Las agencias no responden a las necesidades de la gente que cultiva la tierra

 

CLARIDAD

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Aun cuando la Autoridad de Tierras (AT), adscrita al Departamento de Agricultura de Puerto Rico, y la Administración de Terrenos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico  en sus leyes y reglamentos regentes tienen amplia potestad para  actuar en beneficio de los pequeños y medianos agricultores, acoplándose a sus necesidades particulares, las agencias no responden a sus necesidades, según lo reveló una investigación del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTICAS) en colaboración con Espacios Abiertos.

La investigación sociojurídica Acceso a tierras agrícolas: política pública actual y experiencias fue dada a conocer en días recientes, en un cinefórum organizado por el FiTiCAS en el Edificio de Medicina Tropical del Distrito Capitolino, para presentar el documental Serán las dueñas de la tierra. La investigación también incluyó los programas de financiamiento de Farm Service Agency del Departamento de Agricultura de los EE.UU., Puerto Rico Farm Credit y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

En  entrevista con CLARIDAD, la directora ejecutiva de FiTICAS, Mariolga Reyes Cruz, indicó que una de las motivaciones para la  investigación responde a que el Fideicomiso se fundó a finales del 2019 para proteger tierras a perpetuidad y pasar su uso a agricultores agroecológicos, que siembran cuidando la naturaleza y que no tienen tierras ni capital.

“Desde el FiTICAS reconocemos, por un lado, que de las 600 mil cuerdas que identificó el Plan de Uso de Terrenos del 2015, la mayoría, está en manos privadas, y muchos de los retos que enfrentan los agricultores que siembran a pequeña y mediana escala, arrendando o financiando la compra de tierra, son problemas que están enfrentando tanto con el sector privado como con el Estado”.

Al respecto, el informe destaca la dificultad de los agricultores sin capital para acceder a tierras públicas cultivables, en particular, debido a la preferencia por la agricultura industrial a gran escala y el monocultivo por parte de las agencias gubernamentales.

Reyes Cruz indicó que a pesar de que las agencias tienen la potestad de decidir, los agricultores que siembran a pequeña escala, 5, 10 o 20 cuerdas, se han enfrentado con que tienen que alquilar fincas más grandes de las que utilizan. En el caso de la AT, se encontró  que las fincas que están disponibles son de 50 cuerdas o más. La investigación revela que esto representa un problema innecesario para los pequeños agricultores porque que las leyes y reglamentos que rigen a la AT le permite suficiente discreción como para decidir si segregar la finca en unas más pequeñas o si arrendar fincas a grupos de agricultores y que esos agricultores decidan cómo se van a distribuir la tierra. Pero estas son cosas que la agencia no ha estado dispuesta a hacer, denunció.

“Eso refleja más un asunto de mentalidad que un asunto de reglamentación”.  Defendió que la posibilidad de que se puedan dividir las fincas daría más oportunidad a que haya más agricultores  y también implicaría que los agricultores comiencen donde pueden. “Estamos hablando de agricultores que lo que quieren es sembrar, no son agrocomerciantes con líneas de crédito con financiamiento privado,  es gente que quiere producir”.

Por ejemplo, es posible que se reconozca que la persona que está arrendando una finca de 50 cuerdas solo va a trabajar 10, y se le cobre por esas 10 y no por las 50 cuerdas. En ocasiones, la agencia reconoce que en una finca de 50 cuerdas hay zonas que no son cultivables porque son humedales, mogotes; pero les cobra el arrendamiento por las 50 cuerdas. Estas son acciones que están dentro de la discreción de la agencia.

Destacó que el apoyo a este tipo de proyecto de fincas pequeñas agroecológicas está más alineado con lo que se está planteando a nivel internacional de que es necesario producir alimento mitigando y adaptándonos al cambio climático. “Reconocer las particularidades de este tipo de agricultura es algo que también está a su discreción”, sostuvo la directora ejecutiva del Fideicomiso de la Tierra.

En este tipo de agricultura se trabaja en más de un cultivo en una cuerda. Eso quiere decir que una cuerda no va a tener el mismo rendimiento económico que una cuerda de cultivos que toma tres, nueve, meses o tres años en producir, a una que es de ciclos cortos. Los cánones de arrendamiento tienen que poder ver eso; si no lo ven, van a tratar a todo el mundo como si fuese un agronegocio de monocultivo para exportación.

Reyes Cruz y la investigación citan que el Censo Agrícola de 2018 del Departamento de Agricultura de EE. UU. Reflejó que la mayoría de las fincas en Puerto Rico hacen menos de $10 mil al año. Con esos ingresos el agricultor tiene que enfrentar los gastos de la finca y su subsistencia, razón por la cual la mayoría tiene más de un trabajo.

“Si el Estado tiene en sus manos asumir parte de los riesgos que están asumiendo estas personas a nivel individual, debe ver que enfrentamos una alta vulnerabilidad alimentaria. Lo que queremos es que la gente que está en las agencias sepan, si no lo saben ya, qué es lo que les impide hacerlo; que se puede, que está en sus manos”.

Falta de información sobre las tierras

 El estudio recoge que entre  el 1940 al 2018 ha habido una reducción del 85 % del número total de fincas agrícolas y el 74 % del terreno destinado a la agricultura. La investigación revela, además, que las agencias no cuentan con la información necesaria para establecer la cantidad de cuerdas de tierras agrícolas públicas en Puerto Rico.

Según el último Censo Agrícola, en Puerto Rico hay unas 487,775 cuerdas, equivalentes al 21.6 % de las tierras disponibles, en uso agrícola. Estas se dividen en 8,230 fincas de un tamaño promedio de 59.3 cuerdas. De las 487,775 cuerdas en uso, aproximadamente 52,870 cuerdas pertenecen a la Autoridad de Tierras, lo que representa un 10.8 % del total de fincas agrícolas productivas del país. Por parte de la  Administración de Terrenos, que también arrienda tierras para uso agrícola, los datos sobre estas tierras  no están disponibles.

Reyes Cruz, expresó que entre los llamados a la acción deben considerar la importancia de tener los datos actualizados de las tierras en dominio de las agencias, incluyendo información detallada sobre el número de tierras arrendadas , las que están en usufructo, y el uso que se les está dando a las mismas.  Contó que a los agricultores les cuesta mucho trabajo y años obtener un contrato porque cuando van a la agencia no les dan un mapa de dónde esta las fincas ni cuáles son sus condiciones, información que se supone es sobre tierras públicas.

También es importante el que haya informes de gastos repagados, para conocer la inversión que está haciendo la Autoridad de Tierras o la Administración de Terrenos en la adquisición de terrenos, en mejoras permanentes, en servicio para el mejoramiento de los equipos adquiridos para los agricultores y servicios profesionales y otra asistencia dirigida a los agricultores. Es decir, que las agencias públicas, cuya misión es apoyar el desarrollo agrícola, rindan informes de cómo están invirtiendo en ese desarrollo agrícola, tanto en las tierras públicas como en servicio directo a agricultores, agregó.

El acceso al financiamiento

En cuanto al acceso al financiamiento, la investigación presenta que los agricultores entrevistados se quejan de que el proceso para cualificar para programas de financiamiento puede ser largo y complicado. Esto puede incluir extensa documentación, comunicación con varias agencias y pasar inspecciones y visitas a la finca de interés. El proceso puede demorarse tanto tiempo que el agricultor puede enfrentar el riesgo de perder el acceso a la finca.

 

 

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