Daisy Sánchez Collazo
Lo cotidiano es una patria diminuta que no aparece en los mapas, una geografía íntima hecha de repeticiones que nos sostienen sin que lo notemos: el café de la mañana, la ruta conocida que recorremos casi en automático, la voz familiar que nos despierta o nos reclama, el saludo del vecino que ya no necesita palabras. Esa coreografía silenciosa nos da la ilusión de que el mundo es predecible, de que la vida tiene un orden, de que el caos siempre ocurre lejos. Pero esa misma estabilidad que nos calma es la que nos vuelve temerosos. El ser humano, que presume de racional, es en realidad un animal de costumbres, y las costumbres, cuando se vuelven refugio, también se vuelven frontera.
Por eso los cambios —los íntimos, los afectivos, los laborales, los sociales, los políticos— nos descolocan. Nos obligan a mirar de frente lo que evitamos: que nada es permanente, que todo puede quebrarse, que incluso lo que amamos puede transformarse sin pedirnos permiso. El miedo al cambio no es debilidad, es herencia. Lo aprendimos en la mesa familiar, en la escuela, en la iglesia, en la calle. Lo aprendimos viendo a nuestros padres aferrarse a trabajos que los agotaban, a relaciones que los herían, a rutinas que los marchitaban. Lo aprendimos cuando nos dijeron que “mejor malo conocido que bueno por conocer”.
Ese miedo se vuelve estructura, se vuelve la voz que nos dice que no renunciemos, que no protestemos, que no aspiremos a más, que no movamos las piezas porque el tablero podría caerse, que no exijamos cambios porque “así son las cosas”, que no cuestionemos al gobierno porque “todos son iguales”, que no esperemos justicia porque “aquí nada cambia”. Y sin embargo, lo cotidiano es profundamente político. La estabilidad que defendemos en nuestras casas es la misma que buscamos en el país. Por eso un cambio de gobierno provoca ansiedad incluso en quienes desean ese cambio: porque cada transición es una apuesta, un salto entre la posibilidad y el abismo.
En Puerto Rico, un país acostumbrado a crisis encadenadas, esa ansiedad tiene raíces profundas. El huracán María no solo devastó la infraestructura: expuso la incompetencia de una clase gobernante que abandonó al país a su suerte, que manejó la ayuda con negligencia y convirtió al Estado en un agente de negocios en vez de un instrumento de protección pública. La deuda impagable y la imposición de la Junta de Control Fiscal mediante la ley PROMESA confirmaron el colapso del mito de autonomía del Estado Libre Asociado ( ELA) y dejaron al descubierto la fragilidad democrática del país. La larga lista de funcionarios convictos por corrupción terminó de normalizar la idea de que la corrupción es un impuesto cultural que pagamos sin protestar demasiado.
A estas injusticias se suman los estilos autoritarios que se han intentado naturalizar desde el poder. En 2025, organizaciones denunciaron que la administración imitaba políticas violentas y discriminatorias, criminalizando comunidades migrantes y usando la fuerza como herramienta política. En esas protestas, la directora de la Unión de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU), Annette Martínez Orabona, lanzó una frase que retrata la arrogancia del poder: “El pueblo no será silenciado y nuestros derechos no serán borrados”. No era un gesto de optimismo, sino una advertencia: hay funcionarios que actúan como si el país fuera demasiado dócil para exigir cambios.
Pero la docilidad es un mito que se desmorona cada año. En 2026, miles de personas volvieron a ocupar las calles: desde la marcha del Día Internacional de los Trabajadores, que cerró tramos completos de Hato Rey en reclamo de justicia laboral y mejores condiciones para la clase trabajadora, hasta las protestas estudiantiles en el Viejo San Juan, donde jóvenes de la UPR denunciaron recortes, centralización y el abandono sistemático de la universidad pública. También miles marcharon contra el proyecto turístico-residencial Esencia, denunciando la privatización del litoral y la entrega del país al capital extranjero.
Ese mismo año, cientos de personas protestaron frente a la base aérea Muñiz para rechazar las maniobras militares de Estados Unidos y la posible reactivación de bases en la isla, denunciando el colonialismo militar y el uso de Puerto Rico como plataforma bélica. Y en 2025, la organización Se Acabaron Las Promesas realizó una protesta frente al Centro de Detenciones Metropolitano en Guaynabo contra el recrudecimiento de la presencia militar y las políticas de intimidación regional.
Incluso frente a La Fortaleza, en 2025, se repitió la escena que marcó el verano de 2019: manifestantes exigiendo la renuncia de la gobernadora y denunciando el aumento en el costo de la luz, enfrentándose a la fuerza policiaca y recordando que la Calle de la Resistencia sigue viva.
Estos episodios no son anécdotas aisladas: son la prueba de que el país no está dormido. Son la evidencia de que lo cotidiano también se rebela: en la mujer que denuncia, en el trabajador que se organiza, en la comunidad que defiende su territorio, en el joven que decide que no se irá sin antes intentar transformar el país. Ocurre en cada protesta contra políticas autoritarias, en cada gesto que rompe la inercia, en cada decisión que desafía la resignación, en cada acto que recuerda que la estabilidad no es repetir lo mismo, sino saber que podemos adaptarnos, exigir y transformar.
Lo cotidiano no debe ser una jaula, sino un punto de partida. Quizás la pregunta no es por qué tememos al cambio, sino por qué seguimos llamando estabilidad a lo que apenas nos sostiene. El país —como la vida— no se salva aferrándose a lo conocido, sino atreviéndose a imaginar lo que todavía no existe.
