Especial para CLARIDAD
En el último año, 13 residentes del casco urbano de Río Piedras han necesitado de asistencia legal ante la amenaza de desahucios y desalojos. Esta cifra representa solo la cantidad de personas que recibieron los servicios de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana mediante referidos de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras.
Desde marzo de 2023 a marzo pasado, esta clínica atendió 113 casos por desahucio, principalmente, en San Juan, con algunas excepciones en Carolina, Bayamón, Trujillo Alto, Luquillo y Lajas. “El año pasado, hubo una tendencia a aumentar con respecto a otros años. Esta tendencia se ha mantenido”, observó el trabajador social comunitario en el Proyecto DeCiudad de esta clínica, Víctor Pagán Rivera. La cantidad de personas desahuciadas defendidas por esta oficina incrementó en 30 % con respecto a hace un año, cuando se atendieron 87 casos, indicó Pagán Rivera en entrevista con CLARIDAD.
Este aumento es consistente con los datos de desahucios por falta de pago de renta en Puerto Rico: en 2023, hubo 2,528 intentos de desalojo, es decir, casi 500 casos adicionales que el año anterior, según el análisis de Ayuda Legal Puerto Rico.
Estas cifras solo reflejan un síntoma de una enfermedad que se ha propagado por distintos sitios del archipiélago, y que grupos comunitarios y organizaciones que trabajan por la justicia social están combatiendo. Las iniciativas por las cuales se están movilizando incluyen poner un tope de renta en áreas con zonificación especial, regular los alojamientos a corto plazo (ACP), hacer inventario de propiedades abandonadas para transferir aquellas declaradas como estorbos públicos a los fideicomisos o bancos de tierra comunitaria y derogar los incentivos a inversionistas extranjeros bajo la Ley 60 de 2019 (antes, Ley 22 de 2012).
“La gente vive con mucha inseguridad”, comentó Odalys Rivera Vázquez, representante de la comunidad García Ubarri en la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, al recordar el caos que experimentó un grupo de residentes al conocer que sus caseros habían recibido ofertas de inversionistas para comprar los edificios donde viven.
El enfoque de la comunidad riopedrense ha consistido en cuestionar los aumentos de renta, que adjudican a la llegada de dueños nuevos que interesan especular con la vivienda. La renta de una unidad de dos cuartos en las calles Peregrina y Humacao de Santa Rita se ha duplicado, según un estudio encomendado por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, la Junta Comunitaria y el Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial (CAUCE) en mayo de 2023. Mientras, en la Avenida Ponce de León, la renta para unidades de dos cuartos había aumentado en 55 % para ese mismo período.
Plan comunitario para los estorbos públicos
Para combatir esta causa de desplazamiento, el cuarteto se ha estado enfocando en las propiedades abandonadas. Hicieron las visitas oculares y levantaron los informes que detallan las condiciones de estorbo público de 90 propiedades en el casco urbano. El proceso de expropiación espera por el Municipio de San Juan, que debe enviar cartas, publicar avisos públicos y celebrar vistas administrativas. El memorando de entendimiento firmado entre las partes concede al municipio el derecho de paralizar o no iniciar el procedimiento sin necesidad de justificación.
El CRH, el Fideicomiso, la Junta Comunitaria y CAUCE trabajarán en un plan comunitario para esas propiedades. “La idea es que en vez de estar subastando propiedades a lo loco, se haga como parte de un plan de área con la participación de los mismos residentes y comercios”, explicó a CLARIDAD el director del CRH, Luis Gallardo.
Sin embargo, el acuerdo colaborativo con el municipio venció en diciembre pasado.
Tan reciente como el 29 de abril, las tres entidades le enviaron una carta al alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, para solicitar una reunión. Se trata de la tercera carta que le envían, sin obtener respuesta. El deterioro en la comunicación coincide con el tiempo desde que las organizaciones sometieron un borrador de proyecto de reglamentación para establecer un tope de renta.
CLARIDAD solicitó la reacción del alcalde sin obtener respuesta.
Regulación de alojamientos a corto plazo
En el sector de la calle Loíza y Machuchal, en Santurce, la comunidad se ha organizado en torno a la preocupación latente que representan las 749 unidades listadas en Airbnb, de las cuales 652 son alojamientos enteros, según datos de Inside Airbnb al 31 de marzo de 2024. Estos datos demuestran que el 16.8 % de las unidades de vivienda que se estiman en el sector están siendo utilizadas como ACP.
“Es una proporción alta… He visto comentarios de ejecutivos de Airbnb diciendo que los ACP disponibles en su plataforma representan solo el 1 % de las unidades de vivienda en Puerto Rico; pero esa es una cifra muy generalizada y no toma en cuenta los sectores con una concentración elevada”, puntualizó Anna Andresian, parte del grupo de trabajo de datos de Somos calle Loíza.
Otro de los mitos que rebate la organización comunitaria es que los ACP son utilizados principalmente por residentes para derivar ingresos adicionales. Los datos que maneja Somos la calle Loíza establecen que el 67 % de las unidades están controladas por anfitriones con más de dos unidades. En el sector hay compañías con un inventario de hasta 32 unidades. “La gran mayoría de los anfitriones están administrando un negocio”, observó Andresian.
El Enjambre realizó, en julio pasado, el informe Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos de corto plazo en el desplazamiento de comunidades, comisionado por la Hispanic Federation. Algunas de las comunidades entrevistadas se unieron para redactar y respaldar un manifiesto comunitario, en el que respaldan medidas que cataloguen a los ACP como un negocio en lugar de como residencias.
“Nos hemos unido a todos los reclamos que van en la misma dirección de evitar que sigamos en este desplazamiento. En La Goyco tenemos como misión principal defender el derecho a la ciudad”, comunicó Mariana Reyes Angleró, directora ejecutiva de La Goyco, una escuela rescatada que ofrece alternativas para la vida en comunidad, con actividades culturales y educativas.
Precisamente, algunos de estos grupos se manifestaron el pasado 29 de abril frente al Capitolio porque no les concedieron un turno en las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1557, que propone la Ley para Regular el Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico. La medida sufrió cambios en la Cámara de Representantes que limitan la regulación solo a fines contributivos, pero no les requiere un permiso de uso comercial.
La directora de Hispanic Federation Puerto Rico, Charlotte Gossett Navarro, recordó que el ingreso de renta de un ACP turístico puede ser mucho mayor que un arrendamiento a largo plazo, lo que hace que los dueños quieran convertir las viviendas en negocios de ACP. Señaló, además, que hay casos en que edificios enteros se han convertido en ACP, operando de forma muy similar a una hospedería.
La presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, Marimar Pérez Riera, también pidió que estas unidades se reconozcan como una actividad comercial si el dueño no vive en el alojamiento. “No podemos permitir que los beneficios económicos potenciales de esta industria eclipsen la necesidad de mantener la integridad y el bienestar de nuestras zonas residenciales”, dijo a la comisión senatorial que trata temas de turismo, y preside la senadora Ada García Montes.
En su ponencia escrita, el presidente de ¡Planifiquemos!, David Carrasquillo, esbozó que se necesita “una discusión urgente que establezca un balance entre la presencia de los arrendamientos a corto plazo y el respeto por la cultura, identidad, acceso a la vivienda y permanencia de las comunidades”.
Urgen fiscalizar a los inversionistas extranjeros
Por su parte, la Coalición Puerto Rico No Se Vende —gestada por el Centro para la Democracia Popular, con una veintena de organizaciones locales y con base en Estados Unidos— envió, una carta a los congresistas estadounidenses en la que les piden fiscalizar a los inversionistas extranjeros y presionar al Servicio de Rentas Internas a investigar el esquema de evasión contributiva. “El gobierno federal también ha fracasado en su responsabilidad de proporcionar una supervisión y control adecuado contra las personas que puedan estar utilizando la Ley 22/60 para evadir impuestos federales y/o cometer fraude”, reza la misiva firmada por 40 organizaciones.
La campaña Not your Tax Haven —lanzada oficialmente en mayo del año pasado— ha sumado así alrededor de 18 organizaciones locales aliadas y a la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, en inglés), al menos, en los esfuerzos dirigidos al Congreso. El grupo había iniciado una solicitud de información al IRS, bajo la Ley federal FOIA, pero la entidad contestó, el mes pasado, que “aunque tiene más de 3,000 páginas de información relevante, ha decidido no revelar ninguna de ellas”, hicieron saber en la carta.
Las entidades firmantes hicieron la salvedad de que la presión ante el Congreso se limitaba a un interés de que evalúen la autoridad del IRS sobre los contribuyentes individuales estadounidenses y no a que intervengan en los asuntos legislativos de Puerto Rico.
“Tenemos un llamado a ser parte de iniciativas comprometidas con el derecho a permanecer desde una visión no colonial. Es una obligación que compartimos”, puntualizó la directora de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau, a preguntas de CLARIDAD.
Este reportaje salió publicado en la edición impresa de CLARIDAD del mes de abril 2024.
