CLARIDAD
La decisión de la jueza Laura Taylor Swain, de que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no tienen pago asegurado, si bien es un evento significativo, no supone que la Junta de Control Fiscal (JCF) vaya a retirar su plan de ajuste de deuda (PAD) presentado ante la citada jueza. La determinación de la jueza, que ve el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, fue emitida el miércoles 22 de marzo. En esta denuncia coincidieron dos conocedores del tema consultados por CLARIDAD: el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez y la licenciada Eva Prados Rodríguez.
El licenciado Emmanuelli Jiménez, representante legal de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (AEE), puntualizó que la decisión de la jueza en realidad lo que resuelve es el punto de derecho sobre la garantía de los bonos conforme al acuerdo (plan-agreement) que dio base a la emisión de los bonos. El derecho de los bonistas se limita a lo que está depositado en las cuentas especiales de la AEE, las cuales tienen entre $8 a $16 millones. Esta última cifra es lo más que podrían cobrar los bonistas.
La determinación de la juez Swain, acreditó Emmanuelli, es un evento bien significativo en la quiebra. Lo que se establece es que la JCF podría otorgarles cero pagos a los bonistas o llevar un recurso para darles solo los $16 millones. No obstante, el hecho es que el PAD preparado por la JCF ya establece que a los bonistas les van a pagar $5.4 mil millones.
El experto en la ley PROMESA indicó que no es correcto decir que la JCF quedaría en entredicho ante la jueza si quisiera presentar algo distinto y puntualizó que es la Junta la que propone el plan. La jueza Swain lo único que va a decidir es si el plan es confirmable o no es confirmable. La determinación de la jueza establece que, como cuestión de derecho, la deuda no se tiene que pagar porque la AEE está en el hueso, no tiene dinero para pagar. La decisión dice además que primero se pagan los gastos operacionales de la AEE, incluido el sistema de retiro, y, después, lo que sobre es lo que se asigna a los bonistas.
Emmanuelli considera que la JCF le está dando prioridad a los bonistas cuando ya no tiene que hacerlo y califica de absurda la situación de que a pesar de que la Junta ganó el caso que ella misma presentó, les esté ofreciendo a los bonistas una cantidad exorbitante a la cual no tienen derecho, a costa del retiro de los trabajadores y de los otros acreedores. “Si la Junta estuviera trabajando para Puerto Rico, cambiaría el plan hoy mismo y diría sabes qué acreedores, de bonos te voy a dar cero. La Junta podría hacerlo porque al no ser asegurados puede proponer lo que les va a dar, y eso es lo que no va a pasar porque la Junta juega para el equipo de los bonistas, no para el pueblo de Puerto Rico”, manifestó.
En esa línea, afirmó que solo la toma de las calles es lo que podría impugnar la negociación de la JCF. La JCF acaba de ganar un caso crucial para que Puerto Rico no tenga que pagar un cargo híbrido, por lo que recalcó que el Gobierno, tanto el Ejecutivo como la Legislatura deberían exigir a la JCF que enmiende el plan y elimine el cargo híbrido. “Como cuestión de realidad, el cargo híbrido es una imposición que no está justificada y es un regalo que le están haciendo a los bonistas; esa es la situación actual. La decisión de la jueza está muy bien fundada. Eso lo venimos diciendo desde hace años. El sistema de retiro tiene un pleito igual a este, y la jueza lo paralizó, y eso se sabe desde el comienzo”.
Para Emmanuelli, el hecho de que todavía la JCF esté proponiendo el PAD con el cargo híbrido y la eliminación del plan de pensiones significa que no ha cambiado la versión del PAD divulgado. Se supone que la vista de confirmación del plan se ejecute en el mes de junio, pero la jueza no tiene poder para modificarlo. Los criterios para basar su determinación de si el plan es confirmable o no están en la sección 3.14 de la Ley PROMESA.
Emmanuelli Jiménez atribuyó la insistencia de la JCF en pagar a los bonistas a que parte de sus miembros juegan a las influencias entres sus grupos de interés: un quid pro quo. El ejemplo más reciente es el de la exdirectora ejecutiva, Natalie Jaresko, quien luego de renunciar a la JCF ahora trabaja con la firma Ernest Young, la cual es asesora de la propia JCF.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público (CCCP), licenciada Eva Prados Rodriguez, igual considera que, en principio, la determinación de Swain es importante en términos de lo que están exigiendo los bonistas en tanto en cuanto todavía no existe un acuerdo entre estos y la JCF.
“Sí significa un golpe a los bonistas, porque ellos pretendían que la Junta les pagara más de lo que está proponiendo. Así que en ese sentido, confirma lo que ha sido nuestra argumentación de los sectores que nos hemos opuestos al PAD de la AEE, de que sus bonos no son asegurados, que no tienen la misma categoría ni derechos que quizás vimos en los bonistas de la deuda del Gobierno central o de la Autoridad de Carreteras”.
Incluso indicó que, además de confirmar que a lo único que los bonistas tienen derecho es a lo que la AEE tiene en las cuentas para pagar, establece que tampoco tienen garantía sobre los activos. “Eso significa una importante confirmación de lo que hemos estado reclamando en cómo resolver la deuda de la autoridad. La realidad es que no tenemos con qué pagarles”.
No obstante, la licenciada Prado Rodríguez también resaltó que tampoco esta decisión significa que por defecto la JCF vaya a retirar el cargo híbrido. Por eso le preocupa que haya personas de los medios de comunicación que hablan “disparates”, reclamando que ya no van a aumentar las facturas.
“Eso no es una realidad, ni tampoco hay que defender a la Junta a capa y espada. Hay que ver el contexto, y ya ha ocurrido en el pasado. No es la primera vez que la Junta no tiene una vitoria judicial de este tipo, y aun así negoció un PAD de la Autoridad de Carreteras con aumentos”. El PAD de la AC impuso aumento en los peajes, según el costo de vida, por los próximos 50 años y la privatización de todas las autopistas con peajes.
“No es real decir que ya resolvimos el problema del PAD. La Junta sigue con su propuesta a los bonistas con los aumentos ya discutidos. La realidad es que hay un problema con el pago de las pensiones y la Junta sigue proponiendo pagar a los bonistas”.
Prado Rodríguez recordó que la deuda de la AEE aún no ha sido auditada y que informes preauditoría señalan irregularidades en esas emisiones, como deuda que fue emitida ilegalmente por la corporación y préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos.
La licenciada expuso que el planteamiento de la Comisión Ciudadana es que ante la decisión de la jueza Swain, se está en un momento en que se puede reducir el pago de la deuda, y que de pagar algo, sea para el pago de las pensiones y que sea algo mínimo que no afecte la economía de Puerto Rico.
A juicio de la licenciada Prado Rodríguez, la estructura que está proponiendo la JCF es desastrosa para la economía del país y es criminal. “Esa exigencia que se le debe hacer a la Junta lo debe exigir el Gobierno; pero no estamos escuchando a los políticos hacer esa exigencia”.
