Especial para CLARIDAD
Puerto Rico vive un asedio con la llegada desmedida de extranjeros que arriban al País, principalmente de los EE. UU., para beneficiarse de los incentivos que ofrece la ley 22 de 2012, hoy ley 60, que establece el Código de Incentivos de Puerto Rico. Esta legislación, a lo largo de los años, ha convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal para los inversionistas. Estos llegan a la Isla a aprovecharse de los amplios beneficios que les otorga esta reglamentación de la creación de Luis Fortuño y la legislatura PNP. La Ley 22 se aprobó sin requerir a los beneficiarios un mínimo de inversión ni de creación de empleos. No pagan contribuciones en EE. UU. al convertirse en “residentes bonafide” de la Isla por 183 días al año; sus corporaciones solo pagan un 4% de contribuciones y no pagan contribuciones por sus ganancias de capital. El Centro de Periodismo Investigativo, en una publicación del 24 de junio de 2021, revela que los inversionistas de la llamada ley 22, una vez se establecen aquí, no son adecuadamente fiscalizados por las agencias gubernamentales pertinentes y sus planillas tampoco son auditadas. El gobierno de Alejandro García Padilla estableció el requisito de que estos inversionistas adquirieran una vivienda y abrieran una cuenta bancaria, requisitos que fueron eliminados por el gobierno de Ricardo Roselló. En fin, los beneficiarios de la ley 22 están por la libre y han encontrado en los gobiernos del bipartidismo sus más grandes aliados. De hecho, los esfuerzos de la Senadora Maria de Lourdes Santiago del PIP, por derogar, particularmente, la ley 22 y del Senador Juan Zaragoza del PPD, por enmendarla, han encontrado fuerte oposición del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien ha indicado que estos cambios afectarían a sus constituyentes. Por su parte, el gobernador, Pedro Pierluisi, ha sido anfitrión de “inversionistas residentes” como Brook Pierce, quien ha adquirido importantes propiedades en el Viejo San Juan y Vieques y ha instaurado el Puerto Rico el mercado de la criptomoneda.
Gracias a su alto poder adquisitivo, estos inversionistas han comenzado a comprar propiedades a lo largo y ancho del país por sumas que superan el precio de los inmuebles en el mercado, haciendo inaccesible a los puertorriqueños la adquisición de una vivienda a un costo conforme su realidad económica. Como si ello fuera poco, estos empresarios, en complicidad con el gobierno de Puerto Rico, se instalan en espacios atesorados por los puertorriqueños como lo son nuestras costas y se han adueñado de terrenos de dominio público y de alto valor ecológico, privando al pueblo de su uso y disfrute. El Centro de Periodismo Investigativo, en un artículo del 27 de enero de 2020 divulga, que durante el primer año de la gobernación de Pedro Pierluisi y ya en el periodo de la pandemia, “…la concesión de permisos de construcción en las costas aumentó 29%, en comparación con el 2020, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos”.
Se han permitido otros desarrollos que ponen en riesgo nuestros recursos naturales, como los humedales, los mangles y los abastos de agua. Ejemplo evidente de este abuso es lo que está ocurriendo en lo que llaman la Costa de Oro, en el municipio de Dorado, donde estos mogules, auspiciados por desarrolladores insaciables del patio, como Federico Stubbe, se han apropiado de espacios que comprenden la zona marítimo terrestre. En el 2008, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila y mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), el Departamento de Recursos Naturales, entonces dirigido por Javier Vélez Arocho, el mismo que pretendió instalar en Arecibo la incineradora Energy Answers, les liberó del cumplimiento con leyes y reglamentos que prohíben la construcción en lo que se conoce como la zona de salvamento, que cubre 50 metros después de la zona marítimo terrestre zonas que de dominio público en las cuales están prohibidas las construcciones. No conforme con ello, se les concedió gratuitamente el acceso diario a 500 millones de galones de agua, muchos de los cuales van a rociar los campos de golf de su privilegiado entorno. Aun cuando el MOU constituye un acuerdo privado que no puede ir por encima de leyes y reglamentos, estos patrocinadores del capitalismo salvaje, amparados en el convenio que fue, a su vez, avalado por la Junta de Planificación, han desarrollado una comunidad élite, que se ha adueñado, impunemente, de espacios destinados para el disfrute del pueblo, salvaguardados por nuestra Constitución y las leyes del País, con el contubernio de las entidades gubernamentales que se supone protejan nuestros recursos naturales y los reserven para uso estrictamente público. Han llegado al extremo de impedir el paso por terrenos públicos, mediante la colocación de muros con inmensas rocas y el uso de guardias de seguridad quienes, tajantemente, prohíben a los ciudadanos que transiten por ellos.
Mas recientemente, una residente de Ocean Park en Santurce, impidió que un grupo de puertorriqueños practicaran el “volleyball” de playa aduciendo que ese espacio le pertenecía como dueña de una propiedad aledaña la que, según vociferó, tiene un valor de un millón de dólares. El video que demostraba la afrenta se convirtió en viral y, ni corto ni perezoso, el pueblo se convocó al lugar a disfrutar libremente del espacio que nos corresponde a todos. Otra convocatoria ha sido difundida para hacer lo propio en la costa de Dorado. Son esfuerzos que habrán de replicarse por todas las costas donde se atente contra el derecho del pueblo al disfrute de lo que le pertenece.
Los puertorriqueños hemos tolerado demasiado abuso. Es indispensable unirnos como pueblo consciente y enfrentar, decididamente, a los sectores que buscan aplastarnos y dejarnos sin País. Debemos dejarles saber que no lo habremos de permitir. Es momento de mostrar nuestra firme indignación y de rescatar nuestro patrimonio a toda costa. A estos depredadores hay que hacerles entender que Puerto Rico no se vende y que Puerto Rico es nuestro.
La autora es presidenta del Movimiento Unión Soberanista.
