgir de un proceso de negociación que aclare aspectos importantes de las diversas alternativas descolonizadoras que puedan interesar a distintos sectores del pueblo y que sean aceptables para Estados Unidos.”
Sólo a partir de este proceso previo de consulta y negociación en que se definan las opciones reales, mutuamente aceptables, de descolonización, es que finalmente se pasaría a la siguiente fase de celebrar una consulta al pueblo puertorriqueño para que decida sobre éstas. Es este proceso previo a la consulta el que evitará que sigamos perdiendo tiempo en someter opciones a la consideración del pueblo puertorriqueño que no tienen la más mínima posibilidad de ser aceptadas de facto por Washington.
Ese es el caso con la opción de la anexión a Estados Unidos, a lo que en Puerto Rico se llama la “estadidad” (estado de la unión federal). Hay que conseguir que Washington se pronuncie antes de cualquier consulta sobre si aceptaría la “estadidad” cómo opción autoejecutable. Sólo deben someterse a votación opciones que el Congreso puede aceptar cómo autoejecutables. Hay que evitar que pase lo que ocurrió en 1991 con el proceso de consulta y negociación de aquel entonces. El proceso abortó por la negativa Republicana a aceptar la “estadidad” como una opción autoejecutable. Sin embargo, el proceso debió seguir con las demás opciones. En ese momento la independencia se había constituido en la opción más favorecida, sobre todo dada la negativa de Rafael Hernández Colón para optar por un ELA Soberano fuera de la Cláusula Territorial. El Plan de Transición a la independencia fue, para sorpresa de muchos, el más ventajoso. De que no habían condiciones en ese momento en el Congreso para apoyar la “estadidad” y sólo para promover la opción de la independencia, lo reconoció públicamente en aquel momento hasta el líder anexionista y exgobernador Luis Ferré.
Recordemos de que ese Proceso de Consulta y Negociación de 1989-91 en el Congreso se produjo luego de que desde mediados de la década de los setentas se estuviese debatiendo sobre el futuro de Puerto Rico. En éste se advertía de que una petición de anexión de Puerto Rico representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a las diferencias culturales representadas por la nacionalidad puertorriqueña, la existencia de un movimiento independentista, además de los costos económicos que tendría para una economía nacional, como la estadounidense, que había optado por el modelo neoliberal y el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar. Al respecto, recordemos la consigna de los anexionistas de que “la estadidad es para los pobres”.
No pasaba desapercibido en Washington de que el crecimiento de las simpatías anexionistas respondía a la necesidad de acceder a mayores fondos federales para un Puerto Rico que dejaba de ser “el progreso que se vive” y cuya dependencia en transferencias federales aumentaba exponencialmente. Ante ello, los analistas y formuladores de política pública del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entre otros, recomendaban que Washington considerase timonear a Puerto Rico hacia la independencia y el fin de la dependencia colonial. Hasta el Pentágono parecía allanarse, con la única salvedad de que se le impusiese a Puerto Rico la obligación de seguir alineado estratégicamente a Estados Unidos.
La píldora venenosa de la estadidad
La “estadidad” ha demostrado ser una píldora venenosa que termina por matar cualquier proceso. En junio de 2022, el mismo Juan Dalmau llamó la atención sobre este hecho en una reunión con congresistas miembros del Comité de Recursos Naturales. Además, hay que reconocer que la anexión solo puede ser resultado de un proceso de mutua determinación pues no hay como tal un derecho autodeterminado a ser anexado, es decir, a la “estadidad”. Esto lo reconoció Luis Gutiérrez cuando en febrero de 2017, antes de salir del Congreso, sometió un proyecto para la descolonización de Puerto Rico que limitaba las opciones de una consulta plebiscitaria a la independencia y la libre asociación. Eran para él las únicas opciones reales dada la renuencia, más allá de la retórica, que prevalecía en el Congreso hacia la “estadidad”.
Para mí el proceso bilateral de consulta y negociación, previo a cualquier consulta, es en ese sentido lo central de cualquier propuesta de descolonización como la lanzada al ruedo por el compañero Juan Dalmau. Incluso, en el caso de que finalmente Dalmau triunfe aquí y Trump allá –a lo que me he referido recientemente como “la tormenta perfecta”–, creo que esa consulta y negociación podría efectuarse mejor con el Ejecutivo que con el Congreso. Ya se sabe la postura de Trump contraria a la estadidad. Y el Partido Republicano ha acogido ya la negativa de Trump a la estadidad en su plataforma electoral.
Precisamente una de los puntos claves de lo que se conoció como el Proyecto Dellums de fines de los setentas y comienzos de los ochentas del siglo pasado –trabajado por Juan Mari y el constitucionalista Arthur Kinoy, junto al congresista demócrata socialista Ronald Dellums, de California– era que con el traspaso del poder soberano a una Asamblea Constituyente, se ponía fin a la aplicación de la Cláusula Territorial y, por ende, al poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico. De ahí que cualquier negociación sería con el Ejecutivo bajo el poder que tiene sobre la política exterior y para hacer tratados. Los compañeros Mari Bras, Kinoy y Dellums entendían que así se superaba, además, la gran dificultad para poner de acuerdo a 535 congresistas (100 en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes) sobre la descolonización de Puerto Rico, con la pluralidad de opiniones e intereses que abundan entre estos.
La estadidad no es una opción no-colonial
El compañero Juan Mari siempre vio este proceso de la Asamblea –que yo siempre he visto como Constituyente, no sólo reducida al Status– como uno en que había que forzar la descalificación y deslegitimación a priori de la estadidad. Por eso la Resolución de 1978 en la ONU excluyó la “estadidad” como opción descolonizadora en el caso de Puerto Rico. La anexión no puede ser una opción descolonizadora en el caso de un país ocupado política, económica y militarmente por la potencia colonizadora. Una anexión en esas circunstancias, lo único que hace es perpetuar la condición colonial bajo otra fachada.
El hecho de que la llamada “estadidad” sea un status no-territorial según el marco constitucional estadounidense no significa, por lo tanto, de que sea un status no-colonial bajo el derecho internacional. Además de la Resolución de 1978, estaba también la Resolución Dellums que requería, como ya señalamos, el traspaso previo de soberanía a una Asamblea Constituyente. Sin soberanía no puede haber un proceso legítimo de libre determinación.
El proyecto original de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez del 2021 titulado Para reconocer el derecho del Pueblo de Puerto Rico a convocar a un Asamblea de status por medio del cual el pueblo pueda ejercer su derecho natural a la autodeterminación, y establecer un mecanismo par la consideración congresional de tal decisión, y para otros propósitos, iba hasta cierto punto en esa dirección. Sin embargo, se dejaron engatusar y presionar por la líder anexionista Jennifer González para volver al tradicional e inefectivo mecanismo del proceso plebiscitario. Este ha sido el mecanismo preferido por los anexionistas, convencidos de que para que ellos finalmente se impongan, tienen que perder todos los demás. Pero, ¿cómo conseguirá ahora Jennifer González, la candidata a la gobernación de los “estadistas”, compaginar su anexionismo con su endoso a Trump y al Partido Republicano, ambos opuestos a la incorporación de Puerto Rico como estado federado.
La Asamblea Nacional de Status propuesta por Juan Dalmau podría representar un nuevo marco desde el cual potenciar soberanamente, desde nosotros mismos como pueblo, una posibilidad real de descolonización, eliminando toda píldora venenosa del proceso, llámese el Estado Libre Asociado bajo la Cláusula Territorial o la “estadidad”.
