CLARIDAD
Una píldora venenosa, un proyecto destinado al fracaso y un ejercicio más de distracción son las descripciones y proyecciones que ha recibido el anteproyecto sobre estatus de Puerto Rico que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó este pasado fin de semana en la isla.
El presidente del Comité, Raúl Grijalba, las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés y la comisionada residente, Jennifer González, se reunieron con líderes de los diversos partidos políticos de Puerto Rico y en una maratónica vista pública en la que participaron otros portavoces de las diversas corrientes políticas y de asuntos cardinales que afectan al país. Además, otros congresistas enviaron asistentes a quienes se les vio tomando notas.
La píldora venenosa
Por parte del sector independentista, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sostuvo una reunión con los miembros del comité en la que participaron su presidente, Rubén Berríos Martínez; el secretario general, Juan Dalmau; la vicepresidenta y senadora, María de Lourdes Santiago, y el constitucionalista Carlos Iván Gorrín Peralta.
Tras la reunión, el liderato del PIP declaró a la prensa que mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opción de la estadidad es autoejecutable, va a fracasar, ya que este lenguaje lo que constituye es la proverbial píldora venenosa: “El Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y los Estados Unidos, la obligación de descargar su responsabilidad descolonizadora. Debe ser tarea impostergable para ambos países ponerle fin al régimen colonial tal y como acertadamente reconoce el borrador del proyecto”.
La postura del PIP es que si el Congreso no enfrenta las complejidades de fondo que para Estados Unidos entraña el tema de la estadidad, el proyecto de ley no tiene futuro. El Congreso no aprobará un proyecto que disponga, como lo hace el anteproyecto, que si la estadidad obtuviera la mitad más uno de los votos, el Presidente deberá, sin más, proclamar la admisión de Puerto Rico como estado dentro del año de la votación.
Agregó que, más aun, el anteproyecto no hace referencia a los requisitos mínimos tradicionales de anexión; a saber: el uso generalizado del inglés y la adopción del mismo como el idioma de las instituciones públicas y de gobierno, no constituir una carga económica para el erario federal y el necesario consenso de los habitantes del territorio. Tampoco toma en consideración un asunto de aun mayor trascendencia, y es que Puerto Rico tiene una identidad nacional propia profundamente arraigada y diferente a la de los Estados Unidos, nación que a su vez no aspira a convertirse en un país multinacional.
La exclusión del ELA
El profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos González señaló que lo verdaderamente novel del anteproyecto, al dejar de lado las demás consideraciones, incluso consideraciones técnicas, es que es la primera vez que se presenta una medida sobre el estatus de Puerto Rico, que no incluye la alternativa territorial colonial del estado libre asociado (ELA). Dijo creer que el anteproyecto no se va a aprobar por diferentes razones. Entre ellas está el contenido de ‘la píldora venenosa’ de la estadidad, por las quejas de los que se sientan excluidos, como el mismo Washington DC. El hecho de que se haya presentado sin la alternativa colonial le parece de suma importancia.
Expuso que este hecho tiene muchas implicaciones políticas, y que una de ellas es que fuerza a los defensores de la territorialidad colonial, que todavía domina al PPD, a ser más claros en su defensa abierta del coloniaje. “Es importante para un proceso de descolonización que abiertamente admitan que son un territorio por consentimiento. El que digan eso los convierte en delincuentes internacionales confesos. Una cosa es que niegues el territorio colonial y otra que la admitas”.
Este considera que la reunión más importante que tuvieron los congresistas en Puerto Rico fue con los líderes del PPD, debido a que al planteamiento de los congresistas de cuál era su propuesta jurídica de un ELA fuera de la cláusula territorial, el PPD no pudo responder.
Desde esa perspectiva, una de las lecturas que pueden darse del proceso es forzar a ese sector colonialista, que es lo que representa el problema, a que se defina. Si los EE. UU., —entiéndase los intereses económicos, sobre todo— no tuviese un interlocutor en Puerto Rico, como lo ha sido históricamente el PPD, se le haría más difícil la gobernanza territorial.
Un segundo aspecto que provoca la discusión del anteproyecto es la independencia. A juicio de Ramos González, este presenta una oportunidad para que todos esos trabajos que se han hecho con relación a cómo se tiene que dar esa transición hacia la independencia se retomen y se expliquen al detalle. La medida presenta las áreas especificas que se van a acordar por Estados Unidos en un periodo 25 años de transición. Resaltó que este es el momento, que el independentismo no debe seguir hablando en contra de la estadidad, sino tomar la delantera, porque en el proyecto la primera alternativa que discute es la independencia, después la libre asociación y último la estadidad. En Puerto Rico los proyectos siempre empiezan al revés, observó.
El tercer aspecto que resaltó fue la importancia que ha tomado la diáspora en el proceso, dado a que hay estudios en todos los órdenes, históricos, políticos, que hablan sobre el futuro de la nación. Un ejemplo de ello es el mismo anteproyecto que fue trabajado por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio. “No hay duda de que el pensamiento de esas dos congresista ha sido determinante en todo este proceso. Si Nydia Velázquez no presenta su proyecto, el de Jenniffer no hubiese llegado a ningún lado”.
Elementos importantes
Por otra parte, el presidente de la Comisión para el Estudio Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), Alejandro Torres Rivera, indicó a CLARIDAD que aunque la posición histórica e institucional del Colegio desde el 1944 ha sido que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos era una basada en consideraciones injustas, por lo que reclamaba el derecho a la libre determinación. Más adelante fue madurando un mecanismo procesal, y la posición que sigue teniendo es que el mecanismo procesal debe ser el de asamblea constitucional de estatus. En ese sentido, la posición del CAPR es más cercana a lo que fue el proyecto radicado por las congresistas del Partido Demócrata Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio en el Congreso en el 2021.
Sin embargo, reconoció como uno de consenso el anteproyecto que se ha presentado entre las congresistas y la comisionada residente. A pesar de que excluye la asamblea constitucional de estatus, incluye otros elementos que para el CAPR son importantes.
Identificó como el primero la ausencia de la alternativa colonial del ELA. Esto es contrario a las posiciones históricas que había mantenido el Departamento de Justicia de EE. UU., de que en una consulta de estatus tenían que incluirse opciones constitucionales para ese país bajo su cláusula territorial, lo que es constitucional para ellos, que es el ELA como lo conocemos. En esta ocasión, esa alternativa se descarta y por primera vez se siembra en un proyecto de ley una propuesta diferenciada de lo que es la libre asociación, qué en efecto lo es y qué es la independencia.
El segundo paso adelante que dijo se incorpora, que estaba presente en el proyecto original de las congresistas, es la creación de una comisión negociadora bilateral. Esto establece también un mecanismo procesal para no descartar lo que puedan ser formas no coloniales y no territoriales y los correspondientes procesos de transición. Este mecanismo hace posible que se hagan precisiones mayores en lo que tiene que ver con la ciudadanía estadounidense, la nacionalidad, la emigración y los poderes y prerrogativas que tendría el país bajo cada una de las opciones, así como cuáles serían los derechos económicos adquiridos por los habitantes de Puerto Rico de cara a una transición, sobre todo a la fórmula de independencia y la libre asociación. Otros aspectos que establece son cuáles serían las garantías personales de los ciudadanos, cuáles serían los aspectos del gobierno propio en el caso de la independencia y libre asociación; pero sobre todo, también garantías como las que tienen que ver con el Seguro Social, pensiones de los veteranos y muchos otras cuestiones de transferencias y de aspectos sociales.
Un asunto que trajo a la atención el portavoz del CAPR es que es la primera vez que en un proyecto de estatus hay la referencia específica a Puerto Rico como nación y no como territorio. “En ese sentido, es de mucha importancia, porque Estados Unidos en su historia política nunca ha anexado naciones, siempre ha anexado territorios poblados mayormente por americanos blancos”.
Para el licenciado Torres Rivera, en el marco del proyecto, lo más positivo que tiene a corto plazo, dentro de lo inviable que posiblemente sea desde el punto de vista del Gobierno de EE. UU., es que abre unos espacios de discusión que nunca han estado puestos en un proyecto. Para Puerto Rico esto puede significar ganancias “en la medida en que nosotros maduremos este proceso de discusión. Que podamos verlo en una perspectiva de desarrollo, no de inmediatez”.
