Puerto Rico nació creyendo que era libre. Se lo dijeron tantas veces que terminó aceptándolo como verdad. Pero esa libertad, desde sus inicios, fue condicionada, vigilada y moldeada por intereses ajenos. Lo que mi generación heredó no fue una patria soberana, sino una tierra alquilada, adornada con promesas que nunca nos pertenecieron del todo.
Mis padres crecieron en un país donde el miedo era política pública. Mientras mi madre suspiraba por Humphrey Bogart y mi padre se enlistaba en el ejército estadounidense —más por necesidad que por convicción— el Estado sembraba temor y lo regaba con discursos de progreso. La juventud fue domesticada, la conciencia encarcelada, y la historia de lucha, borrada. Se nos ofreció pan, tierra y libertad, pero bajo otra bandera. Se nos vendió una libertad frágil, falsa, decorativa—como una maqueta que simula ser real pero no resiste el peso de la verdad. Una libertad de cartón que nos enseñó a vivir como inquilinos en nuestra propia casa.
Con el tiempo, llegaron nuevos cantos de sirena. Nos dijeron que podíamos ser parte de algo más grande, más importante. Pero el precio era alto: debíamos renunciar a nuestra alma, a nuestra capacidad de decidir, a nuestra historia. En esa contradicción vi a mi padre ondear banderas opuestas desde su automóvil, intentando reconciliar el deseo de pertenecer con el anhelo de libertad. Mi madre, más clara, cambió a Bogart por Juan Mari Brás y nos enseñó a desconfiar de los cuentos de hadas, porque siempre terminan con una mujer subyugada y un hombre salvando la situación.
Hoy, ese cuento se repite, pero con un rostro más amenazante: el de Donald Trump. Su regreso al poder no es solo una elección más; es la consolidación de un proyecto autocrático que amenaza con desmantelar las instituciones democráticas desde adentro. “Project 2025”, su plan de gobierno, propone purgar servidores públicos, eliminar controles constitucionales y reemplazar la evidencia por lealtad ideológica. La democracia estadounidense se convierte en una fachada, una simulación de participación que concentra el poder en una sola figura.
Y Puerto Rico, como siempre, no es excepción sino reflejo. La imposición de la Ley PROMESA en 2016 y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal cristalizaron nuestra subordinación institucional. Siete personas, ninguna electa por el pueblo puertorriqueño, asumieron el control de nuestras finanzas, nuestros presupuestos, nuestras decisiones. No fue una negociación, fue una imposición. La Junta nació como síntoma de una democracia que no nos incluye, de una ciudadanía que no nos protege, de una libertad que no nos pertenece.
Hoy, el país que nos prometió libertad se tambalea hacia la autocracia. Y si allá se apaga la luz de la democracia, aquí nos quedamos completamente a oscuras.
