CLARIDAD
El chequecito de “alivio contributivo”, aunque bienvenido, no sacará a las personas que viven bajo los niveles de pobreza (734,619 familias) de su situación económica. La Junta de Control Fiscal (JCF) una vez más se interpone, en esta ocasión, al denegar que el Gobierno aplique el ajuste por inflación al crédito por trabajo para el año contributivo 2025.
La organización Espacios Abiertos (EA) presentó en días recientes su estudio La denegación del ajuste por inflación al crédito por trabajo en la planilla de 2025 afectará la pobreza en Puerto Rico, realizado por el economista Daniel Santamaría Ots. El estudio indica que de haberse aprobado el ajuste, el total de personas que superaría el umbral de pobreza habría aumentado de 136,990 a 144,465. Sin el ajuste, un aproximado de 7,475 personas adicionales permanecerá por debajo del umbral federal de pobreza en 2025.
“En Puerto Rico, el crédito por trabajo tiene un alcance amplio y un efecto tangible en los ingresos de los hogares. Durante el año contributivo 2024, el crédito por trabajo benefició a 734,619 familias, o 6 de cada 10 hogares que radicaron planilla, con un crédito promedio de $1,974 por familia.”, explicó Santamaría Ots, codirector ejecutivo de EA.
En una acción que parece haber tomado por sorpresa a estudiosos y al mismo Departamento de Hacienda, EA dio a conocer que la JCF notificó al secretario de Hacienda, en carta del 29 de octubre del 2025, su negativa a dar paso al ajuste del crédito por trabajo.
Este ajuste se supone que se haga cada año y está regulado por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. El de este año 2025 conlleva una inversión de $72 millones que salen del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Una vez más, según la JCF, la inversión de $72 millones —la cual no se ha realizado—no es consistente con el plan fiscal y el presupuesto propuesto por la Administración para el año fiscal 2026. Esta decisión implica que, a pesar del aumento en el costo de vida, los parámetros del crédito por trabajo permanecerán iguales a los del año contributivo 2024.
El codirector ejecutivo de EA expuso que la congelación del crédito golpea de forma especial a los hogares con dependientes y a los contribuyentes individuales, quienes son menos capaces de absorber el aumento en el costo de vida. “La mayoría de las personas afectadas provienen de familias con uno o dos dependientes, y la erosión del beneficio limita el alcance del crédito como herramienta para combatir la pobreza laboral”.
Santamaría Ots añadió que el impacto de esta decisión va mucho más allá de las cifras fiscales e implica un desincentivo a trabajar en el mercado laboral formal. Ello tendrá consecuencias en las empresas pequeñas/medianas locales que en la actualidad enfrentan problemas para encontrar empleados, en particular, los que están entre una y dos veces el salario mínimo.
El análisis de EA reveló que del total de 136,990 personas que cruzaron el umbral de pobreza (según lo definen las tasas del Gobierno de EE. UU.) 53,511 pertenecían a hogares con dos dependientes; 37,450 a hogares con un dependiente; 35, 983 a hogares sin dependientes y 10,046 a hogares con tres o más dependientes. Sobre el estado civil del total de 136,990 personas que cruzaron el umbral de pobreza, reveló que 110,008 eran solteras y 26,982 eran casadas.
La analista de política pública de Espacios Abiertos, Wilmarí de Jesús, añadió a la exposición que los beneficios de este programa “van más allá de un cheque aislado, incentivan el trabajo y la entrada al mercado formal de mucha actividad económica en Puerto Rico. Además, observamos que el aumento en personas radicando planillas desde que comenzó la implementación del crédito en 2021 se ha sostenido, lo que implica un aumento en la base contributiva de Puerto Rico con un efecto multiplicador en nuestra economía”.
En estos momentos, en el contexto de la discusión de una reforma contributiva, alertó de que el crédito por trabajo es una medida que va dirigida precisamente al grupo más importante que desea atender la actual reforma contributiva, a personas con ingresos entre $10,000 y $40,000, con el beneficio de ser una medida que ya existe y no requiere tanto ajuste administrativo. De Jesús considera que esto amerita que se analice en balance el crédito ajustado a inflación con cualquier beneficio adicional que se vaya a otorgar para 2025.
Por último, la licenciada Ataveyra Medina Hernández, portavoz de la organización, indicó que están en conversaciones con la Junta de Control Fiscal y han solicitado reuniones con la Asamblea Legislativa y el Departamento de Hacienda para profundizar en el análisis y protección de este incentivo que ha probado ser tan efectivo en promover el desarrollo económico de Puerto Rico.
