Especial para CLARIDAD
“Cualquiera puede pasar por esto”, recordó Jahaira Ponce, madre de una mujer de 23 años quien murió cuando estaba detenida bajo la custodia del Estado. Shanney Colón Ponce era paciente psiquiátrica y fue arrestada por haber hurtado un vehículo mientras atravesaba una crisis de salud mental. Ponce es una de las voces que se ha unido a la campaña de la organización sin fines de lucro Kilómetro 0, para que el Estado garantice una respuesta salubrista y sensible a las crisis de salud mental y emocional, como alternativa contra el arresto y la criminalización.
Kilómetro 0 lanzó esta campaña de cambio social con el objetivo de comenzar un movimiento nacional para exigir que el gobierno de Puerto Rico dedique recursos para el manejo de estas crisis, sin la intervención de policías.
Al menos el 5% de las personas que murieron por uso de fuerza policial entre 2014 y 2023, atravesaban crisis emocionales, según los datos recopilados por la organización. Durante este período, la Policía mató a cinco personas, de entre las edades de 32 y 51 años, mientras estaban bajo su custodia o en intervenciones realizadas tras sus familiares llamar al 911.
“Sabemos que ese número está muy subestimado porque la Policía no identifica fácilmente a estas personas”, explicó la directora de Kilómetro 0, una organización que monitorea las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado y que ha estudiado las soluciones de otras jurisdicciones.
Según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, entre un 23% y 30% de las intervenciones de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico en las regiones de San Juan y Arecibo (entre 2018 y 2021) ocurrieron contra personas que sufrían una crisis de salud mental. En más de la mitad de estos casos, los agentes utilizaron el dispositivo electrónico o taser, lo cual está prohibido en la política de la agencia.
La problemática es aún más relevante dado que uno de cada cuatro adultos en Puerto Rico padece un trastorno de salud mental, según la Coalición por la Salud Mental. La Ley de Salud Mental de Puerto Rico provee para el ingreso involuntario a una institución hospitalaria de alguien que represente un riesgo para sí, para otros o para la propiedad. Típicamente, estos traslados involuntarios se hacen con presencia policíaca.
“Cualquiera puede pasar por esto; cualquiera puede tener un niño con autismo o con [una enfermedad de] salud mental”, recordó Jahaira Ponce, madre de Shannel Colón Ponce quien murió el 2 de junio de 2022 en medio de un traslado hacia su celda en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón, y tras denuncias de haber recibido malos tratos de los policías y guardias penales. Las autoridades alegaron que se trató de un suicidio.
Ponce participó del conversatorio celebrado por Kilómetro 0, el 23 de abril, en Río Piedras. Su hija Shannel había sido arrestada por un hurto vehicular e ingresada a prisión, mientras esperaba por juicio. Murió previo a que se le hiciera la evaluación psiquiátrica solicitada por su abogada.El trato del Estado contra Shannel está lejos de ser un caso aislado: el 57% de las mujeres privadas de su libertad tenían diagnóstico de enfermedad de salud mental previo a ser recluidas, según el Informe del perfil de la población confinada de 2019. “Muchas de estas personas enfermas terminan en la cárcel, en lugar de estar en un sitio donde se les pueda dar tratamiento clínico”, denunció Mari Narváez.
Inmediatamente, agregó: “El caso de Shannel reúne tantos y tantos de los elementos de los cuales hablamos: el tema de la violencia policial que ella denunció, la violencia dentro de Corrección, [y] todas las vulnerabilidades que ella cargaba. Uno se pregunta: ¿por qué alguien como Shannel tenía que haber terminado en la cárcel?”. La joven de 23 años era una mujer negra, de bajos ingresos y paciente de salud mental.
A estos datos, se añade que el 65% de las personas privadas de libertad —es decir, 5,000 personas— tenían historial de trastorno de abuso de sustancias controladas antes de su ingreso a prisión.
Rafael Torruella, director de Intercambios Puerto Rico, criticó la llamada “Guerra contra las drogas”, por ser más bien una guerra contra los usuarios y personas que viven en lugares estigmatizados por el alto uso de sustancias. “Mucho de esto es control racial y social”, indicó durante el conversatorio, al tiempo en que aseguró que “es totalmente posible hacer una respuesta humanizada para la salud mental”.
La campaña “Manejo de crisis sin policías” reclama que los casos de crisis de salud mental y emocional sean atendidos con personal salubrista capacitado y con sensibilidad, y que el Estado garantice el acceso a tratamiento de las personas que incurren en conductas delictivas cuando atraviesan una crisis de esta índole. El pedido no es descabellado si se observa que la mayoría de las 50 jurisdicciones de Estados Unidos con las agencias de la policía más grande —el 62%— ha creado al menos un programa de respuesta a crisis de salud mental desde el año 2020, según una investigación de Brennan Center for Justice.
El portal Web https://quenosealapolicia.com/ provee también espacio para aquellas personas que quieran compartir sus experiencias con el manejo policial en situaciones de crisis emocionales.
Crítica al alcance limitado de la Línea PAS
Pese a que existen miles de millones de dólares federales para servicios comunitarios que atiendan las crisis de salud mental y de uso problemático de sustancias, en Puerto Rico, la respuesta se ha centrado primordialmente en la línea telefónica Primera Ayuda Psicosocial (PAS), cuyo alcance es limitado. Torruella enfatizó que hacen falta lugares donde las personas puedan acudir para pasar las crisis y recibir la atención necesaria.
La directora de Kilómetro 0 señaló, como ejemplo de respuestas efectivas, al programa de la ciudad de Eugene, en Oregon, bajo el nombre Asistencia en Crisis Ayudando en las Calles (CAHOOTS, por sus siglas en inglés). Bajo este programa, profesionales de la salud de la clínica White Bird actúan como el contacto inicial y ofrecen transporte a personas intoxicadas, mentalmente enfermas o desorientadas. La policía de la ciudad contrata estos servicios, que están disponibles las 24 horas y siete días de la semana, y ha logrado reducir sus intervenciones en hasta un 8% de los casos (sobre todo, cuando la respuesta policiaca no es requerida), según la información de la policía de la ciudad.
Otro ejemplo es el programa “Tratamiento, no trauma”, de la ciudad de Chicago (Illinois). La concejal del distrito 33, Rossana Rodríguez Sánchez, explicó que la clínica de salud mental, que abrió la ciudad como proyecto piloto, ha respondido a más de 1,000 peticiones de ayuda, en las que no han sido necesarios los arrestos ni el uso de fuerza policial. Ese programa surgió como parte de las exigencias ciudadanas tras el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis (Minnesota), quien lo arrestó con uso de fuerza después de que un empleado de una tienda sospechara que había usado un billete falso de 20 dólares.
Rodríguez Sánchez esbozó que los profesionales de la conducta deben ser considerados parte del personal de primera respuesta a emergencias y estar integrados al sistema de llamadas del 911. Añadió que deben existir sitios a los que la gente pueda llegar no solo a recibir terapias, sino servicios integrados, alimento, aseo y que estén diseñados para regular su sistema nervioso. Previamente, la ciudad tenía 19 clínicas de este tipo, pero “las políticas neoliberales han cortado la capacidad del gobierno de cuidar a la gente”, puntualizó Rodríguez Sánchez.
