La APPU apuesta al poder colectivo al negociar el primer convenio como representante de la docencia en la Universidad de Puerto Rico
CLARIDAD
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) lleva cuatro meses negociando el primer convenio colectivo del profesorado en Puerto Rico, una gesta que brinda esperanza al gremio en medio de los recortes más espinosos que ha enfrentado el primer centro docente del país.
De tener éxito en sus reclamos, la organización conseguirá que la institución garantice que los docentes sin plaza tengan igual paga por igual trabajo; provea los recursos necesarios para la docencia, tales como oficina y computadora; y conceda el primer aumento salarial en diez años.
“Son 60 años esperando ese momento de ser sindicato. Es el primer grupo docente en Puerto Rico que logra sindicalizarse. Esto abre las puertas para otras universidades”, expresó la presidenta de la APPU, María del Mar Rosa Rodríguez, en entrevista con CLARIDAD.
Con el 97% de los votos, la APPU se convirtió en el representante exclusivo de los docentes en octubre de 2023. La elección se concretó como el tercer intento del gremio de recoger las tarjetas de interés sustancial de parte del 50% de los docentes (como exige la Junta de Relaciones Laborales). El proceso previo había quedado interrumpido por un pleito en el que la UPR alegaba que no era un patrono bajo la ley de corporaciones públicas. La decisión del Supremo bajó en febrero de 2021, con lo que se puso fin a un bloqueo de diez años.
“La sindicalización nos da un poder como ente colectivo, y un poder de negociación. En los tiempos de crisis, es cuando el fénix vuelve a restablecer las alas. Ha sido un proceso lleno de esperanza”, comentó Rosa Rodríguez, a preguntas de CLARIDAD.
“Estamos convencidos que todo lo que estamos pidiendo económicamente es justo y equitativo con lo que se le da a la docencia en el noreste de Estados Unidos”, agregó. La comparación con las universidades públicas en Estados Unidos ha sido la medida que la junta de control fiscal ha utilizado en el pasado, para aumentar el costo de la matrícula del estudiantado.
Sobre la mesa de negociación, ya hay propuestas para 24 artículos del convenio colectivo, incluyendo que se reconozca la propiedad intelectual de los cursos, se conceda un receso académico para una asamblea anual de la APPU, y la institución académica provea los recursos necesarios —en equipo y facilidades— para que el profesorado pueda cumplir con los requerimientos para su evaluación. La gerencia solo ha contestado 13 de ellos, indicó Rosa Rodríguez.
Una de las prioridades del comité de negociación es lograr la justicia laboral para los docentes sin plaza, con igual paga por igual trabajo. “La Constitución habla de igual paga, por igual trabajo. En la universidad, eso no se está haciendo. Tenemos docentes sin plaza que llevan 17 años en la universidad”, comentó Rosa Rodríguez. Esa propuesta la presentaron en mayo, pero no han recibido respuesta ni ha sido discutida todavía por la gerencia, indicó la profesora.
Un profesor sin plaza con una carga completa, que sería 12 créditos por semestre, cobra un salario de aproximadamente $16,348 anuales, lo que está por debajo del nivel federal de pobreza y equivale a una cuarta parte del salario anual de un catedrático auxiliar, según un reportaje del periodista David Cordero Mercado para El Nuevo Día.
Casi la mitad de la docencia está sin plaza, una cifra que ha aumentado precipitadamente del 29% de los docentes en 2010, según el mismo reportaje.
También, solicitan que la contratación de los docentes sin plaza se haga por periodos de un año, lo cual les permite pedir becas y otros beneficios. “Hay contratos de 3 a 4 meses. Es bastante nocivo para el docente sin plaza porque no tiene seguridad”, comentó la presidenta del sindicato.
El vicepresidente de la APPU, Jorge Lefevre, había informado que se encontraban trabajando otros artículos que requieren estudios económicos. Tal es el caso del primer aumento salarial en diez años para el profesorado.
Un obstáculo en la negociación
Parte de los obstáculos que ha informado y denunciado la APPU en sus cápsulas informativas, es que el comité negociador de la UPR, cuyos miembros fueron nombrados por el presidente Luis A. Ferrau, les someten, como respuesta, sus propuestas iniciales completamente tachadas sin otra razón ni justificación que “porque no”.
El portavoz del comité negociador de la UPR es el abogado Juan Casellas Rodríguez, socio del bufete Nolla, Palou & Casellas. Este bufete ha contratado con la administración universitaria desde 2008, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor. Su último contrato por la cantidad de $100,000 ha sido extendido en tres ocasiones, y sus cinco enmiendas reflejan una suma de $244,000 adicionales.
El socio fundador de Nolla, Palou & Casellas cobra un honorario de $125 la hora por sus servicios profesionales a la UPR.
“Es inusual que el portavoz del comité negociador sea alguien sin conocimiento de la docencia; que tiene un conflicto de interés porque, en la medida en que se alarguen los procesos, él cobra más”, denunció Rosa Rodríguez.
La profesora agregó que no solo les ha entregado las propuestas completamente tachadas sin ningún tipo de diálogo, sino que les ha dicho que acudan a los tribunales, si están en desacuerdo. “Se supone que, cuando uno está en negociación, nos ahorramos los tribunales. Está en el mejor interés de su cliente que no acudamos a los tribunales”, opinó.
Estas quejas fueron llevadas directamente al presidente en una reunión el 3 de junio, informó el sindicato en sus plataformas digitales. CLARIDAD solicitó la reacción de Ferrao a través de la Oficina de Prensa, pero su directora Rosa Meléndez Cartagena informó que se encontraba fuera del país. Por su parte, el licenciado Casellas delegó en la UPR responder a los señalamientos en su contra.
Rosa Rodríguez explicó que en el proceso para redactar las propuestas iniciales participaron 37 docentes, representativos de todos los recintos y todas las categorías: docentes bibliotecarios, investigadores, de extensión agrícola, docentes sin plaza y los docentes de las escuelas laboratorio. Anterior a eso hubo un comité de investigación, que estudió otros convenios colectivos en las universidades estadounidenses y de otros grupos sindicales en las instituciones académicas en Puerto Rico.
“Sabemos que la universidad no se mueve sin sus docentes. Tenemos mucho poder en mejorar las condiciones de trabajo”, aseveró esperanzada al asegurar que tienen muchísimas estrategias y serán creativos para defender el convenio.
