El proyecto de reforma contributiva presentado por la gobernadora, Jenniffer González Colón, el cual se encuentra bajo escrutinio ante la Asamblea Legislativa, sigue el principio de la lógica republicana de que el gobierno tenga menos recursos para que las personas tengan un poco más de dinero y de esa manera puedan satisfacer de forma individual las necesidades que se tienen como sociedad. Así lo apuntó el economista Iyarí Ríos, en entrevista con CLARIDAD.
El proyecto de reforma contributiva presentado por la administración de González Colón propone reducciones en las tasas contributivas de los individuos y, según la gobernadora, estos serían los alivios contributivos más altos que va a recibir la clase media desde el 2011.
¿Es esta la reforma que se necesita?, preguntamos. Ríos explicó que el problema de Puerto Rico es que cada cuatrienio, desde el inicio de la crisis económica del 2006, las diferentes administraciones han estado proponiendo diferentes medidas que van dirigidas al tema de las contribuciones. Durante estos 20 años, con respecto a lo que en términos generales necesitan los especialistas en temas contributivos, han coincidido en que, en efecto, sí es necesario una reforma de nuestro sistema contributivo porque este no cumple con el principio de las mejores prácticas. Se requiere uno que sea sencillo para facilitar navegar por el sistema contributivo y que sea fácil de administrar. En el caso de Puerto Rico, dijo, el sistema es uno fragmentado, no es sencillo, en parte debido a que en lugar de tener una mirada general, amplia, de las contribuciones sobre ingresos sobre la propiedad, el consumo y otros misceláneos, se atiende de manera fragmentada. El resultado es que es un sistema que no es fácil de administrar ni de fiscalizar.
El segundo principio es que el sistema sea uno justo y equitativo, en donde los contribuyentes que estén en una situación fiscal similar reciban un trato similar y aquellos que tengan mayor capacidad económica tengan una carga impositiva mayor. El profesor de Economía apuntó que se ha visto que en el caso de Puerto Rico no necesariamente esa ha sido la realidad. “Aquí se ha tenido unos tratos preferenciales para unos sectores en particular y, a través de exenciones contributivas, no necesariamente los que tienen mayor capacidad económica son los que en términos relativos pagan más contribuciones”
No obstante, reparó en que de lo que se ha discutido, que son los renglones de ingresos donde se propone rebajar, al fin y al cabo va a estar sujeto a lo que decida la Junta de Control Fiscal. Resaltó que un tercer elemento fundamental es que el sistema contributivo debe asegurar que el gobierno disponga de los recursos necesarios para su funcionamiento, para la prestación de servicios. “Aquí eso no se está discutiendo lo suficiente en esta coyuntura con esta reforma contributiva. Debemos recordar que sobre el 40 % de la población vive bajo el nivel de pobreza y, en ese sentido, no se tiene la capacidad para poder satisfacer unas necesidades básicas. En ese contexto, la prestación de servicios públicos resulta fundamental”.
Ríos reiteró que ese es un elemento que no se ha discutido lo suficiente y el énfasis que se ha hecho es en el alivio que van a recibir los contribuyentes y cuántas contribuciones menos van a pagar. Aunque la información que se ha discutido públicamente apunta a que, en efecto, va haber una reducción en el pago de contribuciones de un número importante de familias, una de las preguntas de la discusión pública es el que la Junta de Control fiscal ha cuestionado cómo se va a financiar esa reforma contributiva. La duda que ha surgido en la discusión pública es si los recortes se pueden sostener no solo este año, sino hacia el futuro. Esa es un área a la cual el Gobierno le ha dado largas y ha querido proyectar que cuenta con los recursos, denunció.
Ante esa duda y al hecho de que el 46 % del presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico proviene de fondos federales de los que se anticipa su recorte, el economista describió la situación como una muy fluida, que parece que cuando el Gobierno plantea que ha identificado los recursos necesarios para poder llevar a cabo la reforma para que los contribuyentes paguen menos impuestos, el gobierno va a tener menos ingresos. Eso significa que se tienen que reducir más gastos para que tenga un efecto neutro. Recordó que la reforma debe tener un efecto neutro y que está sujeta a la aprobación de la JCF. El Gobierno ha planteado que va a lograr que la reforma tenga un ese efecto con recortes en el gasto público.
“Eso coincide con la mirada republicana que tiene el Gobierno de Puerto Rico en general, Trump, Jenniffer González y los presidentes de la Asamblea Legislativa de que el gobierno tenga menos recursos para que las personas tengan un poco más de dinero y que de esa manera se pueda satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad o, más bien, de modo individual. Eso un grupo de individuos lo puede hacer, pero hay otros que aun con esta reforma contributiva 500 o 300 pesos más les dará para algo adicional, pero no necesariamente van a poder satisfacer el conjunto de necesidades que se tienen con ese dinero”, denunció.
El profesor Ríos expresó su objeción a la propuesta de la gobernadora de que para poder generar los ingresos para financiar la reforma se le pongan impuestos a los sistemas fotovoltaicos y se les eliminen las exenciones a los carros eléctricos. En ambos casos ello representa una contradicción a la política del Gobierno sobre temas ambientales, ya que se supone que hay la política pública para transitar a la energía renovable, limpia, y dejar los combustibles fósiles. Al imponer impuestos y eliminar las exenciones se está desalentando la transición.
En conversación por separado, el profesor de contabilidad José González Taboada igual señaló que, cada vez que el gobierno de turno somete propuestas de cambios al sistema contributivo, bautizan dichos cambios como una reforma. “Son tantas las llamadas reformas en nuestra historia, que si de verdad hubiesen sido reformas, Puerto Rico sería un ejemplo mundial de justicia contributiva. La realidad está 180 grados distanciada”.
Expuso que una verdadera reforma contributiva atiende todas las fases del sistema tributario de un país; no se limita a cambiar las tasas de contribución personal sobre ingresos. “Los individuos pagamos arbitrios, IVU, impuestos sobre la propiedad y otros tipos de impuestos directos e indirectos”.
González Taboada, quien es miembro de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral para el Crédito Público (CCAICP), trajo a la atención que grupos compuestos por contadores públicos autorizados, economistas y abogados, entre otros, han hecho, en múltiples ocasiones, recomendaciones serias al gobierno para una reforma, pero lamentó que esas recomendaciones han sido ignoradas cuatrienio tras cuatrienio.
Aunque reconoció que es positivo que se reduzcan las tasas contributivas, hizo la acotación de que en Puerto Rico pagamos el IVU más alto de todo Estados Unidos, al igual que los arbitrios sobre los vehículos de motor. También recordó que el Gobierno no puede tocar el IVU porque este está comprometido con el pago de la deuda, “como resultado de la quiebra a la que nos llevaron el PNP y el PPD”. El compromiso del IVU con el pago de la deuda es de 50 años.
Al igual que Ríos y otros economistas, González Taboada denunció que eliminar la exención del IVU al costo de los sistemas de energía solar y a los vehículos híbridos y eléctricos, además de desalentar la adquisición de estos productos, contradice la propia política del Gobierno de impulsar el uso de la energía renovable y la energía limpia para los automóviles. “Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás”, concluyó.
