CLARIDAD
Con mucha frecuencia en las redes sociales circula alguna foto hermosa del Cañón de San Cristóbal que, según Google, “es una “joya geográfica en el corazón de la Cordillera Central entre los pueblos de Barranquitas y Aibonito.” Por su extraordinaria belleza escénica las entidades que promueven a Puerto Rico como destino turístico lo destacan en sus publicaciones, mostrando la cascada y la exuberante vegetación que lo rodea. ¿Sabía usted que, por muchos años, ese paradisíaco lugar se utilizó como vertedero? Desde el tope de la montaña se lanzaba diariamente casi toda la basura que se producía en Barranquitas, destruyendo la vegetación y contaminando las aguas del río que discurre en el fondo.
Su utilización como vertedero tenía sanción “oficial” y a nadie en el gobierno central puertorriqueño ni federal, ni mucho menos municipal, le parecía una barbaridad cubrir con basura un lugar de tanto valor ecológico. Todo empezó a cambiar cuando organizaciones comunitarias de Barranquitas y Aibonito denunciaron el crimen ambiental y CLARIDAD, entonces un pujante semanario que los militantes del Movimiento Pro Independencia (MPI) distribuían por todo el país, destacó el problema en sus páginas. De manera muy gráfica, las fotos de CLARIDAD mostraban los camiones del municipio lanzando su carga maloliente desde el tope de la montaña.
Tras destacarlo CLARIDAD en 1973, otros medios de prensa recogieron la denuncia y las protestas comunales arreciaron. Algún tiempo después el gobierno se vio obligado a ceder y el abuso ambiental terminó. Desde entonces, poco a poco la propia naturaleza fue reparando el daño y hoy el Cañón San Cristóbal es otra vez el lugar paradisiaco que el gobierno -el mismo que ejecutó y amparó el crimen- utiliza en sus promociones turísticas.
De aquella experiencia ha pasado medio siglo y, aunque el cañón barranquiteño se salvó, los crímenes ambientales siguen manifestándose y el efecto acumulativo de estos es cada vez más grave. Hay, además, una realidad que no ha cambiado: descubrir el crimen y denunciarlo sigue siendo tarea casi exclusivamente de la ciudadanía, y las instituciones gubernamentales actúan -y cesan de encubrir a los culpables- sólo cuando la prensa divulga la denuncia y el tema se convierte en asunto público.
Esos tres pasos -denuncia ciudadana, resonancia en la prensa y acción oficial- se repiten continuamente, siempre en el mismo orden, pero en algunos casos el crimen ambiental es tan severo, y el daño acumulado tan grande, que cuando finalmente se produce la acción del gobierno, o el mandato judicial para que esta se produzca, revertir los efectos resulta casi imposible. Ese es el caso de lo que está ocurriendo en Bahía de Jobos en el municipio de Salinas.
No hay más que ver alguna fotografía o vídeo del estado actual de ese lugar para concluir que el problema lleva allí muchos años y que la indolencia y el contubernio gubernamental ha sido la norma siempre. Se supone que el lugar sea una “reserva protegida”, bajo administración del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y, sin embargo, fue poco a poco destrozada por individuos que construyeron estructuras y muelles a la vista de todo el mundo. En la explanada creada donde antes hubo manglares, se celebraban festivales financiados con fondos asignados por la Legislatura y los políticos del área montaban sus fiestas para recaudar fondos de campaña. Al menos cuatro gobernadores pasaron por Fortaleza, junto a otros tantos secretarios o secretarias de Recursos Naturales, sin que ninguno quisiera fijarse en lo que estaba ocurriendo. Tampoco se habían dado por enterado los federales, aun cuando varias de sus agencias tenían responsabilidad directa para intentar detener lo que estaba ocurriendo.
La atención se produjo cuando ocurrieron los dos eventos que he estado mencionando: denuncia púbica y resonancia en la prensa. En esta ocasión fue la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, quien hizo la denuncia y, ante la magnitud de lo denunciado, la resonancia fue grande. Ahora la nueva secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, parece dispuesta actuar (si la dejan, porque ya se rumora que la van a sacar) y hasta los federales se dignaron a visitar el área. No obstante, dado el tiempo trascurrido y el daño acumulado, el camino a recorrer será largo, repleto de pleitos, y no sabemos si, como ocurrió con el Cañón San Cristóbal, alguna vez pueda la naturaleza recuperar su espacio en Salinas.
Otro caso de mucha resonancia ocurrió en Rincón, donde los titulares de un condominio lograron permisos oficiales para apropiarse de una playa pública. Allí la militancia ciudadana no solo denunció el problema, sino que también se movilizó a intentar detener el crimen ambiental, enfrentándose a la Policía y al propio DRNA. El amparo finalmente vino del sistema judicial y aún se está a la espera de que el área pueda ser restaurada.
Comencé este artículo hablando del Cañón San Cristóbal de hace 50 años, pero antes hubo otro que, a no ser por la denuncia ciudadana, hubiese tenido consecuencias catastróficas para la región central del País. Me refiero a la explotación del cobre que subyace en nuestra Cordillera Central que, a mediados de la década del ‘60 iba a ser extraído, mediante minería a “cielo abierto” que arroparía a tres municipios del área. Una campaña intensa del MPI, que se mantuvo por muchos años, detuvo la amenaza. La campaña comenzó cuando ya se negociaban los contratos de explotación con empresas multinacionales de minería. Algo similar ocurrió la década siguiente, la del ’70, cuando el Gobierno intentó construir un súper puerto petrolero.
La moraleja de estas experiencias del pasado y del presente es clara: sólo la lucha del pueblo puede detener la barbarie ambiental. Así pasa con todo.
